Así fue el consejo extraordinario de seguridad de Petro

Crédito: Colprensa / EL NUEVO DÍA-
En la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lideró un consejo extraordinario de seguridad en el que se evaluó la situación de orden público y los hechos que rodearon el asesinato de cuatro menores indígenas.
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Según lo confirmado por el Gobierno en las últimas horas, se trató del asesinato de cuatro jóvenes menores de edad pertenecientes al pueblo indígena Murui en Putumayo y quienes estaban intentando huir del grupo armado debido a que habían sido reclutados forzosamente.

“El presidente Gustavo Petro encabezó Consejo de Seguridad extraordinario en Casa de Nariño para evaluar la situación de orden público en el país, frente a los hechos ocurridos en Putumayo tras el asesinato de 4 menores indígenas”, informó la Presidencia en su cuenta de Twitter.

Frente al consejo, el presidente aseguró en su red social: "Terminamos consejo de seguridad en el Palacio Nariño".

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Después de conocidos los hechos el la noche del sábado, el mandatario colombiano repudió los hechos y aseguró que el crimen en contra de los menores era atroz: “El asesinato de 4 menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario”.

 

Aunque en el consejo se iban a evaluar medidas de acción, hasta ahora desde el Gobierno no ha habido ningún pronunciamiento sobre las conclusiones del consejo.

En la reunión extraordinaria participaron el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Helder Giraldo; el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, entre otros altos mandos militares.

Al mismo tiempo, en Florencia, Caquetá, se llevó a cabo un consejo de seguridad con autoridades militares y de Policía en compañía de miembros del Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Gobernación del Caquetá, en donde se tomaron medidas.

Entre las principales conclusiones del consejo de seguridad se destacan la realización de una investigación por parte de la Fiscalía General la cual se hará teniendo en cuenta el respeto por las comunidades indígenas y sus costumbres.

“Frente al asesinato de cuatro menores de edad pertenecientes al pueblo Murui, en el departamento de Caquetá, la Fiscalía destinó un grupo especial de fiscales e investigadores para esclarecer lo ocurrido, y se encuentran prestos para avanzar dentro del esclarecimiento de estos hechos”, informó la Fiscalía.

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Igualmente, se determinó que habrá planes de inversión, esto en medio del reconocimiento que hace el Gobierno al reclutamiento infantil en la zona, y habrá un fortalecimiento de las guardias indígenas.

“Habrá una respuesta en temas de planes de vida, en los temas de la inversión que los territorios necesitan, el fortalecimiento a las guardias indígenas, porque reconocemos que este drama del reclutamiento forzado tiene que ser respondido con las entidades en su conjunto”, aseguró Lilia Solano, viceministra del diálogo social, la igualdad y los derechos humanos.

 

El pronunciamiento del ICBF

 

En esta reunión extraordinaria estuvieron presentes miembros del Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, y la Gobernación del Caquetá.

Entre las principales conclusiones del consejo de seguridad se destacan la realización de una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación la cual se hará teniendo en cuenta el respeto por las comunidades indígenas y sus costumbres. Igualmente, se determinó que habrá planes de inversión, esto en medio del reconocimiento que hace el Gobierno al reclutamiento infantil en la zona, y el fortalecimiento de las guardias indígenas.

”Habrá una respuesta en temas de planes de vida, en los temas de la inversión que los territorios necesitan, el fortalecimiento a las guardias indígenas, porque reconocemos que este drama del reclutamiento forzado tiene que ser respondido con las entidades en su conjunto”, aseguró Lilia Solano, viceministra del diálogo social, la igualdad y los derechos humanos.

Así mismo, la funcionaria aceptó que estas comunidades han sido abandonadas por parte del Estado durante muchos años, pero recalcó que existirá una respuesta articulada por parte del actual Gobierno entre varias entidades para responder por este flagelo del reclutamiento infantil.

”Se necesita que estos territorios y estas comunidades que han sido abandonadas a lo largo de la historia, en este momento sean justamente levantadas, que haya inversión, que haya esa presencia integral del estado. No va a haber uno o una sola respondiendo desarticuladamente, sino este trabajo conjunto que además está acompañado por las decisiones del presidente, serán articuladas”, expresó.

En ese sentido, Adriana Velázquez, subdirectora Icbf informó que va a haber una mesa técnica interdepartamental entre los departamentos del Caquetá, Putumayo, Amazona y Cauca en donde “vamos a abordar todas las estrategias de prevención de reclutamiento para este territorio, pero sobre todo vamos a afianzar la presencia social del estado para este municipio fortaleciendo acciones de prevención”.

Cabe resaltar que el hecho se conoció luego que las denuncias de las comunidades indígenas que están ubicadas en la zona, quienes afirmaron que los cuatro menores fueron reclutados el pasado 26 de marzo por la estructura armada Carolina Ramírez del Estado Mayor Central.

Luego de conocerse la masacre, el mismo presidente Gustavo Petro, calificó el hecho como “una bofetada a la paz que violenta las bases del derecho internacional Humanitario”.

Por su parte, Astrid Cáceres, se pronunció sobre lo ocurrido en Putumayo y manifestó que: “Los actores armados actuaron con sevicia con los cuatro niños. Nosotros tenemos información de la manera en la que ocurrió el hecho en Putumayo y también de la acción de la comunidad muestra cómo los actores armados actuaron con sevicia”.

Además, cabe mencionar que Indepaz informó que los cuatro menores de edad habían sido reclutados por el frente ‘Carolina Ramírez’, aliado del llamado ‘Estado Mayor Central’ de las disidencias Farc. Según la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), el 15 de mayo lograron escapar, pero luego fueron retenidos de nuevo por el grupo ilegal. Y fueron asesinados en la comunidad de Los Estrechos, en Solano, Caquetá, en plena frontera con el departamento de Amazonas.

 

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