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Con esta medida, se busca obtener detalles sobre las acciones emprendidas para mejorar estas instituciones, que son la primera puerta de acceso a la justicia familiar. El Ministerio de Justicia y del Derecho deberá comunicar las principales acciones realizadas en su rol de ente rector de las comisarías.
También se informó a las administraciones distritales y municipales que la Procuraduría les solicitó actuar frente a las problemáticas existentes en las comisarías durante los años 2021 y 2022. Ahora se solicita que indiquen las acciones concretas realizadas para fortalecer el servicio comisarial en sus zonas territoriales.
Por otro lado, el Ministerio Público requirió al jefe del Ministerio de Justicia y a los mandatarios locales que informen sobre el cumplimiento de la Ley 2126 de 2021, la cual determina las obligaciones relacionadas con las comisarías de familia.
La Procuraduría realiza un seguimiento constante de las comisarías de familia y destaca su importancia en la protección y garantía de los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar.
Finalmente, estas instituciones deben brindar una respuesta inmediata y efectiva para asegurar la seguridad y el bienestar de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Por esta razón, se enfatiza la necesidad de que cuenten con las condiciones adecuadas para prestar un servicio de calidad y dignidad.
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