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Recursos de póliza de Hidroituango se recibirían el 31 de enero

Crédito: Colprensa/ El Nuevo Día Iván Duque presidente.
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No es claro si el alcalde Quintero no sabía cómo operan los seguros de Hidroituango o si sabía y prefirió dedicarse a las arengas en contra de los contratistas y del proyecto.
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La multinacional de seguros Mapfre y Empresas Públicas de Medellín, EPM, firmaron un acuerdo para el pago de la póliza por las pérdidas presentadas en Hidroituango, que implican el pago de casi $3,9 billones por parte de la aseguradora, que corresponden al 90 % de los daños totales que se habían presentado en el proyecto hasta 2019, por un valor total de $4,3 billones.

Del pago del seguro, EPM ya recibió un anticipo de $1,36 billones, la totalidad de recursos después serán cancelados directamente a la empresa el próximo 31 de enero del año 2022 con el fin de recuperar el dinero que se había perdido en el proyecto y que le generará al país el 17 % de energía.

El desembolso se hace desde el tiempo en el que la póliza ampara la construcción, dicho seguro empezó a estar vigente desde el año 2011, los recursos deberán ser usados exclusivamente para trabajar en los daños de Hidroituango. Tanto EMP como Mapfre acordaron no demandarse mutuamente, los recursos de la aseguradora ingresan al Estado.

“La Contraloría no tiene competencia para dar ningún tipo de aval a estos acuerdos, pero destaca la voluntad de las partes en poner fin a las controversias suscitadas entre ellas, lo que permite concluir que las determinaciones adoptadas en el fallo con responsabilidad fiscal, en el caso particular de Hidroituango, cumplieron los propósitos definidos por el constituyente para la defensa, protección y resarcimiento del patrimonio público”, expresa el acuerdo firmado.

A la firma de la ‘Póliza de seguros todo riesgo’ asistió el presidente de la República, Iván Duque Márquez; el contralor general, Carlos Felipe Córdoba; el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y quienes firmaron el documento, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo y el CEO de Mapfre, Pablo Andrés Jackson.

“Haremos un seguimiento permanente, sin ahorrar recursos humanos ni tecnológicos, para que los recursos sean ejecutados cabalmente hasta que la obra entre en operación. Eso debe quedar perfectamente claro para EPM, para la Alcaldía de Medellín y para las demás autoridades que puedan tener injerencia en el manejo fiscal de dichos recursos”, aseguró el contralor Córdoba en declaraciones.

Para el gerente Carrillo de EPM, la firma es el reflejo de diversas entidades que reconocieron el siniestro, proyecto que desde el inicio costaba $10 billones y actualmente tiene un valor de $18,3 billones, aseguró que la entidad siempre se ha mantenido firme y terminarán el proyecto a tiempo.

Para el presidente Duque, este es un hecho que demuestra que el sistema de seguros sí opera en Colombia y está dando resultados, mensaje que también les daría confianza a los colombianos, a los proyectos y a los mercados de seguros.

“Aquí se trata de un siniestro y tiene que operar el mercado de seguros, por un lado, porque este es un proyecto necesario para Colombia, es estratégico, cualquier alteración en los cronogramas del proyecto representaría para el país una situación muy compleja. Desde el Gobierno Nacional si bien no somos gestores, ni contratistas ni inversores, sí creemos que para dar confianza en los proyectos los mercados de seguro deben operar de manera rápida cuando se presentan los siniestros”, aseguró el mandatario.

Finalmente, el contralor Córdoba aseguró en este caso no existen ni vencedores ni vencidos por el hecho de que el país es el que gana.

“Con la juridicidad de nuestras actuaciones quedan también libres de dudas las garantías y seguridad que deben respaldar la inversión nacional y también la internacional. Ya nadie podrá seguir hablando de sesgos políticos porque le estamos demostrando al país que este fallo proferido por los funcionarios de la Contraloría, ha tenido en todas sus etapas rigor técnico y jurídico”, expresó en la declaración.

 

¿Quién salvó el proyecto?

El pago de la póliza de Hidroituango, que llegó como un milagro para salvar el megaproyecto que producirá el 17% de la energía del país, no se produjo de un día para otro. Ni fue gracias al alcalde Daniel Quintero, si no, por momentos, a pesar de él.

Desde el 6 de septiembre, hace poco más de tres meses, cuando la Contraloría emitió el fallo de responsabilidad se definieron claramente dos bandos. De un lado, estaba el alcalde Quintero que alegaba en todas sus declaraciones que los contratistas tenían que pagar. Y de otro lado, estaba el presidente Iván Duque y el Gobernador Aníbal Gaviria, que insistían en que el pago lo tenía que hacer la aseguradora.

Quintero ratificaba así su interés de cambiar a los constructores y que se lo dejó claro a su primer gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, desde el primer día que llegó a la Alcaldía. Desde entonces le pidió tener un Plan b, que se hizo famoso en los pasillos del edificio inteligente.

Por su parte el presidente Iván Duque y el gobernador Aníbal Gaviria tenían claro que la prioridad era salvar a Hidroituango y por eso aseguraban que la salida era el pago de las pólizas. Entre otras cosas, porque el megaproyecto, según especialistas, tiene uno de los mejores seguros a todo riesgo del mercado.

El primer fallo de la Contraloría, del 6 de septiembre, le cayó al Alcalde como anillo al dedo. Quintero escaló su discurso en contra de los contratistas: los trató de corruptos, a pesar de que en ninguna parte del fallo se hablaba de corrupción. Pero a Quintero, con algo de oportunismo y mucho de reñir con la verdad, ese discurso le sirve para hacerse propaganda.

Las movidas que hizo el Alcalde parecían buscar, a toda costa, que los seguros no pagaran. Primero, cuando exigió entablar la demanda (que causó la renuncia de la Junta Directiva de EPM). En ese momento las aseguradoras tomaron nota: si hay demanda es porque no hay accidente y por ende no se tendría que pagar la póliza.

Y segundo, Quintero incluso llegó a utilizar argumentos falsos de que en el fallo de la Contraloría decía que los constructores le habían bajado la calidad “del hierro y de los pernos”. Lo cual no se encuentra en ninguna de las 2.100 páginas del fallo. Sin embargo, cada que Quintero lo repetía, las aseguradoras preguntaban si había sido o no un accidente, si les tocaba o no pagar la póliza.

Mientras tanto el Presidente y el Gobernador, a su manera, lanzaban su artillería. “Las aseguradoras deben responder por Hidroituango. No podemos estar jugando a la incertidumbre”, dijo enfático el Presidente el 15 de octubre. Y dos días antes, el Gobernador le ponía altavoz a su twitter diciendo: “La solución de Hidroituango es, ha sido y será, como debe ser: EL PAGO POR LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS”.

La evidencia que el alcalde Quintero no creía o no quería que pagaran las aseguradoras está precisamente en la réplica que le hizo a ese trino del Gobernador: “No señor Gobernador, no es un problema de seguros. Es un problema de dignidad. Que los responsables paguen por sus daños y no los ciudadanos. Seguros no cubren mil millones de dólares en daños (4 billones)”.

 

Reunión con Mapfre

Lo cierto es que para ese momento, ya casi un mes antes, el 15 de septiembre, había tenido lugar en Madrid una cumbre clave: el presidente Iván Duque y el presidente mundial de Mapfre, Antonio Huertas Mejía. En esa reunión Duque lo puso al tanto de la situación y dejaron abierto un canal de comunicación para seguir trabajando conjuntamente el caso. En la primera charla, el CEO de Mapfre le dio a entender que ellos iban a pagar todo lo que les correspondía. Así mismo, el ministro de Minas, Diego Mesa, quedó conectado con el presidente de Mapfre en América Latina y establecieron una comunicación tan fluida que en las últimas semanas las conversaciones eran prácticamente diarias.

Mientras tanto en EPM había una suerte de vacío de continuidad. Pues la directora de seguros corporativos, Tatiana Isaza, que durante casi 10 años había manejado los seguros de EPM y tenía una excelente relación con las aseguradoras —de hecho era la que había logrado que pagaran los primeros 350 millones de dólares— había renunciado a su cargo y este, justo en este momento crítico, se mantuvo vacío por varios meses.

A eso se suma que el alcalde Quintero estaba empeñado en la licitación o en conseguir otros contratistas y lo del seguro no parecía ser su prioridad. Tanto así que la semana pasada, el 2 de diciembre, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, anunció que iba a publicar los pliegos para la licitación antes de terminar la semana.

Dos días después, el 4 de diciembre, el CEO de Mapfre se comprometió con el Presidente en que iba a pagar —algo que ya habían conversado el ministro Mesa y el CEO de América Latina—. La gran pregunta es si Jorge Carrillo, el gerente de EPM, ya estaba enterado de la noticia el 2 de diciembre. Porque si no sabía es significativo; y si sabía y lo que hizo fue anunciar los pliegos de licitación, deja un mal sabor sobre si la prioridad de ellos es el proyecto Hidroituango o entregar un nuevo contrato. No estamos hablando de algo menor: 4,1 billones de pesos es un monto muy apetitoso.

Lo que Carrillo prometió ese 2 de diciembre, la publicación de los pliegos antes de terminar la semana, finalmente no se dio.

A todas estas, un equipo de EPM tenía una reunión prevista con Mapfre para finales de noviembre en Madrid para continuar con el proceso jurídico de ajuste que es el proceso que se sigue para la reclamación de cualquier seguro para poder determinar cuánto se perdió por el accidente y cuánto debe pagar la aseguradora. Como el fallo de segunda instancia de la Contraloría se conoció el 26 de noviembre, el equipo de EPM pensó que tal vez no los iban a recibir pero pasó todo lo contrario: los recibieron precisamente para que les explicaran la decisión del ente de control.

En ese momento, al entender el impacto que el fallo de la Contraloría podía tener para Mapfre —la podía inhabilitar en todos sus contratos— y con el compromiso ya adquirido con el Presidente Duque decidieron avisarle el pago completo de la póliza.

Según lo publicado por EPM en información relevante de la Superfinanciera, más lo que está estipulado en el preacuerdo que debe convertirse en un acuerdo definitivo entre hoy y los primeros días de la semana entrante, se desembolsarían 633,5 millones de dólares, que se suman a los 350 millones de dólares que ya pagaron para un total de 983,5 millones de dólares. Así, se llega a 1.083 millones de dólares (que serían los 4,3 billones de pesos con el cambio a 3.970 pesos por dólar); a esto se sumaría el pago de otras pólizas, conocidas como de directores y oficiales, que deben pagar otras aseguradoras.

Y la fecha mágica: a más tardar el 31 de enero de 2022 se haría efectivo el pago. Momento en el cual quedaría sin efecto el fallo de la Contraloría

 

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Bogotá Colprensa

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