Además, la Superintendencia formuló pliego de cargos contra veinte personas naturales vinculadas con los agentes investigados; esto con el fin de determinar si habrían permitido la colaboración, facilitación, autorización o ejecución de las conductas investigadas. 

La investigación se inició después de que esta Superintendencia recibiera una queja revelada por la Asociación Colombiana de Fútbol, representada por el abogado Jairo Rubio Escobar. 

De acuerdo con el caso, 10 de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros clubes con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021. 

Asimismo, esta Superintendencia identificó comunicaciones emitidas por los clubes investigados, en las que se manifiesta su aprobación frente a un listado de jugadores vetados con los que se restringe la negociación de sus derechos deportivos, en lo que constituiría un acuerdo anticompetitivo entre los clubes por la adquisición de estos derechos. 

Jugadores vetados 

Por su parte, Dimayor en su rol de ente rector de los clubes de fútbol profesional colombiano, habría tenido conocimiento de la existencia y contenido de listados de jugadores vetados. A pesar de ello y de contar con los mecanismos jurídicos para sancionar estas conductas ante su Comisión Disciplinaria, mantuvo una posición pasiva permitiendo sanciones de facto sobre los jugadores que pretendieron ejercer sus derechos ante los clubes de fútbol investigados. 

Entre los equipos investigados se encuentran el Cúcuta Deportivo, en liquidación oficial, así como el Unión Magdalena, Envigado Fútbol, Talento Dorado, Boyacá Chicó, Deportivo Pasto, Tigres Fútbol, Deportes Tolima, Once Caldas, Deportes Quindío, La Equidad, Atlético Fútbol Club, Fortaleza, Leones, Real Santander, Alianza Petrolera. 

En este caso la Superintendencia podrá imponer multas hasta de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción al régimen de libre competencia, y de hasta dos mil salarios mínimos legales por cada infracción a quienes colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas anticompetitivas. 

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