Justo Y Bueno tendría una nueva oportunidad de seguir adelante y salvarse

Crédito: Vanguardia / EL NUEVO DÍAx
La Superintendencia de Sociedades deja abierta la posibilidad de que en los próximos 30 días se presenten nuevas ofertas para salvar la empresa.
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Aunque el delegado de la Superintendencia de Sociedades Santiago Londoño ordenó este jueves la liquidación judicial de Mercadería S.A.S. Justo & Bueno, al tiempo dejando como único mecanismo de reorganización el contemplado en el artículo 6 de la Ley 560 de 2020. Este deja abierta la posibilidad de que en los próximos 30 días se presenten nuevas ofertas para salvar la empresa, hecho sin precedentes dentro de este tipo de procesos en Colombia.

De esta manera, se da una nueva oportunidad al rescate de la empresa, así como al salvamento de empleos, micro, pequeñas y medianas empresas que hacen parte de la cadena.

Michel Olmi, fundador de la compañía, lamentó de nuevo la situación de la empresa, y mencionó que “la decisión del juez es una luz de esperanza para que Justo & Bueno continúe aportando a tantas familias y al país”.

Frente a la situación generada con el anuncio de los nuevos dueños el afirmó: “Nos duele que JF Capital International no haya logrado cumplir con el plazo del 10 de mayo para la inyección de capital dirigida al pago de deudas y fortalecimiento de la operación. Este acuerdo se cerró a finales de marzo y siempre confiamos plenamente en la buena fe del comprador y en que lograría cumplir los compromisos”.

Los momentos difíciles causados por la pandemia del COVID-19 justo antes de alcanzar el punto de equilibrio y el estallido social de 2021 en el país, produjeron una crisis de liquidez que afectó la operación. La empresa agotó todas las posibilidades luchando por el salvamento como la mejor salida a la situación.

Desde el inicio de la crisis se informó de la situación de la empresa con completa transparencia a colaboradores, proveedores, propietarios de locales y centros de distribución, así como a los aliados y a las autoridades.

La empresa indicó que también se anunció la intención de capitalización de fondos y compra por parte de un grupo internacional con el propósito de salvar la empresa, los empleos y todas las empresas con las que se hizo equipo durante este tiempo.

Finalmente, de manera responsable y transparente, se solicitó la apertura del proceso de liquidación dado que la última opción de salvamento no se cumplió en el plazo pactado con el nuevo inversor.

“Lamentamos profundamente esta situación tan dolorosa para todos. Nuestra obsesión durante los últimos 15 meses fue mantener a Justo & Bueno a flote, proteger los empleos, atraer inversión y buscar alternativas de salvamento que beneficiaran a todos los que han sido parte esencial de este sueño. Confiamos hasta el último momento en las distintas alternativas de continuidad de la empresa y la esperanza de poder cumplir con nuestros compromisos.

La Superintendencia de Sociedades afirmó que reanudó la audiencia pública de la sociedad Mercadería S.A.S. (Justo & Bueno), durante la cual el juez enfatizo que es de su potestad obtener la información que requiera para adoptar las medidas pertinentes, dirigir y lograr que se cumpla el fin del proceso de reorganización, en especial, la preservación de empresas viables.

De igual manera, cuestionó el logro de esta finalidad ante el incumplimiento grave de los gastos de administración que, a 30 de abril de 2022, ascendían a más de $135 mil millones, la operación de solo 603 tiendas de las 1.118 habilitadas y la crítica disminución de ingresos, situación que, afecta la operación de la compañía, genera duda sobre la posibilidad de atender las obligaciones corrientes, así como el debido cumplimiento de las acreencias del proceso, hechos que hace manifiesto la desprotección de los trabajadores y otros actores en su mínimo vital.

El representante legal y el apoderado de la sociedad concursada, indagados sobre el avance en el pago de gastos de administración y la eventual negociación anunciada, corroboraron lo informado al juez en el memorial de 10 de mayo de 2022, respecto del no ingreso de recursos, ni el pago de gastos de administración.

El juez fue verificado de que no fue aportada ninguna información sobre un plan de inversión o de un mecanismo para superar la situación de crisis actual.

Según la Súper, este, hecho, que amenaza extenderse en el tiempo y se refleja en los memoriales de queja por no pago suscritos por 474 arrendatarios, 18 proveedores, 112 trabajadores, 25 empresas de servicios públicos, además de 35 acciones de tutela que pretenden la protección de estos derechos, evidenció que el proceso de reorganización no está cumpliendo su fin y que no se está ejecutando la operación de la compañía.

No obstante, aclaró la Supersociedades en un comunicado, desde el 18 de enero de 2022 con el inicio del proceso de reorganización, se buscaron oportunidades para crear soluciones al incumplimiento de la sociedad, y propugnar por la protección del empleo y la empresa, no se logró respuesta positiva.

Consideró el juez, que estos hechos hacen más gravosa la situación para los acreedores, y le obliga a intermediar en procura de buscar el menor daño, así como la salvaguarda de todos los sujetos, en especial los de mayor protección constitucional.

Lo anterior, redundó en pruebas suficientes para decretar la terminación del proceso de reorganización y ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial de los bienes de la sociedad, designando como liquidador, al doctor Dario Laguado Monslave.

El juez advirtió que se suspenden los efectos de la liquidación judicial, salvo el nombramiento del liquidador, la cesación de funciones de órganos sociales, la separación de los administradores, y el decreto de medidas cautelares, hasta tanto se resuelva la aprobación o no de tal operación.

Credito
Vanguardia

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