¿Las empresas pagarán más con la Tributaria de Petro? Esto dicen los expertos

Crédito: Marco Valencia / VANGUARDIA / EL NUEVO DÍA Entre las críticas a la tributaria está que perjudicaría la generación de empleo por la forma en que se diseñaron los impuestos para las empresas.
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A pesar de que se propone eliminar tratamientos preferenciales, una recomendación de los expertos es que la Tributaria reduzca la tarifa del 35% de renta para personas jurídicas.
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Para seguir explicando punto por punto la Tributaria del Gobierno Petro, ahora es el turno para el impuesto de renta para personas jurídicas y/o empresas. El proyecto de ley pretende recaudar $5,5 billones desde este tipo de personas, en especial desde la eliminación de exenciones y tratamientos preferenciales y la deducción de las regalías petroleras del impuesto a la renta. 

Para conocer las propuestas, estas son las principales consideraciones de la reforma: 

*Mantener la tarifa del 35% sobre el impuesto de renta. 

*Limitar los beneficios tributarios al 3% de la renta líquida. 

*Condicionar los beneficios tributarios al desempeño exportador de las zonas francas. 

*Eliminar el impuesto de industria y comercio como descuento al impuesto de renta y convertirlo en una deducción. 

*Eliminación de beneficios tributarios para actividades económicas privilegiadas. 

*Una sobretasa permanente al impuesto de renta de 3 puntos porcentuales para el sector financiero. 

*Eliminar la deducción de las regalías petroleras y mineras del impuesto de renta.

Críticas y recomendaciones

Bajo este panorama, se empezaron a conocer las primeras críticas sobre el articulado que, según los analistas, frenaría la inversión extranjera, aumentaría el porcentaje total de tributación de las empresas y desincentivaría el crecimiento económico.

De los principales reparos vienen por parte del exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, quien señaló que el aumento del impuesto a los dividendos sin reducir los impuestos a las empresas, que pagan esos dividendos, les impone una carga tributaria desproporcionada que va a reducir su capacidad de operar productivamente, de competir y de invertir. “Va en contra de promover la producción”, asegura.

A las recomendaciones se sumó el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. Oliver Pardo, su director, consideró que es necesario reducir la tarifa de renta del 35%, que es la base sobre la que tributan las empresas, es decir, sobre el 35% de sus utilidades.

Pardo explicó que dependiendo de los ingresos y operaciones de las empresas la tarifa de los dividendos va entre el 18% a 39%; si esa compañía es más rica y suma un patrimonio de más de $3 mil millones, deberá pagar sobre una tarifa del 0,5%; y si pasa los $5 mil millones, será del 1%.

El Director del Observatorio indicó que si esos dividendos vienen de la empresa, ya pagó el 35% de renta, más el patrimonio y en algunos casos se incluye renta de personas naturales, la tarifa de tributación sube hasta el 70%. “Ese porcentaje afecta principalmente las inversiones de las empresas”.

Hommes añadió tres recomendaciones: 1. Buscar una fórmula para compensar el aumento del impuesto a los dividendos, de tal manera que no se afecte la competitividad de las empresas, ni desestimule la inversión empresarial.

2. Incluir un mayor porcentaje de la población para que contribuyan el esfuerzo tributario con impuesto de renta a partir de $6 millones de ingresos e impuesto de patrimonio superior a $2.000 millones en exceso del valor de su residencia. 

3. No pretender que los impuestos al gas y al petróleo van a financiar gastos permanentes. 

Novedades

La docente tributarista Rosa Jazmín Cuéllar, integrante del Consultorio Tributario del Politécnico Grancolombiano, enfatizó que, aunque la tasa impositiva de las empresas no subirá, sí se eliminarán los beneficios asimétricos y el tope máximo a tarifa de beneficios tributarios para empresas. 

La académica analizó este cambio así: “Las medidas contenidas en la propuesta de la reforma le apuntan a reducir los beneficios tributarios, para los segmentos de mayores ingresos y redistribuir en favor de los más vulnerables, para mejorar la equidad horizontal del sistema. Los beneficios tributarios siguen operando, pero se limitan, para evitar el uso excesivo de beneficios tributarios en cabeza de una sola persona natural o jurídica”.

Agregó que se propone mejorar la eficiencia de la asignación de recursos, priorizando estímulos focalizados a sectores estratégicos, maximizando la rentabilidad de los factores de producción.

Otra de las novedades de la propuesta es la creación de un tope del 3% de la renta líquida para el monto total de la suma de renta exenta, deducciones e ingresos no constitutivos de renta. El Director del Observatorio Fiscal de la Javeriana puntualizó que esta medida contrarresta los beneficios tributarios que son difíciles de controlar. “Este tope no aplica para sectores estratégicos como la educación, la salud y el medioambiente”.

Según Pardo, en el proyecto de ley se eliminan las exenciones a sectores específicos como la economía naranja, la hotelería, el turismo, cultura y cine, centros de asistencia para el adulto mayor, megainversiones, entre otros. 

“Si bien estos tratamientos preferenciales han generado inversiones a cada sector específico, también han generado distorsiones en el esquema tributario, incentivando a que algunas empresas cambien sus actividades comerciales principales como mecanismo de elusión. Estos tratamientos preferenciales van en contra del principio de equidad, puesto que los demás sectores cuentan con una carga tributaria mayor”.

Recordó que la eliminación de estos tratamientos preferenciales sigue las recomendaciones de la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios.

Pardo concluyó que, bajo la reforma, las reglas de juego se hacen más equitativas para todas las empresas. Sin embargo, algunas de estas se siguen enfrentando a una alta carga tributaria generalizada. 

“En este orden, todavía hay un espacio para aumentar la participación de las personas naturales en el recaudo nacional y disminuir la carga de las personas jurídicas, como sucede en los demás países de la Ocde. De esta forma, al disminuir la carga tributaria de las empresas, se desincentivaría la informalidad, la evasión o el cabildeo para obtener privilegios tributarios”, aseguró el experto.

Le quedó faltando a la Tributaria

 

Gustavo Silva, socio de Silva y Hoyos Abogados, explicó que el punto fundamental es el análisis de la tarifa consolidada del impuesto, básicamente, porque se mantiene la tarifa del 35% a nivel corporativo y societario, pero se plantea también incrementar la tarifa del impuesto sobre los dividendos, es decir, unificándola con la tarifa progresiva y general aplicable a las personas naturales. 

Para lo anterior, recordó que esa tarifa general establece unos rangos progresivos, es decir, las personas que más ganan van subiendo en unos rangos tarifarios, que van del 0% al 39%. “Eso lo que quiere decir es que en esa tarifa progresiva del artículo 241 del Estatuto Tributario, seguramente, cuando estemos hablando de utilidades de empresas con una actividad económica media y alta, esa tarifa nominal, que es del 35%, subirá al 39% a nivel del dividendo”.

Silva aseguró que esos cambios lo que hacen es que cuando se analiza la tarifa consolidada, pues la variación va a dar lugar a unos puntos que son confiscatorios. “Desde el punto de vista constitucional, una tasa efectiva de esta índole es confiscatoria y totalmente desmotivadora en lo que tiene que ver con la creación de empresas o personas jurídicas”.

El abogado destacó que, si bien a raíz de las recomendaciones de la Ocde, en Colombia hay un hueco en el recaudo de personas naturales y que, por lo tanto, se tiene que avanzar hacia el incremento de ese recaudo, “entonces la idea era que el aumento en el impuesto de los dividendos se diera de manera relacionada con una reducción material del impuesto a las personas jurídicas, esa es la recomendación que surgió, tanto del informe de la Comisión de Expertos, como en los lineamientos de la Ocde”.

Silva sugirió que, si se baja la tarifa a nivel societario al 20%, puede subir la de las personas naturales accionistas al 25% o al 20%, para que quede una tarifa consolidada razonable. 

“El error técnico que está cometiendo el proyecto de ley es pensar que se puede subir la tarifa de dividendos a esos niveles, manteniendo la tarifa alta que se dejó en la pasada reforma del 35. Lo ideal es reducir la tarifa de las sociedades para subir la de las personas naturales. Esa idea ha estado respaldada en el razonamiento corporativo porque las empresas son el principal motor de generación de riqueza y empleo”.

El abogado insistió en que lo correcto es que las empresas paguen pocos impuestos para que sean más productivas y competitivas, y generen empleo, y paguen más impuestos las personas naturales. 

“En cuanto al impuesto al patrimonio, sí es algo que no es aplicable porque el diseño de este impuesto mantiene el anterior, y es únicamente gravar a las personas naturales, precisamente para no generar esa doble tributación, porque si se tiene a la persona jurídica gravándola en un 35% en renta y adicionalmente poniéndole un impuesto al patrimonio sobre esa riqueza que está generando y acumulando, pues hay una doble imposición, y es inconveniente económicamente”, explicó Silva.

Para el experto, al proyecto de ley le quedó faltando, entonces, reducir la tarifa del 35%, porque si se sube la tarifa de dividendos, se debería bajar la de renta de personas jurídicas. 

“También se ha venido discutiendo la necesidad de crear también a nivel de las personas jurídicas unos rangos tarifarios a semejanza de lo que ocurre con personas naturales, es decir, que las tarifas de las personas jurídicas también vayan creciendo o disminuyendo, dependiendo de la utilidad que se genere. En este momento hay una tarifa estática el 35%, entonces una empresa que en un año haya obtenido una utilidad fiscal de $50 millones va a pagar el mismo 35% que una compañía que haya obtenido una utilidad fiscal de $1.000 millones”, explicó el experto tributarista.

El debate sobre la reforma tributaria apenas comienza y es la oportunidad para que todos participen activamente en la discusión sobre los impuestos e impactos.

La cifra

 

$5,5 billones busca recaudar el Gobierno con impuestos a personas jurídicas.

 

Credito
MIGUEL ORLANDO ALGUERO

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