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La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, aseguró esta semana que el déficit de su cartera ronda los $5,5 billones y que se proyecta para fin de año en $5,7 billones. “El país está en un déficit fiscal y ese es el punto de partida frente a cualquier análisis presupuestal”, explicó.
Estas declaraciones se dieron luego del debate público por el posible recorte en el presupuesto del sistema de salud. Por ejemplo, en una sesión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la ministra dijo que solo destinaría $2,2 billones al pago de los planes contributivo y subsidiado de salud porque “no confía en las cuentas de las EPS”.
Corcho planteó en el Congreso una reducción de la asignación de recursos adicionales para 2023 de $8,1 billones a $3,8 billones. A pesar de esta intención de recorte, el sector salud recibió una adición de $1,3 billones, para un total de $48,63 billones que se destinarán al funcionamiento, deuda e inversión del Ministerio.
Sobre este presupuesto, Corcho afirmó que “el presupuesto proyectado es el más alto de la historia, no es verdad que se haya desfinanciado”. Pero planteó dos escenarios: “En el primer escenario, con un incremento de UPC de 14,97% se aumentaría el presupuesto en alrededor de $86 billones, 8% del PIB. En el segundo escenario, con los ajustes, se aumenta el presupuesto en $82 billones”, un poco más del disponible para 2022 de $74 billones.
Afirmó que no está apretando el presupuesto de las EPS y que la idea no es acabarlas, al tiempo que recordó que “el superintendente de Salud del Gobierno Duque dejó en proceso de liquidación de 14 EPS”.
Sobre esto, el supersalud, Ulahy Beltrán López, dijo que 11 entidades promotoras de la salud se encuentran en intervención a septiembre de 2022, cuatro han sido liquidadas y una está con liquidación voluntaria. “Yo no llegué a acabar con las EPS, no llegué a liquidarlas”, dijo Beltrán.
Entre las causas que motivaron la intervención forzosa para la liquidación están: la insuficiencia en la red de servicios, desviación de los indicadores de gestión de riesgo en salud, incremento de las peticiones, quejas y reclamos, deficiencias en la caracterización de la población y la alta desatención de la prevención del riesgo, en especial a las madres gestantes y al adulto mayor.
Frente a la polémica por el recorte del presupuesto, expertos han manifestado que hay que esperar lo que apruebe el Congreso y conocer de fondo hacia qué apunta el Ministerio. Sin embargo, no desconocen que se presentarán dificultades a la hora de prestar los servicios médicos.
Felipe Jaramillo, gerente de la EPS Salud Mía, manifiesta que existe un borrador que se ha conocido sobre el proyecto de reforma estructural, que si bien no es el documento definitivo, sí permite entender conceptualmente cual es el rumbo que se le quiere dar al sector.
“Sabemos que hay unos lineamientos que se han hecho públicos en términos de fortalecer la atención primaria de la población y virar hacia un modelo de prevención que aborde determinantes sociales. Desde esa óptica suena muy interesante, pero es necesario esperar a tener el texto final para analizarlo, entenderlo y ojalá poder aportar con propuestas de fortalecimiento”.
Agrega Jaramillo que, de acuerdo con el último borrador, “es claro que no existe un rol para las EPS, por lo tanto, vemos prudente esperar el texto que se presente en el Congreso. Nosotros siempre estaremos abiertos a contribuir en la construcción y las mejoras necesarias para el sistema”.
Sobre las cifras del presupuesto, el gerente de la EPS señala que están analizando el tema, pero “lo que se ha comunicado es que corresponde al incremento proyectado a la UPC del siguiente año, que difiere del incremento proyectado inicialmente por el gobierno Duque, pero que al final de cuentas sí presenta un incremento cercano a la inflación prevista, inclusive, con la problemática del déficit fiscal que presenta el gobierno”.
Frente al “No Plan Básico de Salud” se ha comunicado por parte del Ministerio que “tendremos una revisión pormenorizada de los gastos, que por cierto no es inusual, ya que en los monitoreos que hace permanentemente de este tema, siempre analiza junto con las EPS los ajustes y uso adecuado de los recursos y tecnologías que son financiadas con ese rubro”, explica Jaramillo.
Frente al recorte propuesto, Paul Rodríguez, profesor de la Universidad del Rosario, considera que “a simple vista es muy alto, pero lo que hay que analizar es lo que realmente representaría para las EPS”.
De acuerdo con Rodríguez, el trabajo con los presupuestos siempre ha sido bastante estándar, pues “llevamos décadas construyendo ese indicador por parte del Ministerio y es realmente sorprendente el anuncio de decir que se necesita menos dinero para esas transferencias, lo cual, a toda luz técnica es probablemente ilógico”.
Agrega que “si termina reduciéndose ese valor aún menos... teniendo en cuenta los precios que tendremos el próximo año, eso implica que el sistema va a estar lleno de tutelas, va a haber mucha mayor negación de servicios, se va a acentuar la quiebra de las aseguradoras y eso va a implicar muertes de personas si no reciben la atención temprana”.
¿Qué dicen las EPS?
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) alertó sobre el desfinanciamiento del sector salud para 2023, lo que representa un riesgo para la salud de los colombianos.
Por eso, el gremio prendió las alarmas en esos asuntos: “Dejar sin financiación los rubros de aseguramiento dentro del Presupuesto General supone un problema estructural que involucra a todos los actores del sistema: hospitales públicos y privados, laboratorios, farmacéuticas, médicos especialistas, trabajadores y aseguradores. El efecto en cadena afecta sobre todo a los usuarios”.
Según las estimaciones de Acemi, se requieren al menos $76 billones para financiar los servicios cubiertos en los regímenes subsidiado y contributivo, y $4,88 billones para financiar las tecnologías no cubiertas en el plan de beneficios. “El sistema arrastra un déficit de recursos y con la propuesta de la Ministra se agudiza y pone en riesgo la garantía del derecho a la salud.
“Reducir el flujo de recursos en el sistema agravaría los problemas de cartera y afectaría a los prestadores, al personal médico y al usuario”, advirtió Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi.
En ese mismo sentido, Gestarsalud, gremio que representa a 11 EPS del régimen subsidiado, que cubre la salud de 20 millones de personas, manifestó su preocupación por los posibles ajustes al mecanismo de presupuestos máximos que se encuentran pendientes y la disminución de los recursos para el aseguramiento.
“Estas dos decisiones del Ministerio, que fueron planteadas en la Comisión Séptima del Congreso, impactarían seriamente la garantía del derecho de la salud, especialmente para los más vulnerables y expondrían a las EPS a un mayor riesgo desequilibrio financiero”, señaló el gremio.
Fotoilustración Vanguardia / EL NUEVO DÍA
Pobreza monetaria aumentaría: Anif
El Centro de Estudios Económicos de la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) también alertó que un posible incremento del gasto de bolsillo en salud tendría efectos sobre la pobreza monetaria a nivel nacional, que podría aumentar en 1.5 puntos porcentuales adicionales. Esto debido a que el aumento del gasto en salud se destina a asegurar la prestación a las poblaciones más vulnerables. “La cobertura del sistema es universal y el acceso a servicios médicos viene en aumento desde 1990. Hoy el 99% de la población está afiliada al sistema. Hemos logrado cerrar la brecha en cobertura, garantizando acceso a la salud sin importar su nivel de ingreso”, precisó Mauricio Santamaría, presidente de Anif.
“La discusión sobre el presupuesto de la salud, en particular del aseguramiento, es central para el desarrollo de una política social progresiva. El balance entre las fuentes de ingreso y los usos de esos recursos es lo que permite, día a día, proveer lo necesario para atender las necesidades de salud. Ese es el punto central de la discusión de sostenibilidad del sistema de salud colombiano”, dijo Santamaría.
Por eso, insistió en la importancia de hablar del cierre financiero del sistema para 2022, que aún no se ha logrado solucionar, pues hay un faltante de unos $2 billones: “Vale la pena preguntar por qué el Ministerio no ha tenido en cuenta factores relacionados con el incremento en las frecuencias de uso en un escenario pospandemia, entre otros aspectos técnicos, para justificar el incremento de la UPC”.
Santamaría sostuvo que no asegurar la suficiencia de esa prima pondría en riesgo la atención de salud de millones de personas, en particular los más vulnerables, pues no se podría soportar un flujo oportuno de los recursos para satisfacer la demanda por servicios de salud.
En un escenario en el que se duplica el gasto de bolsillo por la falta de recursos para el aseguramiento, Anif calcula que la pobreza monetaria a nivel nacional podría aumentar en 1,5 puntos adicionales y la indigencia, un total de 1,1 puntos. “No se pueden desconocer ni echar para atrás los avances en cobertura, acceso, calidad y equidad que ha logrado el sistema en los últimos 30 años”, dijo Santamaría.
Reconoció, eso sí, que “hay cosas por mejorar”. Entre eso está implementar medidas de eficiencia en el gasto, con nuevos mecanismos de contratación, mejorar el manejo del gasto hospitalario y el fortalecimiento de la medicina preventiva y el autocuidado.
“Esos esfuerzos deben ir de la mano de una adecuada promoción de la salud y prevención de la enfermedad, (...) pero deben darse en línea con la política pública de aseguramiento universal”, agregó.
¿Se puede concebir un sistema de salud sin EPS?
José Norman Salazar, director del Centro Colombiano de Derecho Médico, afirma sobre la opción eliminar a las EPS: “Sería un caos llegar a dicha opción, lo que sí se puede hacer, es modificar el rol que cumplen en la gestión del aseguramiento, sus responsabilidades y su papel en gestionar redes de servicios”.
Sobre la posible desfinanciación del sistema por el recorte en el Presupuesto, aclara que ya el sistema de salud está desfinanciado, porque hay una alta deuda del Estado con las EPS, que ni la Ley de Punto Final pudo modificar, y hay una alta cartera de las IPS que se torna impagable.
“Lo que veo es una redistribución de rubros para financiar más las actividades de promoción y prevención. El perjudicado será el flujo de recursos girado a las EPS para atender a su población y esto ahondará el déficit. La situación es delicada y debe ser manejada con ‘pinzas’ para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad”, asegura Salazar.
Frente a las declaraciones de la ministra de Salud, donde dice que ya que no confía en las cuentas de las EPS, el experto explica que ella no puede llegar al extremo de considerar que, como unas pocas EPS han hecho mal su función, extrapole las consecuencias a las demás.
“La mayoría de las EPS están deficitarias por cuanto la Unidad de Pago por Capitación (UPC), recortar dicha UPC o no reconocer su incremento anual podría ahondar el desfinanciamiento del Sistema de Salud”. Hay que recordar que la UPC es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social.
Ratifica Salazar que en este momento es imposible el funcionamiento del sistema sin las EPS, porque la mayoría de ellas son privadas: “Pensaría que lo ideal es que el Estado entre de nuevo con un jugador grande del mercado a regular el servicio y quede un sistema mixto, esto sería el salvavidas para el sistema público de hospitales. Además, permitiría recuperar el mercado y esos usuarios que han quedado huérfanos por las continuas liquidaciones de EPS”.
Piden crear mesa técnica
La Cámara de Aseguramiento en Salud de la Andi, gremio de representación y vocería de EPS y administradoras de planes voluntarios de salud que aglutinan a 28 millones de colombianos, solicitó la conformación de una mesa de trabajo con Minsalud para clarificar cifras y avanzar en la mejora de la atención a los usuarios.
“Al margen de las inferencias planteadas por analistas y partidos políticos (...) no podemos desconocer que las advertencias sistemáticas contra el gremio del aseguramiento en salud han generado un clima de zozobra que se irradia entre todos los agentes del sistema y ha llegado hasta los usuarios, que todos los actores tenemos el deber de proteger”, indicó la Cámara en un comunicado.
El gremio consideró pertinente que el Ministerio de Salud reevalúe la conveniencia de no incrementar la UPC en 14%, sino en 12%. Aunque el aumento corrige la inflación, “es necesario tener en cuenta varios aspectos que han incrementado los costos de la atención”.
“Consideramos que el sector necesita claridad con respecto a cómo los $1,3 billones solicitados para la implementación del modelo preventivo y predictivo compensan la reducción de la adición en $1,9 billones para aseguramiento. Compete a todos los actores del sistema construir cálculos transparentes y que apunten a mejorar las condiciones de salud de la población”, agregó la Andi.
DATO
El Consejo Gremial Nacional asegura que “no es recomendable experimentar en materia de salud pública ni apostar a modelos que no han sido probados en otras latitudes”.
DATO
Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) recibirán alrededor de $1,88 billones menos de lo que había dejado estipulado el anterior Gobierno.
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