La implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) en Ibagué, volvió a tomar relevancia en la agenda local con el paro de dos días que hicieron los transportadores de vehículos de servicio público colectivo tipo buseta, quienes se mostraron inconformes con la ejecución que hace la Alcaldía de Ibagué y una aparente tercerización de la operación y el recaudo en la que no estarían involucrados los propietarios de los vehículos.

En agosto, el alcalde Andrés Hurtado le habría dado un espaldarazo a los transportistas locales, anunciando que la operación del sistema podría quedarse en sus manos, esto si se presentaba una propuesta acorde a la normatividad; sin embargo, el inconformismo de algunos representantes del gremio derivó en el bloqueo de vías y en todo un caos para la ciudad ante la nula movilidad. De allí que se cuestionara cuál era el avance real del proyecto, luego de que en diciembre del 2020 se aprobara el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) para el financiamiento del Setp, con una inversión de $466.573 millones. 

Una presunta falta de inclusión de representantes del gremio transportador desató un colapso en la movilidad de Ibagué. 

César Fabián Yáñez, gerente del Setp, explicó lo que se ha hecho en estos años; primero resaltó que la aprobación del Conpes que se dio cerrando el primer año de Gobierno, en el 2021 se avanzó en la creación de la Junta Directiva; sin embargo, esta tardó casi todo el año y se conformó hasta noviembre; de forma posterior en marzo del 2022 se hizo el nombramiento y ratificación del gerente del ente gestor, para acto seguido iniciar con lo exigido en el cronograma del Setp. 

El gerente indicó que no van a “paso lento” en la implementación del sistema y que por el contrario, el poner a andar procesos contractuales que combinan estudios y ejecución de obras, les ha permitido avanzar en desarrollo al ítem relacionado con la infraestructura.

“A quienes manifiestan que vamos a paso lento, les quiero decir que antes vamos un paso adelante. La razón es sencilla, dentro del cronograma y si lo miran bien, lo primero que se debe hacer son los estudios y diseños para el tema de rehabilitación vial, esto si hacemos la licitación serían tres meses en etapa precontractual, unos cinco meses en estudios y diseños y unos tres meses aproximadamente para lo que tiene que ver con la liquidación. Estaríamos hablando de 11 meses aproximadamente y solo hasta el 2023 podríamos arrancar, esto mismo ocurriría con la modernización de semáforos en Ibagué, tendríamos que hacer primero estudios y diseños para la actualización y tomaría el mismo tiempo. Qué vemos hoy en día, que ya arrancamos el tema de modernización vial y esto ha sido gracias a todo el equipo jurídico, donde se hizo una investigación, seguimiento, los modelos de contratación y es donde tomamos la decisión de arrancar con un contrato donde se incluyen estudios y diseños, y de una vez la construcción de la obra.

“Esto ya fue adjudicado, su tiempo va a ser de cinco meses y el costo, incluyendo la interventoría, está cerca de los $15 mil millones. Vamos un paso adelante porque o si no la rehabilitación tendría que ser hasta el 2023. Con los semáforos pasa exactamente lo mismo, gracias al equipo que tenemos (...) nosotros hicimos la modernización porque somos el único ente gestor del país que cuenta con un programa para eso. El próximo año vamos a sacar la licitación para la modernización semafórica. Quiero decirle a los ibaguereños que es falso que vamos a paso lento y que vamos atrasados, vamos es un paso adelante para que el proyecto sea un éxito”, acotó. 

En ese sentido, el gerente agregó que, entre los retos del Setp está culminar las labores de pavimentación de los corredores de la carrera Quinta desde la calle 64 hasta la calle 137 y avenida Ambalá entre las calles 103 y 78, obra que ya está adjudicada y cuya ejecución está prevista que arranque en enero. Además dejar lista la consultoría de la peatonalización de la carrera Tercera desde la calle 15 hasta la 19.

“El mayor reto que tenemos es poder darle al usuario un muy buen servicio del sistema y eso lo podemos lograr teniendo lo que es el operador y la tecnología, para poder controlar que se cumplan los tiempos, no se den violaciones de rutas, verificar que el conductor no esté hablando por celular y evitar que se siga realizando la evasión. Con esto vamos a ganar todos”, puntualizó el gerente. 

La operación y el recaudo

Frente al tema de la operación y el recaudo, el gerente señaló que ha realizado más de 60 mesas de trabajo con conductores, propietarios y empresas del transporte en donde ha dejado ver, tal y como lo dijo el alcalde Hurtado, el interés de que el operador sea local. Asimismo, confirmó que ya se presentaron tres propuestas por parte del gremio con intención de entrar en la operación y que solo hace falta alguna documentación para habilitarlos. 

“Hemos hablado con las empresas de transporte y de acuerdo con las instrucciones claras del Alcalde, no queremos que esto sea manejado por una persona externa que venga y compre todos los vehículos, nosotros podemos sacar a licitación todo este proceso; sin embargo, con el fin de proteger los empleos en la ciudad y seguir depositando la confianza en el gremio, hemos tomado la decisión de hacer la restructuración del servicio, esta figura nos ayuda a que los transportadores, que le han apostado durante años a la ciudad, puedan hacer inversiones y  trabajar, que puedan continuar operando en Ibagué.

¿En qué anda el lío judicial?

En noviembre de 2021 el Juzgado Octavo Oral Administrativo del Circuito falló en primera instancia y declaró la nulidad de por lo menos 15 de los 38 artículos y parágrafos del decreto 806 del 2019 que le da forma a la implementación y puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) y la creación del ente gestor, dejando sin piso jurídico la implementación de este millonario proyecto.

La medida de simple nulidad fue interpuesta desde el 2020 por Transportes La Independencia S.A. (Translain) y Transportadores flota Andrés López de Galarza - Logalarza S.A. a través de los abogados Juan Felipe Rodríguez y Jesús Eduardo Triana.

Tras lo expuesto, la Alcaldía de Ibagué interpuso un recurso de apelación que se espera sea resuelto en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima. El alcalde Hurtado indicó que a través de su equipo jurídico pidió al Tribunal agilizar la respuesta al recurso de apelación, el mismo llamado lo habría hecho la Procuraduría.

Al respecto, Jesús Eduardo Triana le dijo a esta redacción que el decreto 806 “es inconveniente para la ciudad, en la medida que tiene vicios de nulidad que a la postre hacen muy frágil el sistema de transporte en Ibagué”.

Triana explicó que la decisión judicial se adoptó por decisión de las empresas transportadoras y que no hay relación con ninguna asociación, ni con los bloqueos que se hicieron hace algunos días, pese a que una de las solicitudes se desprende de esta acción judicial.

Asimismo, acotó que en caso de reafirmarse la sentencia, no habría sustento jurídico para el decreto que le da vida al Step, “nosotros no pedimos que no haya sistema estratégico, pedimos que haya un Setp fuerte, y que no venga cualquier político de turno y se lleve los recursos del transporte y deje a la ciudad como pasó con los Juegos Nacionales. Queremos seguridad jurídica, creímos que este alcalde, cuando salió el fallo en primera instancia, iba a tener la sensatez de mirar el tema y organizarlo, no hizo eso, nunca llamó, ni concertó nada, dijo, ‘seguimos adelante’ y sacó dos o tres decretos que reforman el decreto 806 cuando eso es ilegal porque él no puedo expedir normas después de que se le ha notificado el acto admisorio de la demanda”, apostilló. 

“Tenemos tres cartas de intención para la operación del transporte en donde se encuentran dos empresas grandes y en donde las otras cinco empresas se unen para conformar un solo operador (...) solo falta que nos alleguen una documentación para poderlos habilitar”, dijo Yáñez.

En cuanto al recaudo, el funcionario acotó que también vienen trabajando con el gremio y que se está haciendo un análisis en el país del comportamiento de los sistemas masivos frente a este aspecto, “nos hemos dado cuenta que hay muchos sistemas masivos en que el porcentaje de recaudo es mayor al 10 %, el estudio nos habla de un 7,8 %, incluyendo lo que tiene que ver con control de flota e información al usuario y lógicamente el recaudo, queremos que este porcentaje sea lo más bajo posible, incluyendo todo (...) es por eso que hicimos un estudio o sondeo para mirar cuánto nos puede costar la implementación, enviamos varias invitaciones en lo que tiene que ver con entidades públicas que cuentan con estos sistemas para mirar su costo, también hicimos la invitación al gremio transportador, que hace una oferta ya que están interesados en operar también el recaudo. Estamos en ese análisis para estructurar y mirar cuál va a ser la vía para contratar”, sostuvo.

Y añadió, “es totalmente falso que el recaudo ya tiene un porcentaje y que es el 10 % o que es más, como algunas personas lo han manifestado, eso todavía no lo sabemos, porque estamos en esa investigación”. 

Cabe reseñar que se había especulado de un presunto “afán” del gobierno local por dejar supuestamente amarrado el recaudo; no obstante, sobre el tema el mismo mandatario local dijo, “no es el afán nuestro, por el contrario, se tiene un cronograma que debió haber iniciado en mayo del año pasado y si tuviésemos ese afán ya lo hubiéramos hecho en mayo del año anterior, hay que cumplir con un cronograma. A muchos no les gusta que los controlen, pero en esa sintonía deben entrar los sistemas estratégicos, porque no se puede tener el yo con yo, mando la flota cuando quiero, recojo cuando quiero a los usuarios, dejo la ruta botada cuando quiero, eso va a ser cuestión ya del pasado, vamos a prestar un buen servicio en Ibagué”.

Transportadores inconformes

En medio de la implementación del Setp han quedado también algunos representantes del gremio, quienes precisamente han hecho bloqueos ante la falta de claridad que existe sobre su participación. El jueves luego de las movilizaciones se acordó sentarse con la Junta Directiva del Setp para discutir varias peticiones y propuestas de la Asamblea Nacional del Transporte y veeduría del transporte y las vías del Tolima (Asotpc).

Una de las solicitudes era una modificación al cronograma del Conpes en cuanto al recaudo, así como la necesidad de que se defina quienes van a comprar los vehículos de reposición en sobreoferta y del 100 % del parque automotor, pues señaló que cuando se habla de inclusión lo que se dice es que “se pongan los vehículos y capital, y que otro lo administre y haga plata otro”. 

Cabe destacar que la Alcaldía dispuso que los empresarios del sector podrán renovar sus vehículos uno a uno hasta el 31 de diciembre de 2023.

Sin embargo, después de la reunión de la Junta Directiva, Miguel Caro, vicepresidente de la Asociación TPC colectivos, señaló que la inconformidad persiste, pues no se vieron soluciones. 

“Lo que queríamos lograr es que como el decreto 806 en este momento tiene 14 nulidades, pues que esperáramos a que saliera el fallo en segunda instancia para mirar lo del recaudo y no tirar piedras al vacío”, explicó Caro.

El vocero criticó el hecho de que en la ciudad se hagan estudios, pero no se vean avances reales o voluntad de los entes correspondientes. 

En ese sentido, también dijo que la propuesta de ellos frente al recaudo es que sin importar quien lo maneje, esto lo pague el gobierno municipal, “que el dinero retorne a la operación para no ver afectada la operación y para que eso no se vaya a terceros, porque son ellos quienes hacen que se desangre el sistema y por eso los sistemas estratégicos han fracasado. La propuesta es que pague el recaudo el gobierno municipal y lo puede hacer conjuntamente”, expuso.

La operación y el recaudo del sistema son los temas más neurálgicos. 

¿Puede ‘tambalear’ la cofinanciación?

En medio del acta de reunión que firmaron propietarios de busetas, el alcalde Andrés Hurtado, entes de control, gremios económicos, entre otros, el pasado 13 de diciembre, en la explicación de avances del Setp se habló de la petición que ha hecho el grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (Umus) en donde se pide celeridad a la implementación del sistema.

El texto reza, “se mostró a los asistentes los comunicados remitidos por parte de la Umus, en los cuales solicitan celeridad y manifiestan que la implementación presenta retrasos y que puede ser causal de incumplimiento del convenio de cofinanciación del Setp, poniendo en riesgo la cofinanciación de más de 350.000 millones de pesos que se aprobaron en el convenio de cofinanciación del Conpes 4017”. 

En medio del malestar de un sector y tras lo plasmado en el documento, el gerente Yáñez aseguró que “el Gobierno nacional sigue firme con los recursos para el sistema. En la Junta Directiva que hemos tenido, lo que hemos demostrado es que hemos venido avanzando en pro de poder dar cumplimiento en todo lo que tiene que ver con el cronograma. Es importante informarle a los ibaguereños que hay una buena voluntad y sigue habiendo una buena voluntad por parte del Gobierno nacional que lo que quiere es que se lleve a cabo este sistema estratégico de transporte público en Ibagué, en pro de mejorar el servicio, para que así los ibaguereños quedemos satisfechos y tengamos el beneficio de podernos transportar con un única tarifa”. 

Sobre un posible ‘tambaleó’ en el convenio, Alfonso Iannini, también exsecretario de Hacienda de Ibagué, reseñó que eventualmente si la ejecución del proyecto “no tiene la coherencia suficiente” la nación podría echar para atrás el convenio, si bien resaltó que es una situación que no ha ocurrido en la implementación de ningún sistema de transporte del país, y que hoy no existe ningún riesgo, la posibilidad sí está en el tintero.

Particularmente, porque contrario a la situación de otras ciudades hace unos años, según el exfuncionario, los entes territoriales hoy tienen las herramientas técnicas y jurídicas para hacer la implementación más rápido, “por ejemplo, en el modelo financiero, hoy se pueden recomponer algunos insumos para utilizar los recursos financieros de rendimiento en el sistema. Hay herramientas que permitirían agilizar eso, por eso el sistema se proyectó para seis años, porque existen esas herramientas, pero lamentablemente esta administración perdió dos años, donde solo se generó la Junta Directiva y una que otra precisión técnica”, sostuvo.

Y agregó, “Eso nunca ha pasado, hoy no está en riesgo, pero de seguir así, el Gobierno (nacional) podrá decir ‘oiga ustedes no hicieron la tarea como era, no voy más con el convenio’”. 

Un sistema que no se ha entendido

Frente al tema, Leopoldo Alfonso Iannini, exgerente del ente gestor Setp y magíster en Ingeniería Transporte, indicó que el principal reto que tiene Ibagué en la implementación del Setp es entenderlo.

“Suena chistoso, pero se debe entender el sistema porque desafortunadamente no ha sido entendido, eso desde mi concepto. Han visto eso como una bolsa de dinero para hacer inversiones en vías y otros insumos relativos a la movilidad, pero eso requiere un orden, un momento y en el estudio tiene unos puntos, un cronograma.

“Si yo hago primero, por decir algo, lo que van a hacer de reparchar la Ambalá, pues cuando esté el sistema y los buses operen, pues la Ambalá estará mal”, acotó.

Alfonso, además, resaltó la importancia de que se entienda el sistema financiero, “los recursos de la nación están para llegar en el 2025, el reto es traer esos recursos al momento de ejecución de la obra, o sea al valor presente. Esa fue una de las grandes discusiones en las mesas con el Ministerio de Hacienda, donde hice un modelo financiero que gustó y eso dejó un párrafo en el Conpes que permite hacer eso. Esa es la tarea fundamental para que los recursos estén disponibles al momento de la ejecución de la obra y no se piense como un político que lo que quiere es mostrar algo para mostrar gestión, tristemente en contra de lo que se debe hacer por el sistema”. 

Frente a la necesidad de fijar un operador en el recaudo, Alfonso reseñó que, si bien en el cronograma el proceso aparece fechado para el 2021, a lo que se hacía mención era al proceso que debía adelantarse de forma previa a su inicio, esto con la intención de evitar desinformación en el gremio, como hoy ocurre.

“Falta una etapa previa para poder siquiera pensar en contratar un operador de recaudo, este no es el momento, no hicieron los pasos anteriores y esos pasos duran dos años”, puntualizó. 

El Setp contará con una flota de 657 buses, siete estaciones y nueve patios talleres.

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