En los últimos años Colombia ha presenciado cómo se han venido destapando importantes casos de corrupción que han tocado al Congreso de la República al igual que instituciones de gran prestigio como la Fiscalía General, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
Ante hechos como estos, el estudio ha recogido las opiniones de los colombianos frente a este delito.
Según el informe, el 61% de los colombianos considera que la corrupción en el país ha aumentado, el 27% indica que se ha mantenido igual y el 11% cree que ha disminuido.
Esta encuesta contó con el apoyo de la Universidad del Rosario y se adelantó entre mayo y julio de 2016 realizando entrevistas domiciliarias de forma presencial a mil 200 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos del país.
Sector público
En este indicador el Congreso de la República sigue liderando la percepción de corrupción con un 54%, seguido por el presidente y sus funcionarios con un 48%, los concejales 46%, la Policía 41%; jueces y magistrados 37%, funcionarios públicos 37% y los empresarios se ubican en el 25%.
Llama la atención que a pesar de los escándalos de corrupción que se han presentado en las altas cortes como el caso del entonces magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, los jueces y los magistrados ocupan la quinta posición en la percepción de este delito.
El director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, señaló “que las redes de corrupción han logrado afectar instituciones fundamentales de nuestras democracias” aclarando que las respuestas a este fenómeno no pueden limitarse a anunciar pactos simbólicos, reformas o medidas legales, sino que “es necesario que las instituciones tomen acciones urgentes de rendición de cuentas, mientras los procesos judiciales y los cambios normativos avanzan”.
Igualmente, la encuesta indagó sobre la eficacia del Gobierno nacional para luchar contra la corrupción en el sector público y el 59% de los ciudadanos opinaron que el Gobierno está manejando mal la lucha contra este delito, y el 31% considera que lo está haciendo bien.
En las regiones
El estudio preguntó a los encuestados sobre el aumento de la corrupción en América Latina. En ese aspecto Venezuela es el país en el que más ha aumentado este delito con un 87%, seguido por Chile con 80%, Perú con 79%, Brasil 78%, y Colombia se ubica en la novena posición dentro del ranking en donde el 61% de los encuestados consideraron que se ha incrementado.
Para el director Andrés Hernández, este escenario está “asociado a las investigaciones periodísticas que han desenmascarado la corrupción, y a las investigaciones judiciales que han llevado a que, incluso presidentes de la República hayan sido vinculados formalmente a las investigaciones; y a un mayor reconocimiento de este mal como un problema de las autoridades del ámbito público”.
Sobornos
La organización internacional indagó sobre el pago de sobornos en el acceso a servicios proporcionados por instituciones públicas en donde se identificó que el 22% de los colombianos encuestados ha tenido que pagar un soborno para recibir un servicio en hospitales públicos, el 20% lo ha hecho con la Policía y otro 20% en escuelas públicas.
Asimismo, se identificó que el 19% pagó sobornos en la obtención de documentos de identidad en las entidades de registro, 14% en trámites de acceso a servicios públicos domiciliarios y 11% lo ha realizado ante tribunales de justicia.
La tasa de soborno es liderada por República Dominicana (46%), sigue México (44%), Panamá (32%), y Colombia en la séptima posición, con el 25%.
Acciones ciudadanas frente a la lucha contra la corrupción
El Barómetro de Corrupción 2016 preguntó a los encuestados sobre las acciones en las que participarían para enfrentar la corrupción. El 64% de los colombianos considera que denunciaría este delito así tuvieran que pasar un día ante la justicia para presentar los hechos, el 23% no lo haría. Un 74 % de personas aseguró que sí reportarían un hecho de corrupción en el país y el 65% de los encuestados cree que en Colombia es aceptable denunciarlo.
Ante estas cifras el informe señala que, si bien denunciar actos de corrupción se considera socialmente aceptable en la mayor parte de la región, son pocas las personas que realmente denuncian porque consideran que la Policía y los tribunales son sumamente corruptos y porque la amenaza de una represalia constituye un riesgo real para los denunciantes.
Para Andrés Hernández, estos datos son muy valiosos en medio de la decepción y la desesperanza frente a los hechos de corrupción conocidos en el sector público, en la justicia y en el sector privado y “nos indican que debemos elevar los niveles de sanción social y política a la corrupción y para esto se requieren mecanismos más claros para la denuncia y una protección más efectiva para quien se atreva a hacerlo”. Uno de los indicadores para destacar es que a la afirmación: “la gente del común puede hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción”, el 74% de los encuestados dijo que las personas sí pueden hacer la diferencia y el 16% no cree en esta afirmación.
El estudio concluyó que a partir de las respuestas de los ciudadanos, Colombia, República Dominicana, México, Perú y Venezuela tienen el peor resultado ya que los índices de soborno son elevados, se percibe un alto grado de corrupción y los ciudadanos tienen una opinión negativa de las acciones realizadas por el gobierno contra la corrupción.
Estos resultados reflejan riesgos de corrupción real y apremiantes en estos países y es importante que desde el Gobierno nacional y la sociedad civil se actúe de forma conjunta, según Transparencia Internacional, que además indicó que se necesita de un sistema judicial sólido, honesto y transparente para luchar contra este delito.
Dato
El 22% de los colombianos encuestados han tenido que pagar un soborno para recibir un servicio en hospitales públicos, el 20% lo ha hecho con la Policía y otro 20% en escuelas públicas.
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