La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Presidencia de la República y a las demás autoridades nacionales, regionales y municipales a adoptar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para proteger la Amazonía Colombiana.

Esto en virtud al incremento del 44 % en la deforestación de dicha región del país, teniendo como base que aumentó de 56.952 a 70.074 hectáreas entre 2015 y 2016.

Entre las acciones, la Sala de Casación Civil dispone la elaboración del “Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano–PIVAC”, para reducir a cero la deforestación y los gases efecto invernadero; la incorporación de componentes de preservación medioambiental en los planes municipales de ordenamiento territorial, y la ejecución efectiva de medidas policivas, judiciales y administrativas por parte de las tres corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en el territorio amazónico.

En el estudio adelantado para conceder la tutela instaurada por Andrea Lozano Barragán, Victoria Alexandra Arenas Sánchez, José Daniel y Félix Rodríguez Peña, entre otros, la Corte Suprema estableció que el Estado colombiano no ha enfrentado eficientemente la problemática de la deforestación en la Amazonía, pese a haber suscrito numerosos compromisos internacionales y a existir en el país suficiente normatividad y jurisprudencia sobre la materia.

Según el fallo, adoptada en decisión mayoritaria de la Sala de Casación Civil, las CAR no están cumpliendo sus funciones de evaluar, controlar y monitorear los recursos naturales, ni de sancionar la violación de normas de protección ambiental.

En ese sentido, advierte la tutela que la deforestación ocurre en Parques Nacionales Naturales de Colombia, y que en departamentos como Amazonas, Caquetá, Guaviare y Putumayo también incumplen las funciones de protección ambiental.

Con estos y otros elementos de juicio proporcionados por investigaciones del Ideam y el Ministerio de Ambiente, la Corte determinó fallar a favor de los derechos de los 25 jóvenes que interpusieron la tutela, con el ánimo de generar un cambio positivo en la cobertura forestal de la Amazonía.

“Los reseñados factores generan directamente la deforestación de la Amazonía provocando a corto, mediano y largo plazo, un perjuicio inminente y grave para los niños, adolescentes y adultos que acuden a esta acción, y en general, a todos los habitantes del territorio nacional, tanto para las generaciones presentes como las futuras”, dice la Corte.

En conclusión, la Corte Suprema de Justicia encontró que el Gobierno Nacional y las autoridades locales y regionales no están cumpliendo adecuadamente con los compromisos adquiridos para resguardar la Amazonía.

Por eso ordenó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a la Cartera de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en coordinación con los sectores del Sistema Nacional Ambiental, y la participación de los accionantes, las comunidades afectadas y la población interesada en general, dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la tutela, formulen un plan de acción de corto, mediano y largo plazo, que contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonía, en donde se haga frente a los efectos del cambio climático.

Del mismo modo, ordenó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –Corpoamazonia, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA, y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), realizar en un plazo de cinco meses, en lo que respecta a su jurisdicción, un plan de acción que contrarreste mediante medidas policivas, judiciales o administrativas, los problemas de deforestación informados por el Ideam.

Adicionalmente, los organismos querellados tendrán que, en las 48 horas siguientes a la notificación de la tutela, incrementar las acciones tendientes a mitigar la deforestación y presentar con mensaje de urgencia las denuncias y reclamaciones ante las entidades administrativas y judiciales correspondientes.