En los casi tres años de gobierno del presidente Duque la implementación del Acuerdo de Paz ha sido uno de los temas de mayor controversia con sus críticos.

Mientras que sus opositores lo acusan de cumplir lo acordado con las Farc a regañadientes, el mandatario asegura que han sido mayores sus resultados que los obtenidos durante el gobierno de Juan Manuel Santos, artífice de la negociación.

Emilio José Archila, alto consejero para la estabilización, quien ha estado al frente de la implementación del acuerdo, hizo un balance, en entrevista con Colprensa, de estos tres años de gestión.

- Hace unos días el presidente afirmó que este Gobierno ha hecho más que el anterior por implementar la paz. ¿Por qué dice eso el gobierno y cuál es para ustedes el balance en la implementación del acuerdo de paz?

El balance de estos tres años en términos de implementación es, en mi opinión, ilusionante para el país. El presidente Duque ha entendido que tenemos una oportunidad de resolver muchísimos temas que el país debió haber resuelto hace décadas, con o sin acuerdos. Tenemos la ventaja de que la Corte Constitucional interpretó que estos temas deben trabajarse durante 15 años y por eso en cada uno de los frentes hemos hecho, primero, una manifestación política de que se va a cumplir; segundo, hemos realizado una planeación realista, pero soñadora, ambiciosa, teniendo en cuenta esa temporalidad, y tercero, en cada uno de los frentes de implementación, realmente los resultados hablan por sí mismos y estamos seguros de que a diciembre de este año ese proceso va a ser irreversible.

- Hay una crítica que hacen los opositores y es que la implementación se ha centrado en la reincorporación y poco en temas como la participación política, la recuperación de las zonas afectadas por el conflicto, la sustitución voluntaria de cultivos, etc. ¿Qué responde el Gobierno?

Si uno mira cualquiera de los temas y se toma el trabajo de mirar los resultados, llega a una conclusión distinta y permítame le doy algunas cifras para ilustrarlo: para las zonas más afectadas por la violencia están previstos los Pdet, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Son 170 municipios, están agrupados en 16 regiones. De esas regiones, las necesidades se habían identificado para 2 y nosotros completamos 14. Para cumplir con esas necesidades (son 33 mil peticiones) había cero pesos, ni uno solo. Nosotros tenemos en este momento más de 8 billones de pesos que se están ejecutando en esas regiones. Eso es una inversión absolutamente nunca vista. Eso es como el 70% del valor de la primera línea del metro de Bogotá.

En materia de sustitución de cultivos, se les había hecho la promesa a 100 mil familias, y con esas promesas habían erradicado un poco más de 15 mil hectáreas. Nosotros hemos invertido 1,3 billones en cumplirle a esas familias y en este gobierno se erradicaron 17 mil hectáreas, eso es como estarle dando asistencia técnica a Tumaco completo.

- Hay dos puntos en los que se culpa al gobierno por no haber sido lo suficientemente activo, las curules de paz, que finalmente la Corte Constitucional las terminó avalando, y la ley de especialidad agraria, que se hundió en el Congreso. ¿Qué responde el gobierno?

Respondemos que esa es una crítica bastante curiosa.  Las curules se votaron antes de que llegáramos al gobierno. Esa votación se demandó ante el Consejo de Estado. El presidente dijo que íbamos a respetar lo que se resolviera en la justicia. La justicia resolvió y esa decisión no ha llegado al gobierno para sancionar la ley. De hecho el Congreso  llamó a unas audiencias para establecer la forma como van a proceder. Lo que corresponde a un gobierno democrático frente a una demanda, es esperar y eso es lo que estábamos haciendo. Y en el tema de la reforma de la especialidad agraria hay que recordar que en este país hay división de poderes y como usted lo dice, se hundió fue en el Congreso.

- Hay un tema que preocupa mucho a la ONU, los asesinatos de líderes sociales y excombatientes. Lo que ha dicho la ONU es que a pesar de que ha habido avances en las investigaciones no ha sido lo suficiente para evitar estos crímenes. ¿Cómo avanza el gobierno para prevenir estos actos de violencia?

En lo que nosotros estamos de acuerdo es que, en materia de salvar vidas, nunca va a ser suficiente. Lo que debe suceder es que haya cero muertes. Pero vale la pena tener en cuenta algunas condiciones. Una de esas es que es equivocada la visión que ha tenido el partido de oposición Comunes, de pretender culpar de esto al gobierno. Los que son los culpables en esto son los hampones y los narcotraficantes y las disidencias, que son los responsables del 85% de esas muertes. Ese es nuestro enemigo común.

Ahora, si uno mira los resultados de las muchísimas medidas que hemos tomado, también evidencia la prioridad que es para nosotros. Este es el proceso de desarme en que menos muertos ha habido por cada mil personas que han dejado las armas. En todos los años que hemos estado en el Gobierno el número de ataques y muertes se ha disminuido,  incluido lo que va corrido de este año, hablando de excombatientes. El número de personas que salvamos el año pasado mediante mecanismos de urgencia, sacarlos de donde tenían riesgos, fue mayor que el número de muertos que hubo. Insisto, el objetivo es que sea cero, solo estoy mencionando esto para mirar qué tan fuerte es la decisión del gobierno y que vamos a seguir trabajando para cumplir con el objetivo de que haya cero excombatientes muertos.

- Recientemente hubo dos ataques contra personas que  estaban trabajando en procesos de restitución de tierras. ¿Qué está haciendo el gobierno para evitar que grupos violentos echen abajo este proceso que es esencial para el acuerdo de paz?

El trabajo nuestro es de la mano con la fuerza pública, cada operación, cada gestión que se realiza la coordinamos con la Policía y con el Ejército. Como usted recordará, yo estuve en Puerto Lleras, estuvimos acompañando a las autoridades, manifestamos absolutamente toda la solidaridad con la familia de la funcionaria, los dos reclamantes y el conductor asesinados y con las asambleas tanto del Meta como del Guaviare nos comprometimos a que esto no va a parar el proceso de restitución.

- ¿En qué quedó el tema de la negociación con el Comité de Paro? ¿Se puede decir que ese diálogo quedó truncado o creen que aún hay posibilidades de retomarlo de alguna manera?

Lo que ha dicho el Presidente es que nosotros a quienes se expresan pacíficamente siempre estamos en disposición y capacidad de escucharlos, atendiendo las representatividades que a cada quien le corresponde. El país es consciente de que estábamos avanzando en el documento de garantías, teníamos lista la metodología para negociar el pliego de emergencia, el comité nacional del paro unilateralmente resolvió cesar la interlocución con nosotros, ahora han llegado a la conclusión de que van a utilizar los caminos democráticos que es ir al Congreso para plantear allá sus inquietudes y todo eso solamente fortalece la democracia de Colombia.