La Fiscalía 27 Seccional de Delitos Contra la Administración Pública imputó cargos a los 25 capturados, servidores públicos por hechos de corrupción dentro del Instituto Agustín Codazzi  (Igac) del Tolima, quienes conformarían la organización ‘El Instituto’.

La diligencia se adelantó ante el Juzgado Octavo de Control de Garantías de Ibagué, en la cual la Fiscalía señaló que la banda, integrada por servidores del Igac y Cortolima operaba así, se basaba en el cobro de diferentes sumas de dinero a cambio de direccionar trámites de manera irregular al interior de las dos entidades; por realizar trámites que son gratuitos; modificación irregular de montos del recibo predial; correcciones de área; englobe y desenglobe de predios. 

Además de tramitar de manera fraudulenta licencias ambientales para beneficiar constructoras sin importarles el daño ambiental en ecosistemas del Tolima.

Señaló la Fiscal que cada uno cumplía un rol específico, destacó que el director territorial del Igac en el Tolima, se encargaba de dar órdenes para que las demás personas de la organización cumplieran los requerimientos de Luis Carlos López Guevara, conocido como ‘El Relacionista’, quien enviaba a conocidos, recomendados para agilizar trámites, englobes, desenglobes de terrenos, modificación de planos en el Igac. 

Asimismo, una de las detenidas prestaba su cuenta Nequi para recibir dinero producto de estas ilicitudes. 

DATO

Yussi Yarleth Sierra Salazar, contratista del Igac; Wilson Fernando Calderón Calderón; Nelis María Niño Díaz, Jhon Isaacs González Riobo, Nelsy Ester Vallejo Valle y Gloria Judith Iriarte López, les imputó cargos a todos por concierto para delinquir. 

Las imputaciones 

1. El primero en ser imputado fue Mauricio Fernando Mora Bonilla, a quien el ente acusador le imputó dos eventos, uno es el recibir una cava de pescado de la Alcaldía de Ambalema, por un trámite catastral y el segundo al omitir el un acto propio de las funciones por el no trámite disciplinario por el servidor público Harol Marlin Rodríguez Lizarazo, quien a su vez llevó a cabo un trámite irregular donde tenía intereses propios, por las modificaciones de un terreno, apartamentos y parqueaderos sin haberse declarado impedido. 

Por estos hechos, le imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio y prevaricato por omisión. 

2. Julián Felipe Charry Reyes, funcionario del Igac, presuntamente para el 4 de diciembre de 2020 recibió en su cuenta de Bancolombia 700 mil pesos de parte de Marlon Solano para ejecutar un trámite catastral en los predios Los Lagos y Playarrica en el Líbano. Además de, al parecer, recibir de la misma persona la suma de 200 mil pesos para un trámite catastral por el desenglobe de un predio. Por estos hechos le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir y cohecho impropio.

3. Daniel Francisco Flórez Castro, funcionario del Igac a quien le imputaron tres eventos, uno del 11 de agosto de 2021 donde presuntamente le pidió dinero a Guillermo Vargas para efectuar trámites catastrales en Purificación; otro para el 8 de abril de 2021 con un hombre a quien al parecer le pidió 800 mil pesos para elaborar resolución de actualización y hacer englobe para este interesado y recibió el dinero vía Efecty. Por último, para el 11 de marzo de 2021 con Carlos Andrey Gómez, al parecer abusando de sus funciones aceptó la promesa remuneratoria para hacer una resolución por cambio de propietario de un bien. Por estos hechos le imputó cargos por concierto para delinquir, concusión y cohecho impropio.

4. Camilo Alejandro Chamorro Rojas, funcionario del Igac, al parecer entre noviembre de 2020 y junio de 2021 solicitó 200 mil pesos para la elaboración de dibujos para Luis Carlos López Guevara. Por estos hechos le imputaron cargos por concierto para delinquir y concusión.

5. Fabián Ardila Roa, funcionario del Igac, presuntamente para el 10 de agosto de 2021 recibió 400 mil pesos para repartir con un tramitador y así ejecutar un trámite catastral en el predio ‘Casita de Viveros’; el segundo evento al parecer ocurrió entre septiembre y octubre de 2021, donde se habría acordó el pago de 200 mil pesos para ejecutar un trámite catastral de desenglobe. Por estos hechos la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir, concusión y cohecho impropio.

6. Carlos Javier Lugo Botero, funcionario del Igac, al parecer solicitó dinero para unos viáticos para ir a Melgar al condominio La Estancia para hacer un trámite catastral de corrección y al parecer recibió un millón de pesos para un trámite catastral para una persona prestante en Purificación. Por estos hechos le imputaron cargos por concierto para delinquir, concusión y cohecho impropio.

 7. Luis Carlos López Guevara, contratista del Igac, quien sería el líder de toda la organización a quien la Fiscalía le imputó cerca de 15 eventos por los cuales le achacó los delitos de concusión en siete eventos; cohecho impropio en dos eventos; cohecho impropio siete eventos como autor; cohecho por dar u ofrecer, ecocidio y daño a los recursos naturales.

Los hechos por los cuales se investigan sucedieron entre enero de 2020 y noviembre de 2021; para este detenido se destaca que presuntamente solicitaba entre 350 mil pesos, hasta más de cinco millones de pesos por diferentes trámites como los son la expedición irregular de acto administrativo de un predio en Mariquita; expedición de la resolución de un avalúo en Fresno; trámites catastral de un predio en Cajamarca.

Asimismo el  trámite rectificación de área de predios entre ellos uno en Ambalema, Murillo, también el trámite administrativo catastral predio al cual le rebajó el valor del impuesto predial a pagar en Rovira y la elaboración de una resolución por un predio en la vereda El Corazón del mismo municipio.

Por último, el desenglobe y trámite de constructora El Poblado en la vereda Brasil de Carmen de Apicalá que provocó un daño masivo, grave y sistemático de los ecosistemas.

8.  Andrea Milena Gutiérrez Galindo, contratista del Igac, presuntamente para el 31 de julio de 2020 con Luis Carlos López Guevara, aceptó el dinero del Torreón para expedir resoluciones, trámite expedito, trámites catastrales fueran entregados. Por estos hechos le imputaron cargos por concierto para delinquir y cohecho impropio.

9.  Cristhian Daniel Calderón Caballero, funcionario del Igac, presuntamente recibió dinero para elaborar la resolución 1731 en un predio de la vereda El Corazón de Rovira. Por estos hechos le imputó cargos por cohecho y concierto para delinquir.

10. Manuel Antonio Lis Díaz, funcionario de Igac, presuntamente el 24 de agosto de 2020 accedió en parte al sistema informático del Igac y se mantuvo dentro del mismo en contra de la voluntad, borrar, modificar y corregir para autorizar a Yussi Yarleth Sierra Salazar, para que manipulara los mismos y lograr la generación de actos administrativos de 190 predios en Carmen de Apicalá. Por estos hechos fue imputado por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y concierto para delinquir.

11. Sandra Alejandra Villaló Rojas, sería la digitadora de Luis Carlos López Guevara, participó en llamadas telefónicas para concertar la elaboración de actos administrativos y accedió de manera remota a la plataforma del Igac, ella trabajaba bien fuera en la mañana o en la tarde desde su propia casa, desde donde al parecer elaboraba resoluciones entre marzo y julio de 2021. Por estos hechos fue imputada por el delito de concierto para delinquir.

12. Juan Alexander Roa Lozano, secretario de Planeación de Ambalema fue imputado por los delitos de cohecho y concierto para delinquir. Presuntamente para el 27 de septiembre de 2021 le dio a Luis Carlos López Guevara una cava de pescado para adelantar un trámite catastral en el cual tenía interés la Alcaldía de Ambalema.

13. Diego Armando Reyes Ávila, oficial de catastro del Igac, fue imputado por los delitos de concierto para delinquir y concusión. Al parecer para el 7 de diciembre de 2020 fue contactado por Luis Carlos López Guevara con el fin de adelantar trámite proferir acto administrativo catastral para legalizar un barrio en Fresno.

14.  Óscar Fernando Cardozo Osuna y Fernando José Alcántara Guzmán, funcionarios de Cortolima, fueron imputados por los delitos de cohecho impropio en dos eventos, concierto para delinquir y ecocidio. Presuntamente entre mayo y noviembre; y entre julio y octubre de 2021, al parecer recibió cerca de 30 millones de pesos para adelantar el cambio de un acto de licenciamiento del predio Viña del Mar de la Constructora el Poblado en Carmen de Apicalá. Presuntamente, para tal fin intervino como contacto de Cortolima, encargado de obtener la carpeta, los inventarios de la Constructora El Poblado, con el compromiso de la elaboración del documento donde se haría la redacción con la especificación técnica para iniciar las labores de obra civil, en visitas de verificación para dar el aval.

 15. Marlon Mauricio Solano Colmenares, quien sería tramitador, fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer en dos eventos y concierto para delinquir. Presuntamente para el 4 de diciembre de 2020, y septiembre y octubre de 2021 dio 700 mil pesos a un topógrafo, los cuales consignó a la cuenta de ahorros de Bancolombia para proferir resoluciones de los predios Los Lagos y Playarrica en el Líbano. Asimismo, al parecer entregó 200 mil pesos para ejecutar el trámite catastral de un predio del interés de su interés.

16.  Antonio José Castillo Páez ingeniero del proyecto urbanístico de la Constructora El Poblado en Carmen de Apicalá entre junio y noviembre de 2021, dispuso el empleo de maquinaria amarilla, fue imputado por el delito de ecocidio y daño en los recursos naturales.

17. Rubiela Carreño Duarte, ingeniera ambiental de la Constructora El Poblado, en el predio Viña del Mar en Carmen de Apicalá, dispuso el uso de maquinaria amarilla, tala de árboles, que iban contra el equilibrio de humedad relativa con desconocimiento de la normativa existente, lo anterior por su relación con Luis Carlos López Guevara y el contacto con los ingenieros de Cortolima para obtener los permisos. Por estos hechos le imputaron daño a los recursos naturales y  ecocidio.

18. Edwin Andrés Gutiérrez, ingeniero encargado del proyecto urbanístico de la Constructora El Poblado, quien fue detenido en la vereda Brasil de Carmen de Apicalá, presuntamente dispuso el relleno del terreno con sustrato dañando el ecosistema, violando el Plan de Ordenamiento Territorial, al verter este elemento al cuerpo de agua. Por lo anterior le imputaron daño en los recursos naturales y ecocidio.

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