Esta es la historia de un fracaso, con unos triunfos pírricos. Hace dos años Colombia fumiga intensamente sus cultivos de coca desde el aire, erradica manualmente de manera forzada y lleva a cabo programas de desarrollo alternativo. Aun así, la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos informó esta semana que los cultivos de coca crecieron 39 por ciento en 2014. Es decir, que el país pasó de tener 84 mil hectáreas a tener 112 mil.

El mayor crecimiento de los cultivos se dio en Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Antioquia. El Ministerio de Defensa ha dicho que los cultivos crecieron donde no se fumiga, por ejemplo en la frontera con Ecuador, en Nariño y Putumayo; en territorios étnicos y parques nacionales; o en zonas donde ha habido, como en el Catatumbo, un acuerdo con las comunidades para la erradicación voluntaria. Sin embargo, Antioquia, donde sí se fumiga, tuvo un incremento exponencial de sus cultivos con 95 por ciento.

Estos datos fueron revelados en medio de la polvareda que desató la propuesta del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, de suspender las fumigaciones con glifosato, y dejan en evidencia que no se ha encontrado la fórmula para que los logros parciales que se han obtenido contra estos cultivos se sostengan en el tiempo.

¿Por qué crecen?

Los cultivos crecen porque no son eficaces ni consistentes los sistemas de erradicación. Adam Isacson, experto en seguridad de Wola, prestigioso centro de pensamiento de Estados Unidos, desmitificó en un documento reciente la creencia de que las fumigaciones son realmente efectivas para reducirlos. Muestra con cifras cómo los cultivos solo empezaron a bajar en 2007, cuando se introdujo la erradicación manual (ver mapa). Aunque haya sido forzada y con un enfoque militar “esta tiene la ventaja de arrancar de raíz la mata, y que por lo menos hay algo de presencia del Estado, así sea solo policial”, dice Isacson. Daniel Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, coincide con Isacson en que la fumigación no es eficaz, pero tiene dudas sobre la erradicación manual porque no hay evaluaciones confiables.

Hoy prácticamente no hay erradicación manual por los costos humanos que esta implica. En los últimos diez años, 197 personas murieron erradicando, 52 de ellos civiles; 687 fueron heridos, 244 civiles, y en total han quedado 33 personas amputadas por minas y explosivos. Ahora pocas personas se le miden a este trabajo. A eso se suma que se recortaron los recursos para el mismo, y que se está esperando a que empiece el desminado acordado en La Habana para facilitar este tipo de tareas.

Otra razón colateral para que se haya incrementado la coca es la caída en los precios del oro y del petróleo. En los tiempos en que se produjo un dramático descenso de los cultivos también había una bonanza de minería. La onza de oro rondaba los dos mil dólares, y al ser legal muchos se fueron a ella. Pero la reciente caída del precio repercutió en el repunte de la coca, de manera muy especial en Antioquia. Algo similar está ocurriendo en los meses recientes en regiones donde el bajón del petróleo está dejando a las poblaciones sin ingresos.

Una última razón para el crecimiento de los cultivos, según el Ministerio de Defensa, es que hay quienes están animando a los campesinos a sembrar para que luego se postulen como beneficiarios de programas de sustitución. También porque la guerrilla querría incrementar sus arcas en los últimos días de la guerra.

¿Qué hacer?

Expertos tanto del Gobierno como independientes aseguran que lo único que realmente funciona contra los cultivos de coca es el desarrollo rural. Isacson destaca los resultados que obtuvo en sus primeros años el Plan de Consolidación Integral de La Macarena, en Meta.

Al comienzo de este siglo, esta subregión de seis municipios era una de las más sembradas en coca del país. En 2006, el Meta llegó a tener 26 mil hectáreas según el Simci a pesar de que se estaba erradicando de manera forzada. En 2007 y 2008, cuando se hizo un esfuerzo monumental por llevar instituciones a La Macarena y se aumentó un 80 por ciento la inversión social y en infraestructura, los cultivos cayeron radicalmente y se han mantenido hasta ahora en un nivel cercano a las tres mil hectáreas, y lo más importante es que crecieron los cultivos lícitos. Lo que nadie se explica es por qué si esta es una experiencia de éxito fue abandonada, y no ha podido replicarse en otros lugares del país.

Pedro Arenas, quien fue alcalde de San José del Guaviare y es experto en temas de desarrollo alternativo, dice por su experiencia que esto es lo único que funciona en el largo plazo. Lo mismo cree Jaime Rodríguez, secretario de Gobierno de Nariño, quien destaca el esfuerzo que han hecho en su región creando acuerdos con comunidades como Leyva y Rosario. Sin embargo, han fracasado en lugares como Tumaco y Barbacoas, donde los incentivos que los grupos armados les dan a los campesinos para mantenerse en la coca son difíciles de superar.

César Jerez, líder del movimiento campesino del Catatumbo, dice que luego del paro de 2013 el Gobierno ha apoyado a 400 familias en un modelo de reparación por la erradicación, y que la gente ha cumplido un 98 por ciento, según datos del propio Departamento de Prosperidad Social. Por eso ellos buscan que este programa se aplique para otras cinco mil hectáreas.

“El desarrollo integral es costoso” advierte Isacson, y se sabe que necesita sostenerse en el tiempo y crear verdaderos mercados. Pero es lo único que puede frenar por lo menos el rebusque de las 65 mil familias desarraigadas que viven de la coca, que van de un lado a otro, abriendo nuevos cultivos, huyendo de fumigaciones y erradicación.

Sobre el glifosato se tomará una decisión esta semana en el Consejo Nacional de Estupefacientes, y las opiniones están divididas entre quienes quieren suspenderla por razones de salud y quienes quieren mantenerla por razones de seguridad. En medio hay una realidad política insoslayable y es que a Estados Unidos no le ha caído muy bien la idea de acabar de un momento a otro con las fumigaciones.

¿Cambiará con la paz?

Los cultivos ilícitos no son un asunto aislado del conjunto de la política contra las drogas, tema en el que el gobierno Santos, y en particular su ministro de Justicia, Yesid Reyes, viene dando virajes. Uno de los 12 puntos que Reyes tiene como bandera ante la comunidad internacional es el desarrollo alternativo integral. Esto está en sintonía con lo acordado en La Habana entre el Gobierno y las Farc, pues se privilegian los acuerdos con las comunidades para sustitución y, como segunda opción, la erradicación manual. En un contexto de desarme de la guerrilla estos procesos se facilitarían en regiones donde el control del territorio es de este grupo insurgente, y puede hacer posible el ingreso de las instituciones. No obstante esta no es la panacea, dado que hay otros grupos armados que pueden llenar el vacío que dejen las Farc y porque la implementación de los acuerdos, si es que se firman, durará años, antes de ver resultados tangibles. Por eso expertos como Mejía, y la propia Comisión Asesora para la Política de Drogas, de la que él hace parte, están convencidos de que Colombia ha errado al poner todo el énfasis de su lucha contra los cultivadores, antes que contra los criminales que manejan las rutas y el dinero. Cuando se hizo énfasis en la interdicción, dice Mejía, se detuvo el 50 por ciento de producción de coca y esto tuvo un mayor impacto en la seguridad. Interdicción para los criminales y desarrollo rural para los cultivadores sería una buena combinación, y la paz puede ser una oportunidad para que ambas funcionen. Aunque no habría que esperar a que se firme un acuerdo para poner manos a la obra.