“Colombia no tiene un sistema de seguimiento para delitos sexuales”

Al cumplirse 20 años de trabajo de la Fiscalía General de la Nación, habla el principal investigador de esa entidad en casos emblemáticos, como el de la muerte de Rosa Elvira Cely, el del ‘Carrusel de la salud’ y el abierto contra los hermanos Nule.

José Fernando Perdomo Torres, vicefiscal General de la Nación, es considerado el más fiel escudero de Eduardo Montealegre, el jefe máximo del ente acusador. Al abogado le han sido confiados algunos de los casos que han generado más expectativa en el país.

Perdomo Torres lidera investigaciones como la de la muerte de Rosa Elvira Cely y la del ‘Carrusel de la salud’.


Este estudioso del derecho penal con extensa formación académica en el exterior, se perfila como una de las figuras del derecho en Colombia y habla de la entidad en que trabaja, a escasas horas de que se cumplan 20 años de su existencia.


El polémico principio de oportunidad
¿Cómo llega a ser nombrado en el segundo cargo más importante de la Fiscalía General?
Vengo trabajando con el señor fiscal General hace casi 20 años. Cuando es nombrado el doctor Montealegre, me plantea la posibilidad de venir a la Fiscalía y ese, sin lugar a dudas, es el cumplimiento de uno de los sueños que tiene un abogado que se dedica al derecho penal.

¿Cuál fue la principal misión asignada por Eduardo Montealegre?
El Fiscal General está interesado en que trabajemos en criterios de políticas en materia criminal, que sirvan de directrices y de ayuda a los fiscales del país para el correcto entendimiento de instituciones del derecho penal. Por ejemplo, cómo se debe realizar un principio de oportunidad, un preacuerdo o una negociación.

Es muy importante que la Fiscalía pueda aprender a investigar frente a la macro criminalidad. Técnicas que ya no son las del homicidio o del hurto, sino que sean las técnicas que normalmente se deben tener en cuenta cuando está uno frente a fenómenos de criminalidad organizada, de bandas criminales, de narcotráfico y de crimen transnacional.


¿Cómo va la revisión de la negociación de preacuerdos y principios de oportunidad?, siendo este un tema que ha generado tantas reacciones en contra.


Vamos muy bien, lo que queremos es fomentar la aplicación del principio de oportunidad, porque estamos convencidos de que esa es una herramienta muy importante en el derecho moderno para lograr justicia y desarticular bandas de delincuencia.


¿En cuáles casos puntuales se les ha retirado esta medida a procesados?
El caso más conocido es el de los Nule, en el que se había autorizado la interrupción de la acción penal con miras a la aplicación del principio de oportunidad. En ese caso en concreto la Fiscalía consideró que el tratamiento que se había hecho del principio no era el correcto y por eso se resolvió revocar la decisión, lo que no quiere decir que no pueda existir la puerta abierta para una futura negociación.

¿Están negociando con los Nule actualmente?
No, hasta este momento la Fiscalía sigue avanzando en sus teorías. De modo que la idea es salir adelante con todo este llamado ‘carrusel de la contratación’.

El carrusel de la salud
¿Cómo van las investigaciones por el también denominado ‘Carrusel de la salud’?
En materia de salud se creó una subunidad dentro de la Unidad Anticorrupción, denominada Unidad de Pensiones, Asistencia Humanitaria y Salud. Nació con el objetivo de que todos los casos que tiene que ver con la salud lleguen a esa Unidad.

¿Cuántos procesos adelantan en ese tema de la salud?
En el país la Fiscalía lleva 350 casos. Los estamos analizando para ver cómo podemos avanzar en la consecución de resultados. La subunidad lleva 50, que son lo de mayor importancia, lo que no quiere decir que los de las seccionales no los sean.

¿Cuándo se conocerán los avances de estas investigaciones?
En las próximas semanas estaremos dando los primeros resultados en investigaciones como la del hospital de Meissen, en Bogotá, pero también de las que se han derivado en las cinco capturas que se dieron hace un año.

Estas personas están colaborando con la justicia, lo que nos va a permitir llegar a descubrir cuál es el otro lado de la moneda en los recobros irregulares al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantías).


¿Cómo se cometieron los saqueos a los dineros de la salud y quiénes están detrás de ellos?
Son muchas las modalidades que se les han ocurrido a los corruptos para desfalcar al Estado en materia de dineros de la salud. Hemos encontrado que hay participación en muchos casos de funcionarios judiciales, entre ellos de fiscales y de jueces.

Para cometer las irregularidades se han falsificado tutelas, se ha cobrado por personas que han fallecido. Otra de las modalidades es aprovecharse de los regímenes especiales, como son las Fuerzas Armadas y de Policía o de los educadores. También hay técnicas más sofisticadas que vinculan a las EPS. En este caso se intenta manipular la UPC, es decir el costo que tiene un determinado tratamiento.


¿De cuánto dinero estaríamos hablando?
Hay mucho dinero, de hecho la Procuraduría ha hecho unos primeros informes donde nos habla de billones de pesos en materia de salud. Las cifras son escalofriantes y el problema es aterrador. El país puede estar tranquilo porque en esta administración el ‘carrusel de la salud’ no va a estar dormido. Al contrario, estamos despertándolo a ‘baldados de agua fría’.

El caso Colmenares
¿Qué tiene para decir sobre el controvertido proceso por la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares?
La Fiscalía está practicando las pruebas que considera necesarias. Hay una teoría del caso en la que se está avanzando y todo se está haciendo bajo las reglas estrictas del derecho. Que no le quepa la menor duda a los colombianos que la Fiscalía está plenamente interesada en que se descubra la verdad.

¿Por qué la designación de la fiscal Martha Lucía Zamora en esta investigación?
La doctora Martha Lucía es una de las fiscales más destacadas que tiene esta institución y es precisamente porque consideramos que el caso es muy importante. Este es un caso con varias vertientes, en el sigue presente el fiscal Antonio Luis González, quien ha hecho un trabajo magnífico, el que le reconocemos desde la Fiscalía y que seguimos apoyando.

LA VOZ DEL EXPERTO
La muerte de Rosa Elvira Cely
La historia de Rosa Elvira Cely ha conmovido al país y usted se apropió de la misma. ¿Qué tiene para decirles a los colombianos en ese caso?
En este tema hemos tenido unos éxitos vertiginosos. Nos propusimos con el señor Fiscal General y con la Fiscal encargada del caso sacarlo adelante, por la brutalidad con que se ejecutó esa acción delictiva; afortunadamente, contamos con un apoyo interinstitucional, con la Policía, con el Instituto Nacional de Medicina Legal y los resultados son contundentes.

Tenemos plena prueba de la responsabilidad de Javier Velasco Valenzuela en ese caso. Es una prueba que se sustenta en exámenes científicos de ADN y exámenes forenses.

¿Cómo actuar desde la justicia ante una persona que es declarada inimputable?
Con este hecho quedó en evidencia que Colombia no tiene un sistema de seguimiento para las personas que cometen delitos sexuales. Debe existir en el país un sistema de este tipo para que las personas que sean condenadas no vuelvan a reincidir y en eso, infortunadamente, no se ha podido avanzar, a pesar de que el código trae unas medida de seguridad aplicable a los inimputables. Lo ideal es tener ese sistema y hay que trabajar en ello.


Pregunta y respuesta
Justicia y Paz
La Ley de Justicia y Paz es otro de los temas que preocupa a los colombianos. ¿Cuáles son los avances en este aspecto?
La Fiscalía ha venido, desde el año pasado y junto con el Ministerio de Justicia, trabajando en el impulso a la reforma a la Ley 975, que es la de Justicia y Paz. Se planean unas reformas muy importantes que tienen que ver con el fin de la postulación de los desmovilizados y con el cierre del proceso de Justicia y Paz.

Sin embargo, vemos que hay una situación, que es que dentro de uno o dos años cumplirían la pena de ochos algunos de los privados de la libertad y que tendrían derecho eventualmente a la condena alternativa.

Es decir que quedarán en libertad las personas que cumplan esos ocho años de condena…
Eso es lo que en este momento la Fiscalía, el Gobierno y el Congreso estudian. Se tiene que ver cuál es la solución que nosotros en derecho consideramos que es la que se debe tomar.

¿Cuál es el balance siete años después de haberse creado la Ley?
Creo que en proceso de reconciliación se ha avanzado muchísimo. Hemos logrado conocer muchos hechos, conocer verdad y encontrar muchos cadáveres, hacer casi seis mil exhumaciones, reconocimiento y entrega de restos óseos a los familiares. Es un proceso que no se puede medir por ningún motivo en números de sentencias proferidas, a pesar de que esas sean un indicador.

Credito
COLPRENSA

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