A pesar de algunos avances en procesos como la legalización de asentamientos y el mejoramiento integral de barrios, el saliente secretario de Planeación deja varios temas y deberes en el tintero. Todo ello, si contar el más importante por terminar de ‘cocinar’: el Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué, que podría caerse en el Tribunal Administrativo por vicios de legalidad en su trámite ante el Concejo.

Entre las iniciativas que Juan Gabriel Triana deja pendientes están la titulación de bienes fiscales, el desarrollo del plan vial de la ciudad, la adopción de las unidades de planeamiento rural, la definición de normas urbanísticas para el desarrollo arquitectónico de la capital tolimense y la zonificación para la afectación por plusvalía en las nuevas zonas de expansión y que se incluyó a manera de referencia en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Para el exsecretario de Planeación Carlos Arturo Ciro Basto, a Triana le faltó concretar diversos aspectos que se podían haber sacado adelante con o sin aprobación del POT, que es hoy su ‘talón de Aquiles’ y que enmarcaría positiva o negativamente su trasegar. 

“Planeación no es solo Plan de Ordenamiento Territorial, hay otros tipos de actividades y él se centró en esta; puso el pecho a la brisa al POT y de pronto no hubo delegación en los demás funcionarios de Planeación”, aseveró Ciro.

De igual manera, resaltó que en el decreto 3600 de 2007 se establece que el alcalde tenía las facultades para desarrollar los instrumentos que desarrollan al POT. Según el experto en formulación de estos planes, en el decreto expedido por el alcalde Luis H. se incorporaron las Unidades de Planificación Rural, pero no se desarrollaron, y corredores suburbanos, siendo una potestad que tenía directamente el mandatario para desarrollar sin estar aprobado el POT.  

Aún más, a Ciro le causa extrañeza por qué Triana incorporó suelos VIS y VIP en el decreto, si la ley 1537 en su artículo 47 establece que los municipios pueden incorporar suelo rural para construcción de viviendas de interés social.“Había muchas herramientas que se pudieron haber dado sin necesidad de el Secretario haberse desgastado metiendo todo en un paquete que es la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial”, apuntilló.

Por su parte, el concejal Humberto Quintero sostiene que la Secretaría de Planeación estos tres años de Gobierno no brilló por su desempeño. Según el cabildante, el funcionario destinó cuatro mil 126 millones de pesos en la elaboración de diversos estudios sin que se ejecutara inversión social.

Los recursos fueron desembolsados del empréstito de los 100 mil millones de pesos que la Alcaldía tramitó ante el Concejo para ejecutar obras durante el desarrollo del Plan de Gobierno de Luis H.

Los dineros fueron direccionados a la celebración de contratos con la Unión Temporal de Proyectos Inmobiliarios (mil 521 millones 618 mil pesos), Consorcio Ibagué 132, para la construcción definitiva de obras de mejoramiento integral del barrio Las Delicias (54 millones 719 mil 844 pesos), convenio ente el Ministerio de Vivienda y el Municipio para la ejecución de la fase II del proyecto integral de mejoramiento integral de barrios (mil 800 millones de pesos), Gestora Urbana para efectuar el diagnóstico físico y diseños arquitectónicos para proyectos comunales de escala barrial y diseño de tipologías de intervenciones en el espacio público y el mejoramiento integral de 30 barrios, entre otros.

“Realmente no se ve ejecución y desempeño por parte de esa Secretaría. Lo único positivo es el convenio con el Ministerio de Vivienda para mejorar unidades hidrosanitarias de viviendas en El Bosque, San José y Gaitán, y está pendiente el de Las Delicias, porque los estudios arrojaron un costo de inversión superior a lo presupuestado. El Municipio destina una partida de mil 800 millones de pesos y el Ministerio de Vivienda alrededor de tres mil millones”, dijo Quintero.

Quintero resalta también la falta de gestión para impulsar la política pública de vivienda, la inversión para mejoramiento de las 42 casetas comunales y la construcción de cuatro salones comunales, que no se materializó. Así mismo, la legalización de barrios, proyecto que podía haber sido llevado ante el Concejo, pero que fue incluido en el POT y que ha sido empleado como mecanismo de presión ante el Tribunal Administrativo para que no declare la nulidad del POT. 

El cabildante resalta la partida que efectuó Triana para la realización de los estudios que dio forma a la formulación del POT, al que se destinó mil 365 millones de pesos. Ante esta situación y la incertidumbre jurídica de si el Tribunal Administrativo declara la nulidad del decreto, Quintero cuestiona qué pasará con esta cuantiosa inversión.

El balance de Triana

Juan Gabriel Triana destacó como logros de su gestión la legalización de 17 asentamientos, de 51 que vienen en camino. “Quedan las resoluciones firmadas, barrios importantes como el Augusto E. Medina, la inclusión al perímetro urbano de asentamientos como Calucaima y Albania, problemas de ciudad que se venían dilatando desde hace tiempo”, expuso.

Y resaltó que el Plan de Desarrollo “tiene una mirada de largo plazo, no solo de los cuatro años de la administración. Tenemos cada comuna con su plan de desarrollo, donde saben cuáles son sus problemas y cómo han planteado resolverlos”, anotó.

Sobre el POT de Ibagué, argumentó que “independiente de los cuestionamientos, ha sido concertado con los gremios de la construcción y actores sociales, porque los proyectos de las comunas están incluidos en el POT”. Triana también señaló que el mejoramiento integral de los barrios está por iniciar con el acompañamiento del Ministerio de Vivienda; además, deja viabilizado con el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) un segundo proyecto de mejoramiento integral que compromete 10 mil millones de pesos y beneficiaría a al menos seis barrio en la ciudad.

En cuanto a la titulación, el exsecretario de Planeación sostiene que se han adelantado las afectaciones y se está ad portas de las primeras resoluciones para entregar las a las familias que ocupan dichos predios.“Es un proceso que no alcanzamos a cerrar para al menos de manera demostrativa dejar algunos títulos, pero en donde logramos derribar las barreras que no permitían que el proceso saliera adelante”. Según indicó Triana, este proceso se ha dilatado mucho por problemas ajenos a la administración.

“Lo último que se nos presentó, pero que se logró una concertación, fue con la Oficina de Instrumentos Públicos. Ya se va a empezar a agilizar la devolución de los predios por parte de la Gestora Urbana al Municipio y, éste a su vez, por medio del alcalde, va a empezar a firmar estas resoluciones”, puntualizó.

Peleas casadas

Juan Gabriel Triana se enfrentó con el exsenador Mauricio Jaramillo, quien puso en el punto de mira la incorporación de grandes extensiones de terreno a suelo de expansión, que solo favorecería a intereses particulares porque les eleva el valor de la tierra.

Jaramillo argumentó que ni en 200 años se podrá desarrollar las mil 500 hectáreas aprobadas para el desarrollo urbano de la ciudad, que se explaya con la dificultad de llevar a estos la red de servicios públicos domiciliarios, cuantía no estimada por la Administración municipal. De la misma manera, Triana se enfrentó con el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso.

Una vez suscrita el acta de acuerdo de concertación en asuntos ambientales, la corporación autónoma detectó que de manera subrepticia la Administración había incorporado en la cartografía del POT cerca de 114 hectáreas no previstas.Lo anterior, conllevó a remitir el proyecto a instancias del Ministerio de Medio Ambiente que medió entre la Administración local y Cortolima para acordar una reducción de 600 hectáreas en sectores del Parque Deportivo y El País, para un total de mil 524 hectáreas. 

Triana reconoció en enero del presente año a EL NUEVO DÍA que la aprobación del POT se efectuó muy cercano a los intereses de quienes tienen los recursos económicos: gremios económicos, constructores e industriales, bajo la premisa de “si a la actividad productiva de la ciudad le va bien, a todos nos va bien”.

Otra pelea de Triana se desató luego de que el exsecretario de Planeación Carlos Arturo Ciro Basto conceptuara que el POT sería ilegal, pues debía haberse presentado y aprobado al inicio de la administración de Luis H. Ciro cuestionó que Triana arremetiera esculcando vínculos contractuales o laborales para tratar de desacreditar sus observaciones que acogió la Gobernación al remitir el decreto de adopción del POT para revisión del Tribunal Administrativo.“Nunca pensé que participar y expresarme en un debate público que concierne a todos y cada uno de los ibaguereños fuera a sobrepasar los límites de lo público a lo personal y a lo familiar”, advirtió Ciro al rechazar lo que consideró una retaliación de Triana.

Hoy, Ciro Basto concluye que aún si el Tribunal declara la legalidad del decreto suscrito por Luis H. Rodríguez, en la memoria de los ibaguereños quedará la figura de desconfianza y la pregunta sobre a quién beneficiará el POT. Triana también mereció quejas ante instancias disciplinarias por el concejal Humberto Quintero, por desatender cuatro citaciones para rendir explicaciones sobre varios temas polémicos, entre ellos el cuestionado contrato adjudicado a Aída Rodríguez Díaz, hermana del exalcalde Jorge Tulio Rodríguez, para el censo y la titulación de bienes fiscales del Municipio.