El Acuerdo Final planteó la oportunidad de transformar y vincular territorios marginados al circuito económico y político nacional, pero la descoordinación de las entidades estatales, la incertidumbre por los recursos económicos, sumado a las dificultades de seguridad que se están registrando en las zonas cocaleras, constituyen una gran amenaza para la implementación del Punto 4.
“Valorar la implementación del Punto 4 sólo en la ejecución del Pnis (Plan Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos) es seguir creyendo que el problema de las drogas ilícitas son solo los productores y el Acuerdo no habla sólo de ellos; también del consumo, de lo que habría que hacer en materia de salud pública y de eso ni se habla. Mucho menos sobre el combate a las redes que se lucran del narcotráfico”.
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