Las pesquisas de la Procuraduría, conocidas por Colprensa, no empiezan en la Gobernación de Edwin Besaile, hoy suspVLHendido, sino desde el 2004 con Libardo Cabrales y su secretario de Salud, Manuel Troncoso Álvarez, cuñado del paramilitar Salvatore Mancuso; pasando por la Administración de Alejandro Lyons, hoy también investigado por el robo a las regalías del departamento.

El ‘Cartel del VIH’ se relaciona con estos pacientes que hacen parte del Sistema Subsidiado de Salud, ya que es el departamento quien paga los servicios No POS que requieran.

Teniendo esto claro, el Ministerio Público tomó como punto de partida la Caja de Compensación Comfacor, que asumió el traslado de pacientes de EPS que fueron liquidadas como Sol Vida o Caprecom y que contrató con cinco IPS el modelo de salud integral para pacientes de VIH: Oportunidad y Vida, Mediser, Oncovihda, Medifuturo e IPS de la Costa, según reveló una fuente a Colprensa.

Sin irregularidades, el modelo debe funcionar así: la EPS afilia a la población con VIH, registrada en una base de datos del departamento y le paga a la IPS por la atención que recibe el paciente, del orden de 650.000 pesos mensuales a precio de hoy por paciente, pues antes, sin la regulación de precios de medicamentos, estaba en el orden de 1.5 millones de pesos.

Y cuando hay un pago extra, de un servicio No POS obtenido por tutela, por ejemplo, las EPS lo autorizan y luego la recobran al departamento, que paga con recursos del Sistema General de Participaciones y con recursos propios.

Pero, en Córdoba, este modelo era aprovechado para apropiarse de los recursos, según lo que arrojan las investigaciones hasta el momento, en una réplica del modelo del ‘Cartel de los pacientes de la Hemofilia’ y por el que se viene otro más: ‘El cartel de los pacientes del Síndrome de Down’.

“La Procuraduría cuenta con denuncias donde las IPS que atienden los afiliados de VIH no prestan el servicio y tiene pruebas. Les pagan mensualmente por afiliado 650 mil pesos, pero no le dan el servicio y se la roban. Y para tener a la gente tranquila, porque se trata de población vulnerable y rural, los tranquilizan dándoles plata en efectivo. Hay denuncias que dicen que les dan 100 mil  pesos, que les dan un mercado”, reveló la fuente.

En ese mismo sentido, entre los cobros que se hacen a la EPS se estarían incluyendo servicios a pacientes fallecidos, pacientes inexistentes (nombres y cédulas falsas) y por pacientes con falso diagnóstico de VIH. A esto se suman, sobrecostos por medicamentos.

Los hallazgos hasta el momento indican una especie de articulación que relaciona a las IPS, EPS, Secretaría de Salud y Gobernación y fallas en las auditorías de los pagos por servicios NO POS que se deben dar en cada entidad por aparte.

“Cuando una IPS da un No POS, se supone que tiene una autorización de la EPS y ahí empieza la complicidad. Con ese No POS inexistente, el departamento paga porque tampoco audita”, agregó la fuente a Colprensa.

Así, el robo de los recursos se estaría dando tanto por el plan básico, por servicios que se deberían ofrecer y se estarían negando, tanto como por servicios no incluidos en el plan de beneficios y que luego son recobrados al departamento.

En ese sentido, por solicitud de la Procuraduría, la Secretaría de Desarrollo de la Salud en Córdoba suspendió el proceso de selección de la firma auditora que tendrá a su cargo autorizar pago por recobros no POS entre 2010 y 2015.

Los investigadores de la Procuraduría tienen en sus manos pruebas que evidenciarían que en la actual Gobernación se habrían hecho pagos por este concepto, servicios No POS a pacientes de VIH, incluyendo el periodo de enero a junio de 2016, e incluso después de julio de ese año cuando entró a regir una medida que el Ministerio de Hacienda tomó cuando estalló el escándalo del ‘Cartel de pacientes de Hemofilia’, consistente en no girar los recursos del Sistema de Participaciones.

Constratos sin hojas

Y, como si esto fuera poco, la Procuraduría también investiga presuntas interferencias de personas relacionadas con Comfacor y de la Gobernación, en las cinco IPS contratadas. Incluso, hay una denuncia en la entidad que relaciona la supuesta participación de Francisco Lyons, conocido como ‘El Mocho Lyons’ en todo este escándalo.Además, el Ministerio Público investiga el robo de una auditoría que hizo Comfacor, que revelaría algunas de estas irregularidades, que fue robada a plena luz del día y que apareció posteriormente, pero incompleta.

El viernes pasado, el viceprocurador Juan Carlos Cortés reveló el robo de 60 bultos de esa auditoría con facturas de recobros por servicios no POS, ocurrido el sábado 23 de diciembre a las 7 de la mañana, según lo registran videos de cámaras de seguridad en poder de las autoridades.  Además, la entidad ha encontrado otros elementos que rayan lo absurdo, como inconsistencias entre las bases de datos de pacientes con VIH de la Secretaría de Salud y de Comfacor, teniendo esta última más pacientes. Y se han encontrado documentos incompletos como contratos a los que les faltan las hojas en donde debe estar consignado el valor y la forma de pago.

En este complejo panorama, la Procuraduría, a través de cuatro delegadas y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, ya avanza en la determinación de responsabilidades individuales tanto en Comfacor, las IPS, la Secretaría de Salud y la Gobernación.

Los estimativos de la entidad señalan que el desfalco será bastante superior a los 50.000 millones de pesos y en más pacientes que los afectados en el ‘Cartel de Hemofilia’.