Veeduría pide al Fiscal General avanzar en investigaciones de corrupción en el Tolima

COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
La Veeduría pide que se trasladen procesos de denuncias de la Fiscalía 22 seccional.

A través de una carta pública la Veeduría Revisar solicita al fiscal General, Néstor Humberto Martínez, resultados frente a las investigaciones por posible corrupción en el Tolima.

“Los ibaguereños reclamamos de su presencia, intervención, decisiones y justicia, manifestamos nuestra gran preocupación por las investigaciones que adelanta la Fiscalía Seccional de nuestra ciudad, ya que en el sentir popular creemos que hemos sido objeto de burla y de irrespeto por parte de las autoridades municipales y nacionales. Los entes de control y la propia Fiscalía General de la Nación con resultados pírricos, casi nulos; pareciere que estuvieran motivados o paralizados por el poder de los corruptos”, encabeza la misiva.

De igual manera hace un reclamó por los anuncios fallidos de las 24 capturas por el desfalco de los Juegos Nacionales, pues solo van 14. “Con ocasión de las investigaciones de los Juegos Nacionales, las Fiscalía Seccional de manera irresponsable informó a los ibaguereños que para el mes de noviembre de 2017, estarían capturados 24 individuos comprometidos en el escandaloso y criminal acto de corrupción, el más grande en la historia de Ibagué y del Tolima; pues bien estamos esperando estas capturas y todas las que comprometan a los responsables de las mismas, sin embargo aún con tristeza tenemos que decir, no pasó nada”.

Y continúa “el actuar criminal y corrupto de los políticos de nuestra región, denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, así como la responsabilidad que tienen en el desfalco en la construcción de los escenarios deportivos para Ibagué, es conocido por los ibaguereños y porque no decir de toda la Nación, pero la Fiscalía ha sido omisiva frente a la obligación que tiene de vincularlos, imputarlos y acusarlos, pues a través de los medios de comunicación hemos sido informados de las declaraciones y denuncias que han realizado los 14 capturados en busca de sus beneficios y rebajas en sus penas, pero la Fiscalía se las ha guardado, las ha archivado y no tienen tras las rejas a los peces gordos ‘políticos’, responsables y beneficiados con las conductas sistemáticas criminales que dieron como resultado se apropiaran de los recursos de los ibaguereños”.

De igual manera manifiesta que las declaraciones de los hoy capturados, solo han servido para obtener beneficios jurídicos que por ley se establecen, pero que se han mantenido en hermetismo y sin avances concretos para dar con más responsables.

“Las denuncias criminales contra los políticos de esta ciudad, las tomó la Fiscalía solamente para rebajar las penas de estos delincuentes, para que dentro de cuatro o cinco años estén disfrutando de los recursos de los ibaguereños, el decir de la comunidad es que algunos de estos funcionarios son cuotas políticas y por ende los cerebros de este descalabro no se tocan, volvemos a repetir a modo de estribillo, no pasó nada”.

Críticas a Botero

La Veeduría cuestiona a su vez, la decisión de excluir a Andrés Botero Phillisbourne del proceso de responsabilidad fiscal de los Juegos Nacionales.

“Resulta vergonzosa la decisión de la Contraloría General de la República al desvincular de cualquier responsabilidad al exdirector de Coldeportes, Andrés Botero Phillisbourne, quien para la época aportó en nombre de Coldeportes recursos, estuvo vigilante(¿?) y atento a la contratación de los estudios y diseños de Typsa, manifestando en repetidas oportunidades estar de acuerdo y satisfecho con la contratación de los diseños y con la contratación y ejecución de las mismas. Una vez más no pasó nada”.

La carta agrega que “Typsa, responsables de los estudios y diseños mal elaborados, amañados y por valor de 11 mil 500 millones de pesos, nunca fue vinculada como responsable para que respondiera por los 11 mil 500 millones, no vincularon a los españoles que como se probó se sabía que estaban actuando como una banda delincuencial para apropiarse de los recursos del Estado y del Municipio, sin olvidar que este mal inicio derivó en la hecatombe y consabido despilfarro (o robo) de dineros públicos, no pasó nada”.

También sostienen que las firmas responsables de las obras no han sido vinculadas, ni sus representantes legales o gerentes para que respondan por los recursos del Municipio.

En el limbo

Al revisar, también llama la atención por qué no se han presentado ante las diferentes autoridades locales y nacionales otras denuncias, como por ejemplo: la compra de la finca El Cedral y el contrato de titulación de bienes fiscales sin que pasé de la indagación preliminar.

“Las anteriores denuncias se encuentran engavetadas en el despacho de la Fiscal 22 Seccional Claudia Chalarca Cediel, (¿cuota política?)…, la misma que ha tenido a cargo la investigación de los Juegos Nacionales, se la ha jugado en estos escenarios jurídicos con su acuciosidad y dedicación para imputar a los 14 ya conocidos, pero señor Fiscal General, los ideólogos, los políticos y los mayores responsables de la corrupción en Ibagué, están haciendo política, tranquilos viviendo a sus anchas y pavoneándose por toda la ciudad, generando la desconfianza e indignación a los ibaguereños. No pasó nada”.

“Adicionalmente, es de conocimiento público que en los anteriores contratos se encuentran involucrados políticos, servidores públicos y delincuentes de cuello blanco, que también tuvieron que ver con el descalabro de los Juegos Nacionales en Ibagué y que a la fecha, no pasó nada”.

Solicitud de

investigación POT

Con fecha de octubre 04 de 2017 y recibido por la Fiscalía General, ‘Revisar’ recuerda que hizo llegar al despacho fundamentos con los cuales “a todas luces se ven los vicios con que cuenta el actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Ibagué”.

Y precisa que allí “se resalta que favorece a unos pocos dueños de la tierra y un grupo de firmas constructoras a quienes para nada les interesa el bienestar de los ciudadanos y el futuro de la ciudad; de igual manera la petición de que se declare la nulidad del POT, aprobado por Decreto 1000 - 823 del 24 de diciembre de 2014, el cual tiene una vigencia de 12 años y es de obligatorio cumplimiento para todos los mandatarios”.

Según la Veeduría el POT “es la hoja de ruta para el desarrollo futuro de la ciudad. Hoy lo que estamos viendo es que debido a los intereses que se vieron involucrados en esta aprobación, la ciudad está afectada en su desarrollo normal con las consecuencias que trae el subdesarrollo a una ciudad intermedia como Ibagué”.

De la petición

‘Revisar’ solicita que se ordene, en primera instancia al Director Seccional de Fiscalías, proceder como corresponde e intervenir para que se verifique el estado y avance del adelantamiento de las investigaciones señaladas.

Por tal razón, en primer lugar pide enviar una comisión especial para que verifique lo que está sucediendo con la investigación de los Juegos Nacionales y qué pasó con las anunciadas 24 capturas.

A su vez se solicita ordenar el cambio de radicación y reasignación de procesos arriba identificados, para que la Fiscalía proceda contra “estos corruptos políticos y de cuello blanco, que sienta la ciudadanía que se hace justicia y que se sanciona a los corruptos”.

En tercer lugar piden revisar las declaraciones de los condenados en los procesos de los Juegos y se ordene la captura y vinculación de las personas que fueron señaladas por los delincuentes como partícipes, responsables o cómplices.

Asimismo demandan que se cite a imputación de cargos los responsables de las denuncias por compra de la finca El Cedral y el contrato de prestación de servicios para titularización de bienes fiscales.

En cuanto a esta investigación, la Veeduría también solicitó a la Fiscalía General de la Nación, darle celeridad a las investigaciones del POT para que “la ciudad no siga siendo afectada, pues cada día que pasa sufre más daño su desarrollo”.

Por último ‘Revisar’ pide que a partir de estas denuncias con las que aseguran “nos estamos exponiendo a retaliaciones de los corruptos, además de convertirnos en blancos de burlas ante la inoperancia de las autoridades, o a la complicidad de las mismas, nos sentimos inermes y desprotegidos como si fuera Ley el hecho de que en este país no pasó nada.

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