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En primera instancia, la Procuraduría sancionó con una multa de $130 millones al exalcalde Luis H. Rodríguez, por desconocer el principio de responsabilidad que rige la contratación pública porque, advirtiendo atrasos en las obras, no hizo nada para evitar la debacle en la terminación y funcionalidad de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales de 2015.
Aunque la defensa del mandatario sostuvo que no tenía el deber ni la obligación de ejercer vigilancia de la actividad contractual al haber delegado esa responsabilidad en el Imdri, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal consideró que actuó sin diligencia y cuidado necesario, siendo, ni más ni menos, el representante legal del Municipio.
“Es clara la omisión de las obligaciones del disciplinado, si se tiene en cuenta que fueron varias las oportunidades en todo el transcurso del 2015 en la que se le puso en conocimiento los constantes y reiterados atrasos de las obras programadas para los Juegos Nacionales, cuyos escenarios, contratados por el lmdri, en quien delegó dicha función, no alcanzarían a estar listos y entregados para el inicio de los certámenes deportivos, sin que tomara las medidas necesarias para evitar los resultados evidenciados a través de los distintos informes de interventoría y de conocimiento público”, se lee en el fallo.
Además, la Procuraduría recordó que desde un inicio los supervisores de los diferentes convenios suscritos le hicieron llegar advertencias sin que actuara con diligencia y tomara medidas administrativas idóneas y oportunas a su delegatario para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos, una actuación que era imprescindible para buscar una solución pronta y eficaz a la catástrofe que se avecinaba.
“Frente a todo lo expuesto, el disciplinable procedió con falta de rigor y diligencia pues su participación en el proceso de escogencia debió sujetarse al cuidado con que ha de conducir sus actuaciones todo administrador público, a quien se le confía el manejo de recursos públicos y que son destinados a la satisfacción del interés general en ejercicio de las atribuciones y precisas competencias asignadas en aras de cumplir los fines estatales”, indicó la Procuraduría.
Entre otras cosas, la entidad de control menciona dada la magnitud de los recursos comprometidos en los proyectos deportivos, que Luis H. tenía la obligación y el deber de garantizar la correcta ejecución del proceso para que se IIevara a cabo la contratación de las obras, así como la interventoría. Además, señaló que podría simplemente visitar las obras para percatarse de los atrasos advertidos.
“Como representante legal de la entidad territorial de lbagué tenía que garantizar las necesidades de su comunidad y para tal efecto tenía facultades como ordenador del gasto, podía visitar las obras públicas en construcción para darse cuenta de primera mano de la situación de las mismas, asistir a comités donde se enteraba de lo sucedido, de las fallas, atrasos, crisis, riesgos, etc., que como él mismo señaló en su versión libre los contratistas se le acercaban y le comentaban las situaciones”, se indica en el fallo.
Agrega que Luis H. podía adoptar decisiones, expedir actos administrativos, nombrar personal e incluso remover gerentes de entidades públicas del Municipio como el del lmdri si consideraba que quien había sido designado no contribuía con la labor encomendada.
La Procuraduría sancionó con doce meses de suspensión al exmandatario, pero como no desempeña su cargo y está privado de la libertad en un establecimiento penitenciario y carcelario, se convierte en un multa de $130 millones.
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