Cada cierto tiempo, en el país surge en el debate y la opinión pública la idea de eliminar las contralorías, porque, sostienen sus promotores, son entidades poco eficientes, terminan siendo fortines burocráticos y representan gastos onerosos para las entidades territoriales.

Pues bien, un informe de la Veeduría Agua para Ibagué (Vapi) le da la razón a esa posición, pues concluyó que entre 2010 y 2020 la Contraloría Municipal tan solo recaudó $246 millones en fallos fiscales, mientras que en ese mismo periodo el costo de funcionamiento de la entidad ascendió, según estimaciones, a $23.281 millones.

Es decir, según el informe de Vapi, el recaudo equivale al 1.06% de los costos aproximados de funcionamiento de la Contraloría, representados en nóminas, contratistas, parafiscales, viáticos, prestaciones sociales, entre otros costos para su operación.

En el documento, Vapi refiere que desde 2012 existen 21 procesos en trámite por un valor de $1.358 millones, pero no existe certeza de si la Contraloría Municipal les está haciendo seguimiento y cuántos tuvieron un vencimiento de términos.

Al revisar año por año (ver cuadro), la veeduría concluyó que el contralor Rafael Enrique Bernal, quien fungió entre 2010 y 2011 durante la administración del alcalde Jesús María Botero, tramitó solo cuatro fallos.

En el periodo del contralor Edwin Riaño, comprendido entre 2012 a 2015, es decir, durante el gobierno del detenido Luis H. Rodríguez, en el que se dio el desfalco de los Juegos Nacionales, se emitieron 11 fallos de responsabilidad fiscal.

“Durante el gobierno de Luis H. en donde se escenificaron los escándalos relativos al robo de los recursos y la destrucción de la infraestructura deportiva que se convirtieron en estigma para Ibagué en el panorama nacional, el contralor Edwin Riaño Cortés y su equipo en los años 2014 – 201, no encontraron motivos para producir un solo fallo en ese luctuoso año”, se lee en el documento.

Por su parte, en la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, el contralor Diego Visash tramitó cuatro fallos entre 2016 y 2017, mientras que Julio César Vásquez y Ariel Augusto Medina emitieron, entre ambos, nueve fallos en 2018. Al año siguiente, el contralor Medina profirió 17 fallos.

Finalmente, el saliente contralor Iván Darío Delgado, durante el actual mandato de Andrés Fabián Hurtado, emitió solo tres fallos en 2020. Para Vapi, resulta increíble que no haya actuado ante los “errores tamaño catedral” en el megaparque de Santa Rita.

“Al parecer algunos de los funcionarios a cargo del ente municipal se dedicaban a tan elogiables labores como realizar cursos en destinos turísticos en fechas como el Año Nuevo o Semana Santa, otros dormían; los de más allá meditaban mientras se evaporaban los recursos destinados al inconcluso acueducto complementario, la restauración del Panóptico y la construcción de megaparques a precios exorbitantes”, entre otras obras que menciona la veeduría.

Entidades al servicio político: Vapi

A modo de opinión, la veeduría considera que la entidad no es eficiente en la medida que “solo sirve para engordar las billeteras de políticos, que normalmente no son electos a cargos populares (...), pues al no resultar electos, como en un carrusel, pasan a engrosar las filas de los aparatos de control”.

Para Vapi, los grupos políticos las han empleado “como una especie de preparatoria para que aprendan a desangrar al municipio y luego pasan a la especialidad, el saqueo de las arcas mayores, se convierten en parlamentarios”.

Además, opina que “políticos quemados que pasan a engrosar las filas de los entes de control, municipales, departamentales a servir y mostrar eficientes resultados a sus corruptos caciques políticos. Y en los demás enmermelados y corruptos entes de control a nivel nacional”.

Dato:

$28.984 millones se archivaron en fallos de responsabilidad fiscal en la Contraloría de Ibagué entre 2010 y 2020, de los cuales $6.279 millones corresponden a un proceso de 2018 por unos anticipos sin amortizar ni legalizar que tiene como responsable al señor Gustavo Duque Neira.

Dato:

Vapi aseguró que un día hábil de jornada laboral (lunes a viernes) de la Contraloría le cuesta aproximadamente al Municipio la suma de $8.140.210.