La peatonalización de la carrera Tercera entre calles 15 y 19 es uno de varios proyectos que están contemplados en el Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) de Ibagué, pero su implementación, para alivio de un sector de comerciantes, aún no tiene fecha de inicio. 

Citado a rendir informe en el Concejo, el gerente del ente gestor del Setp, César Yáñez, dijo que la Alcaldía planea contratar una consultoría, por un valor aproximado de $550 millones y un plazo de cuatro meses, para la elaboración de los estudios y diseños de la iniciativa.

Debido a que el Setp es un macroproyecto cofinanciado con el Gobierno nacional, cualquier paso debe ser aprobado por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (Umus), adscrita al Ministerio de Transporte. Según Yáñez, están esperando el visto bueno para arrancar.

“Lo que hemos visto en la carrera Tercera, entre calles 10 y 15, nos debe servir como base para mirar qué vamos a proyectar en los estudios y diseños, que deben ser visionarios, con planos de zonas productivas y sitios agradables visualmente”, señaló el gerente. 

Si ese proceso queda cumplido este año y la Alcaldía estructura rápidamente una licitación, en el mejor de los casos las obras se llevarían a cabo a partir de febrero de 2023, aseguró Yáñez, aclarando que son meras estimaciones y no proyecciones certeras.

A sabiendas de que un sector de los comerciantes no está de acuerdo con la intervención de ese tramo vial, por considerar que se podría aumentar la inseguridad y la presencia de vendedores ambulantes, Yáñez enfatizó que el proyecto, sí o sí, se va a implementar.

Eso no significa que los comerciantes no serán tenidos en cuenta. El funcionario invitó a los propietarios y administradores de los establecimientos a que elijan a sus representantes, de acuerdo con su actividad económica, para instalar mesas técnicas de trabajo.

La idea, según explicó Yáñez, es que los voceros de los diferentes sectores participen en la etapa precontractual de la consultoría, para escuchar sus preocupaciones sobre el proyecto y así adelantar ajustes según las necesidades de los comerciantes.

Ante la prevención de los administradores de parqueaderos que no ven con buenos ojos la peatonalización por una posible disminución de vehículos, el funcionario enfatizó que todos los estacionamientos continuarán funcionando y se tendrán en cuenta sus observaciones.

Yáñez precisó que los comerciantes no van a tener una disminución en volumen de ventas en una eventual ejecución de obras, porque los andenes están en buenas condiciones, por lo tanto no habría que levantarlos sino incorporarlos, tal y como están, al nuevo diseño.

Entre las razones para peatonalizar está el déficit de espacio público: la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el índice por habitante debería ser de nueve metros cuadrados, pero en Ibagué es de tres, muy por debajo de los estándares internacionales. 

Preocupaciones de comerciantes

Aunque un estudio adelantando en 2020 entre la Alcaldía y Fenalco concluyó que el 57 % de los comerciantes está de acuerdo con la peatonalización, varios representantes de ese sector señalaron lo contrario y expresaron su inconformismo con el proyecto.

Por ejemplo, Juan Camilo Giraldo opinó que habría un crecimiento desbordado de comercio informal, teniendo en cuenta que la Alcaldía ha sido incapaz de controlar a los vendedores ambulantes; colapsaría la movilidad del centro, porque se cierra una vía de acceso, y podría aumentar la inseguridad dada la cercanía con el parque Andrés López de Galarza. 

“No nos han tenido en cuenta. Llevan más de 30 años tratando de controlar la informalidad, pero no ha sido posible. Es decir, con esto se va a aumentar el desorden. Eso entorpece el normal desarrollo de nuestro comercio. Ahora, tenemos el problema de venta y consumo (de sustancias psicoactivas) en el parque de Galarza. No imagino cuando puedan expandirse por todo el sector”, dijo. 

Por su lado, Carlos Alberto Rodríguez, representante del sector de parqueaderos, consideró que el proyecto no es viable porque restringe la movilidad de vehículos y, en consecuencia, se desplomaría la ocupación de los estacionamientos. 

“No hay necesidad de peatonalizar esa vía. Hay que buscar soluciones. Si de aquí a mañana toca tomar acciones, toca porque es el sustento diario de nosotros, trabajamos el día a día, pagamos los arriendos, impuestos, empleados y servicios. Sería fatal”, dijo. 

Ivonne Ramírez, vocera de los libreros del parque Andrés López de Galarza, sostuvo que la peatonalización impactaría la afluencia de clientes porque buena parte de ellos se acercan a los puestos mediante vehículos particulares. Adicional a eso, señaló que se podría agudizar los problemas de seguridad en el sector, conocido por el expendio de estupefacientes y la presencia de habitantes de la calle. 

“Para nosotros sería traumático el proyecto, sin contar que venimos presentando muchas dificultades económicas y sociales porque el desarrollo de la actividad de nosotros en el parque de Galarza se ha visto afectada por la inseguridad. Hemos solicitado reubicaciones, la Policía nos ha colaborado, pero esto no se ha solucionado. No he escuchado qué garantías vamos a tener”, indicó la mujer.

Capturas de pantalla/EL NUEVO DÍA

Juan Camilo Giraldo, Carlos Alberto Rodríguez e Ivonne Ramírez, propietarios y administradores de establecimientos en la carrera Tercera.

Acciones complementarias 

Ya que una de las principales preocupaciones de los comerciantes tiene que ver con los vendedores informales, Alba Lucía García, secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué, dijo en el Concejo que se han aplicado herramientas de formalización que incluyen, entre otros, descuentos tributarios.

La funcionaria recordó que hace pocos días, en un trabajo coordinado con líderes gremiales, trabajadores, sindicatos, vendedores informales, academia, y otros actores públicos y privados, arrancó la construcción de acciones de gobierno para mejorar y dignificar el empleo y reducir la informalidad. 

Juan Diego Prada, director de Espacio Público, indicó que se han adelantando procesos de sensibilización por la ocupación indebida de la vía pública, además han identificado a las personas que, sin estar en condición de debilidad y teniendo la capacidad adquisitiva para comprar motos de hasta $15 millones, promueven las ventas informales. 

“Muchos de estos vendedores que vemos en las esquinas con puestos grandísimos llevan años tras años y no les importa una reubicación u obtener un local en algún centro comercial (...) son personas que hemos abordado, con el acompañamiento de la Policía, para restituir el espacio público”, indicó Prada.

Archivo / EL NUEVO DÍA

El parque Andrés López de Galarza, conocido por problemas de salubridad e inseguridad, está en el área de influencia del proyecto.