Debido a la situación presentada por el centro de enseñanza automovilístico, la jueza Diana Paola Yepes no encontró responsable a la Administración Municipal señalando que la competencia de vigilancia y control le corresponde al Ministerio del Transporte, y a su vez a la Superintendencia de Transporte.

Los 37 demandantes vincularon a la Secretaría de Movilidad en un proceso jurídico, a través de una acción constitucional, llevado a cabo por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, que falló a favor del municipio declarando la improcedencia de la tutela.

“Acudimos a nuestros mecanismos de defensa contestando las respectivas demandas, y finalmente la decisión del juzgado fue desvincularnos ya que no somos competentes para resolver las solicitudes presentadas por estos accionantes”, afirmó Luis Linares, director de Asuntos Jurídicos de la secretaría de Movilidad.

Así las cosas, tanto la Gobernación del Tolima, con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, y la Alcaldía de Ibagué, con la dependencia de Movilidad, fueron exonerados por la falta del requisito de subsidiariedad, es decir que no se agotaron los medios de ordinarios de defensa para una adecuada protección de los derechos.