El pasado 29 de diciembre, la empresa de acueducto y alcantarillado, Ibal, finalmente declaró desierto el proceso de contratación de régimen especial con el que se pretendía seleccionar al encargado de la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (Ptap) en Boquerón, en donde se invierten más de $26 mil millones.

La decisión se tomó siguiendo las recomendaciones del comité evaluador del ente descentralizado que señaló que el único interesado no cumplió con las exigencias técnicas.

En medio del proceso la veeduría Total824 denunció una serie de inconsistencias en las certificaciones laborales allegadas en relación al equipo de trabajo exigido por parte del único interesado en el trámite. 

La veeduría ha indicado que la Unión Temporal Obras Hidráulicas, representada legalmente por Duván Ramírez Bayona, ha incurrido presuntamente en el delito de falsedad en documento público, toda vez que habría incluido dentro de su propuesta el nombre del ingeniero Óscar Efrén Ospina, profesional, especialista ambiental, quien a través del portal Secop II negó tener algún vínculo con la Unión Temporal e incluso reseñó que su trabajo estaba dedicado a la academia. 

Así las cosas, vía derecho de petición, le solicitó al Ibal que remita copia de las denuncias elevadas a las entidades respectivas, toda vez que reseñan que la empresa ya conoce las irregularidades que se registraron en el trámite. 

“Cabe recordarle muy respetuosamente a la señora gerente y a los funcionarios que participaron en la invitación pública No. 195 de 2022; que como ya conocen los hechos irregulares detectados y publicados en el informe definitivo y en las respuestas a las observaciones del proceso, en los que está involucrado el ingeniero Óscar Efrén Ospina Zúñiga; quien ha puesto de manifiesto que su nombre ha sido usado ilegalmente por el proponente del consorcio Obras Hidráulicas; es su deber poner en conocimiento de las autoridades a la mayor brevedad tales hechos, so pena de incurrir en omisión de denuncia”, reseñó la veeduría. 

Cabe resaltar que la situación cobra importancia, ya que se habría presentado un posible documento falso en un proceso de contratación con una entidad pública y que compromete un número importante de recursos del erario. 

Dentro de la solicitud elevada por la veeduría se pide que se muestren las denuncias, los presuntos hechos delictivos en que se incurre, así como la fecha de radicación y los organismos a los que se le puso de presente tal situación. 

¿Qué dice el Ibal?

En medio de sus respuestas a las observaciones del informe final de evaluación y luego de que la misma veeduría señalara al Ibal de tomar acciones “someras” frente a lo denunciado, desde la entidad se dejó claro que “la entidad presentará las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes”. 

Así mismo, frente a las afirmaciones y acusaciones frente a funcionarios del Ibal e integrantes del comité evaluador, “se recuerda a la veeduría la obligación de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas, y de no hacer acusaciones temerarias que atentan contra el buen nombre de los funcionarios, máxime si como queda demostrado en las respuestas a todas y cada una de las observaciones recibidas, la entidad adelantó el proceso de contratación en estricta aplicación del manual de contratación vigente y de los términos de referencia que rigen el proceso”, sostuvo. 

La veeduría, que apareció en medio del proceso de selección, ha remitido sus denuncias a la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría General de la República, Personería y Contraloría municipal. 

Datos

- Para el millonario proceso que comprende una nueva fase del proyecto Acueducto Complementario solo se presentó un interesado quien logró allegar todo lo requerido en un trámite que se hubiera resuelto en menos de 15 días de no ser por las denuncias allegadas. 

- $26.405 millones tiene dispuestos el Ibal para iniciar la nueva obra que se espera sea una solución a los problemas de agua potable en los acueductos comunitarios del sur de Ibagué. 

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