Hace varios días en un medio radial, Restrepo, mientras entregaba un balance sobre la pólvora incautada y las personas afectadas por los elementos pirotécnicos, hizo un llamado “respetuoso” al Bienestar Familiar, pero pidiendo la intervención de los órganos de control.

“Por qué el Icbf, que debe restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, por omisión, por pereza o por otra acción diferente a la que lo envía la ley como competencia y como obligación, se ha sustraído de hacer presencia en este tipo de escenarios donde hay menores de edad y quienes por competencia legal y constitucional son los únicos obligados y los defensores de familia trabajar 24 horas (...)”, comentó el funcionario.

Con esas palabras dio a entender que la entidad no estaba cumpliendo sus labores. 

Lo anterior llevó a que mediante un comunicado, la Seccional Tolima del Sindicato de Trabajadores del Bienestar Familiar, Sintrabienestar, rechazara las declaraciones como “difamatorias” del funcionario porque acotó, se desconoce el deber reglado y funcional de las Autoridades Administrativas y pone en tela de juicio el rigor del quehacer en la misma.

“El funcionario de marras desvaría con sus imprecisiones imaginarias sobre la competencia y horarios de trabajo de los Defensores de Familia, pero aún más cuando los responsabiliza por la atención permanente y continua de los Despachos Defensoriales que lideran, obviando que es deber del Estado Colombiano apropiar lo necesario para cumplir con el mandato legal en mora desde el año 2006, en que se aprobó el Código de Infancia, y  Adolescencia que así lo dispuso”, se lee en el documento emitido.

Asimismo, el Sindicato dejó estipulado que acudirá a las autoridades jurisdiccionales en defensa del buen nombre de los Defensores de Familia y del Icbf.

Días antes del comunicado, la directora del Bienestar Familiar del Tolima, María Victoria Fajardo, dijo que desde la institución se adelantaban acciones de prevención, promoción, sensibilización, pero la responsabilidad principal está en los padres de familia o cuidadores.

“Podemos tomar medidas de restablecimiento de derechos, podemos llevar a los niños de pronto a una institución de protección, pero de eso no se trata, los niños además de tener derecho a vivir en unos entornos protectores deben tener derecho a estar con su familia”, puntualizó Fajardo.

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