El pasado 27 de septiembre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima sancionó por cuatro meses al abogado Andrés Felipe Caballero, defensa del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado en el sonado caso de los piques ilegales, en el que está involucrado desde que fue gerente del Aeropuerto Perales. 

Para la Comisión Caballero Sierra es disciplinariamente responsable de la falta descrita en el artículo 33 número Ocho de la ley 1123 de 2007, por conductas que "atentan contra los principios del debido proceso, y como en este caso contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado; más aún cuando los hechos investigados están estrechamente relacionados con unos delitos que conmocionan a la sociedad del Tolima y la comunidad deportiva nacional para la época de los juegos nacionales", señala el  magistrado. 

Según se advierte los constantes aplazamientos de las audiencias que se extendieron por un lapso de siete meses, se hicieron sin un hecho que justificara su comportamiento. "tales conductas desprestigian la profesión; pues es claro que como abogado que representa intereses ajenos y comprometido con una representación judicial, está obligado a realizar en su oportunidad las actividades confiadas por sus clientes", reza el documento. 

Es que en una cronología de los hechos quedó expuesto como la defensa del alcalde Hurtado pidió en repetidas ocasiones que se aplacen las diligencias, lo hizo el 29 de agosto, el 2 de septiembre, y el 3 de octubre del 2022. Para este año también hizo las solicitudes, el 17 de marzo.

La Fiscalía indicó que en el proceso los diferentes abogados del alcalde de Ibagué presentaron varias solicitudes de aplazamiento, "lo cual, torpedeó el normal desarrollo del proceso", esto pese a que está entidad sí estaba preparada.

Aunque la entidad sostuvo que fue evidente la dilación al proceso de investigación, que derivó en que prescribiera el delito por el que se le acusaba a Hurtado de peculado por uso, también reseñó que para ese entonces Caballero Sierra no actuaba en ese proceso; sin embargo, en la etapa del juicio oral por el otro delito que está vigente sobre el mandatario -ocultamiento y alteración de material probatorio- sí habrían varios solicitudes de aplazamiento de diligencias. 

El representante de la Procuraduría también dejó claro que le advirtió al juez segundo penal del circuito de Ibagué. "que tales solicitudes de aplazamiento, se podría tratar de maniobras dilatorias por parte de los abogados de la defensa". 

Sobre los hechos y ante la Comisión, Caballero Sierra en una versión libre justificó sus solicitudes, por aparentes retrasos y cruces entre audiencias.

El origen de la decisión

Frente a la sanción contra la defensa de Hurtado, cabe recordar que en enero de 2021, Guillermo Pérez, e precandidato a la Alcaldía, Guillermo Hinestroza y el exconcejal Rubén Darío Correa interpusieron una queja disciplinaria contra el juez segundo penal del circuito y los abogados Humberto Escobar, Javier Enrique Hurtado y Andrés Felipe Caballero "por las acciones, omisiones e incumplimiento de sus deberes".

Los antes mencionados señalaron que las maniobras dilatorias eran evidentes y reiteradas desde el 2021. 

¿Crónica de una burla?

Según reseñó Guillermo Pérez lo que ocurre con el caso del alcalde Hurtado por los piques ilegales se ha convertido en una burla y en una "estrategia de dilación" pese a que existieron los respectivos llamados al juez y las advertencias de la Fiscalía. 

"En enero de 2022, cuando era evidente que la acción penal prescribiría, presenté ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima – Sala Disciplinaria, en compañía de Guillermo Hinestroza y Rubén Darío Correa (quien firmó virtualmente, pues estaba fuera del país), un derecho de petición para que se investigara la conducta de Beltrán y de los abogados de Hurtado. Aportamos las pruebas aportadas por la prensa local. En ese momento, desafié a Hurtado a que si creía ser inocente renunciara a la prescripción de la acción penal. Obviamente no lo hizo. ¡Cómo iba a hacerlo! Se burló de la justicia", señaló Pérez.  

Y agregó, "el pasado 27 de septiembre, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima se pronunció: sancionó con una suspensión de cuatro meses de ejercicio profesional a Andrés Felipe Caballero Sierra, abogado del alcalde de la ciudad. Esta decisión prueba que sí existió esa vulgar maturranga. Al juez Beltrán y a sus otros abogados no les pasó nada. Hurtado nunca pudo probar su inocencia, simplemente se benefició de la prescripción. Sus delitos quedaron impunes. Estarán felices y riéndose de todos. No soy parte en este proceso y no podré interponer ningún recurso contra la mencionada sentencia, que impone una inocua e inicua sanción a quien ha sido determinante para que haya impunidad. No creo que nadie lo haga. Ni siquiera el indigno caballero responsable de abusar de las vías de derecho. Puede irse de vacaciones. Jugosos honorarios ha debido recibir, pagados por supuesto por todos los contribuyentes, que son la fuente de los recursos de Hurtado". 

Continua el proceso

El viernes pasado continuó el juicio contra Hurtado esta vez por el delito de ocultamiento y alteración de material probatorio, así lo dio a conocer el mismo abogado Caballero Sierra, en redes sociales. Según se conoció la defensa busca librar al alcalde Hurtado de este delito señalando que presuntamente no hay una alteración del material, pues no hay evidencia en cámaras de seguridad en donde se vea la realización de los famosos piques. Cabe reseñar que en las pruebas de la Fiscalía una de ellas las filmaciones, lo que se logra ver son las cámaras de seguridad apuntando a puntos muertos o paredes. 

Dato:

• El alcalde es procesado porque la noche del 3 y la madrugada del 4 de abril de 2014, siendo administrador del aeropuerto Perales, permitió el ingreso de 51 vehículos y dos motocicletas para la celebración, al parecer clandestina, de ‘piques’ en la pista.
   

• El pasado 31 de noviembre de  2021 precluyó el delito de peculado por uso por el que se acusaba a Hurtado, sigue vigente la acusación por ocultamiento y alteración de material probatorio.