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Estos Diálogos Regionales responden al propósito del Gobierno nacional de adelantar una gestión gubernamental incluyente, buscando en este caso que el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 esté soportado no solo en el cálculo de los especialistas de Hacienda y Planeación, y hasta de pronto en presiones injustificadas, sino también en los criterios de los beneficiarios, que han de ser principalmente los sectores más vulnerables de la población, sin desconocer las necesidades de los demás sectores.
La participación en los diálogos no contó con ningún tipo de restricción ni tampoco las opiniones que en ellos plantearon los asistentes. Esto confirmó lo que se esperaba de este evento: que fuera una verdadera escuela de democracia. Así mismo, se espera que haya dejado en el espíritu de los asistentes la convicción de que con Gustavo Petro, al contrario de la usanza tradicional, se podrá contar con unas instituciones que los escucha y actúa en función de atender las expectativas de la población, siempre dentro del criterio de que el ser humano está por encima de los intereses del gran capital.
Por supuesto que este diálogo, y muy seguramente los otros que se han realizado, tuvo sus limitaciones: Una de ellas está relacionada con el hecho de que la gran mayoría de las iniciativas que se han presentado no rebasan el marco de los tradicionales problemas de que siempre nos hemos quejado sin haber encontrado nunca una institucionalidad dispuesta a prestar la debida atención.
Otra hace referencia a las contradicciones existentes entre algunas propuestas, lo cual es natural que se presente dado que hubo participación de personas de distintos orígenes geográficos, económicos, étnicos, ocupacionales y de condición sexual.
Una de las consecuencias que puede generar la anterior contradicción es que sea aprovechada de manera aviesa por la oposición con el fin de desconocerles la naturaleza vinculante que el propio Petro ha querido imprimir a estos diálogos.
Tal naturaleza vinculante sujeta al Gobierno a la obligación de cumplir lo que de ellos salga, y hace inaceptable cualquier oposición que pretenda hacérsele a su implementación. Pero como la habrá, la ciudadanía debe ponerse en estado de alerta, y ello lleva implícita la obligación de organizarse para la movilización, si es necesario. No de otra forma podrá hacer frente a tal actitud y alimentar el ánimo de las fuerzas que en el Gobierno y el Congreso pugnan por sacar adelante la voluntad ciudadana.
¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!
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