Ingresó en malas condiciones de salud, falta de aseo e higiene; traumas múltiples en el cráneo, hematoma occipital, laceraciones en la boca, ausencia del tabique nasal, cicatrizaciones hipopigmentadas antiguas en la piel, lesiones a nivel genital e insuficiencia respiratoria.

La menor de edad falleció hacia el mediodía del 22 de abril de 2017 en el hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, a donde quedó sola, sin ninguna persona que la acompañara. 

Condena para ex comisaria 

El día de ayer 24 de febrero, fue condenada a 5 años y cuatro meses de prisión, Katherine de Los Ángeles García Rodríguez, excomisaria de familia en el Tolima, por los delitos de prevaricato por omisión en concurso heterogéneo con prevaricato por acción.

Por sendas irregularidades presentadas en el proceso de protección de una menor de 3 años de edad, la cual falleció por su estado de desnutrición y maltrato físico severo en el año 2017, cuando se encontraba bajo la custodia de sus padrinos.

La exfuncionaria no cumplió con sus funciones, pues no garantizó, protegió ni reparó los derechos de la menor de edad y suscribió un acta para dejar a cargo de la madrina y su esposo a la niña.

La Fiscalía, a través de un despacho seccional de Lérida, que llevó a cabo el juicio, encontró que la funcionaria, para el momento de los hechos, debió haberse apoyado en otras entidades, antes de darles la custodia a los padrinos. Buscar familia extensa o un hogar sustituto y así asegurar su protección.

Meses después de que la pareja quedara con su custodia, la niña ingresó al hospital con una picadura de abeja en su rostro. En esa oportunidad los médicos detectaron, además, que la niña se encontraba en estado de abandono, con signos claros de maltrato infantil, desnutrición y descalcificación, lo que fue reportado a la comisaria García Rodríguez, quien no hizo nada al respecto.

Posteriormente la niña murió. El ente acusador concluyó que la mujer se saltó todas las normas legales e hizo caso omiso a las alertas que las autoridades competentes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le dieron, negándose a restablecer los derechos de la niña.

Su tortura

La menor de edad llegó al hogar de sus padrinos el 4 de marzo de 2016, cuando la progenitora Ruth Salazar Palacio, en la Comisaría de Familia de Armero-Guayabal, les otorgó la custodia personal y solidaria de la menor a Ángela Johana Guerra Urueña y Edilberto Rojas Torres. 

Como lo había indicado el Juez de primera instancia: “La niña se acostumbró al maltrato a su corta edad”.

Recoge el fallo de segunda instancia que la tortura de la pequeña inició el 26 de mayo de 2016 cuando fue ingresada al hospital Nelson Restrepo Martínez de Armero–Guayabal, donde según el diagnóstico médico ‘Sarita’ tenía una alergia o celulitis en su rostro, una quemadura por la aplicación de vinagre y anemia severa. 

Por lo anterior, la niña fue remitida hasta el hospital Regional del Líbano, donde observaron que tenía abrasiones superficiales en el rostro, quemaduras grado II, signos de desnutrición, ligera anemia, déficit de hierro y desnutrición proteico calórica, morados en el mentón y ausencia de cabello por fracción – halado, lo cual era sospechosamente compatible con maltrato infantil. De este centro asistencial salió sin ningún tipo de seguimiento por el maltrato infantil. 

Durante el juicio se demostró que ‘Sarita’ estaba desescolarizada pues los padrinos la retiraron del Centro de Desarrollo Infantil Jardín Mis Sueños, lo que demostró desinterés y abandono de la víctima por parte de los acusados.

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