Ni ella ni su familia han tenido paz

Desde España, donde reside hace casi seis meses, y a donde llegó a pasar dificultades económicas, Luz Ángela Lizcano Ramírez relató la terrible situación que afronta desde que decidió poner fin a su relación con Javier Leonardo Rojas Rodríguez, con quien convivió cuatro años, cuando ambos residían en  Espinal. “Se obsesionó, me prohibía todo. Desde cómo vestirme hasta visitar a mi familia o tener redes sociales. No pude terminar mi carrera de Psicología”, contó la tolimense.

Tras romper con el individuo, Luz Ángela instauró una denuncia en Espinal por el acoso que sufría, pero siempre le respondieron que había una larga lista de casos en espera. Entre tanto, ella temía incluso enviar a sus hijos (fruto de otra relación) al colegio, por miedo a que Javier les hiciera algo. 

Ante el desespero, ella se trasladó con su familia a Ibagué, pero su expareja la localizó e intentó llamar su atención por otros medios. 

“Se fue para el puente de La Variante y amenazó con lanzarse porque según él, la vida sin mí no tenía sentido. También amenazó con tirar papas bomba al conjunto donde vivíamos”, relató con horror la mujer, quien agregó que debió mudarse a conjuntos con portero, por la seguridad de los niños.

La situación interfirió en su economía, pues la denunciante es madre cabeza de hogar, pero temía incluso salir a trabajar. Ante el miedo y el desespero, recurrió a la Fiscalía de Ibagué, donde presentó como pruebas los audios y mensajes amenazantes que recibía de diferentes números, pues debía bloquear al sujeto cada vez que reaparecía.

Sin embargo, por insólito que parezca, una vez recibida la denuncia, le respondieron que debía irse del país porque no la podían proteger y sugirieron que estando en el exterior dejara de bloquear a su agresor, y estableciera contacto telefónico con él para que no le hiciera daño a su familia.

Luz Ángela también manifestó que en la distancia perdió la custodia de sus hijos, debido a su permanencia en otro país, pese a que con esfuerzo responde económicamente por ellos. Asimismo, contó que al momento de su viaje, sus hijos debieron permanecer tres meses bajo protección de la Fiscalía, debido al riesgo que corrieron.

La mujer pide que las autoridades actúen, extendiendo la protección a su familia e investigando las actuaciones del sujeto, pues le han indicado que no existen pruebas suficientes contra él y que debe haber flagrancia para acusarlo.

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