El Gobierno de Nayib Bukele pidió al Congreso, de amplia mayoría oficialista, poderes especiales para contrarrestar la ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. La medida se ha prorrogado en 9 ocasiones con más de 60.000 detenciones de supuestos pandilleros.

Cristosal señaló en un boletín que ha recibido 3.056 denuncias con 3.181 personas afectadas en sus derechos, de las que el 59 % son jóvenes entre los 18 y 30 años.

Agregó que 55 casos son de personas de la población Lgtbi, el 86 % del total de afectados son hombres y el 97,3 % de las denuncias son por “detenciones arbitrarias”.

Estas cifras, que sumadas a las que las denuncias por violaciones a derechos humanos de otras organizaciones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), superan las 7.400 denuncias hasta el 12 de diciembre.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la noche del miércoles la novena prórroga por 30 días más del régimen de excepción, con lo que el país centroamericano cerrará 2022 bajo esta medida, que suspende varios derechos constitucionales, como la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones.

El 25 de octubre pasado, el Gobierno de Bukele y el resto de órganos del Estado se negaron a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de DD. HH. sobre las denuncias de muertes de detenidos, supuestas torturas y detenciones arbitrarias.

La procuradora de Derechos Humanos, indicó que 2.100 personas supuestamente han sido liberadas, de acuerdo con datos que le comunicó el ministro de Seguridad.