El crimen del líder de restitución de tierras, Jairo Mejía Martínez, en Sucre, será investigado y sus atacantes perseguidos, así lo manifestó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

“Corresponde al Gobierno averiguar y perseguir a los responsables del asesinato de esta y de toda persona en el país”, señaló el representante del Gobierno.

La muerte de Mejía Martínez, se suma a la recientemente conocida en el Chocó contra una hija de un reclamante de tierras, en mayo. Lo mismo sucedió en marzo en Urabá, con otro líder campesino y su hijo.

La ley de restitución de tierra, que tiene como propósito para el 2014 haber devuelto unos dos millones de hectáreas a cerca de 400 mil familias desplazadas por la violencia, dejó el año pasado al menos ocho líderes campesinos reclamantes de tierras asesinados en Colombia.

La OEA
Ante estos hechos, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó el asesinato del reclamante de tierras Jairo Mejía Martínez.

“Mejía Martínez, estaba participando como reclamante en los procesos de restitución de tierras casi desde el inicio de la Ley 1448, y ya había sido víctima de un atentado hace casi un año atrás”, señala el comunicado de prensa.

Para la OEA, las amenazas y asesinatos de reclamantes de tierras, son hechos graves que dificultan seriamente el proceso de buscar la reparación integral de las víctimas del conflicto en Colombia.

“Nos sumamos al llamado del presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que el Estado ponga todos los recursos a su disposición que permitan esclarecer los hechos, investigar y juzgar a los responsables”, dice un aparte de la comunicación.

Por su parte, Marcelo Álvarez, jefe de la misión de la OEA en Colombia, expresó su apoyo a los seres queridos de la víctima y su interés en seguir luchando por las personas afectadas por el desplazamiento.

“Enviamos toda nuestra solidaridad a la familia del señor Mejía y reiteramos ante estos hechos que con más empeño y trabajo daremos todo nuestro apoyo para acompañar a la sociedad y al Estado colombiano en sus esfuerzos por restituir las tierras a las víctimas del conflicto armado, y por reparar integralmente a las comunidades afectadas del país”, puntualizó Álvarez.

DATO
Según la Defensoría del Pueblo en los últimos siete años cerca de 67 líderes campesinos, vinculados a procesos de restitución de tierras, han sido asesinados de manera violenta por grupos armados ilegales y sus muertes han quedado en la impunidad.