El general (r) de la Policía Mauricio Santoyo, acusado por un fiscal de la corte del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, de haber conspirado para traficar drogas hacia ese país, se entregó en Bogotá a autoridades estadounidenses.

El hecho fue confirmado por el director de la Policía, general José Roberto León Riaño, quien aseguró que Santoyo ya venía adelantando contactos con esas autoridades.

“La información en este sentido es que él hizo contactos con las agencias norteamericanas, se presentó ante las autoridades norteamericanas, viajó surtiendo todos los trámites de salida del país como cualquier colombiano, y viajó a Estados Unidos con un permiso especial transitorio que le fue suministrado por el gobierno norteamericano”, dijo León Riaño.

“Todo el procedimiento fue con las autoridades norteamericanas”, enfatizó el oficial, sin dar detalles de si Santoyo salió desde el aeropuerto Eldorado, la base de Catam o el hangar que la DEA.

Señaló que la Policía ya se ha pronunciado indicando que esa es una “falsa acusación”. “En muchos de estos casos la justicia colombiana se ha pronunciado y absolvió al general Naranjo y a otros generales después de investigaciones acerca de esos hechos que consideramos falsedades y que están dirigidas a minar la convicción y la firmeza de la Policía Nacional en la lucha total contra el narcotráfico”.

Santoyo no tiene orden de captura en Colombia, por lo que sus abogados llegaron a un acuerdo para que la entrega se hiciera directamente ante la DEA (Departamento antidrogas de EE.UU.), cuyos agentes lo recibieron, de acuerdo con declaraciones extraoficiales, en el aeropuerto Eldorado, de Bogotá.     

El caso del general
En 2003, la Procuraduría destituyó a Santoyo, entonces jefe del Gaula de la Policía, por avalar que hombres a su cargo tramitaran ante las Empresas Públicas de Medellín cerca de 1.800 interceptaciones telefónicas ilegales con autorizaciones de fiscales falsas.

Esa decisión, ratificada en 2004, fue demandada ante el Consejo de Estado y esa corporación en 2006 decretó la suspensión provisional de la sanción por encontrar que la Procuraduría la profirió fuera del tiempo expedito para hacerlo, esto es, cinco años.