Por ahora, su abogado, Luis Ignacio Lyons, trata de conseguir que Tapia sea trasladado a un lugar diferente al que alberga a los también contratistas investigados por los mismos hechos.

Tapia se presentó el pasado jueves ante la Juez 60 de control de garantías de la capital del país, quien, después de que la Fiscalía le imputó tres delitos, decidió enviarlo a prisión de manera preventiva, pese a que el ente acusador solicitó que solo le fuera restringida la salida del país.

La medida fue impuesta por la juez por considerar que el procesado es un peligro para la sociedad, por lo que debe estar privado de la libertad en centro de reclusión, en donde permanecerá mientras se adelanta el proceso en su contra por concierto para delinquir simple, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

De acuerdo con el fiscal Ricardo González, Tapia participó en varias reuniones en las oficinas Dávila Dávila Asociados con los contratistas Julio Gómez y Álvaro Dávila, para tratar temas de direccionamiento en la adjudicación de los contratos.

Según el fiscal del caso, Tapia además se reunió con Dávila y Gómez para acordar el pago de comisiones, con el fin de garantizar la adjudicación de contratos y participó en reuniones para crear las propuestas para entregar al IDU y, así, garantizar los contratos.