El ministerio público estableció que González Villa consistió la ejecución de un contrato de interventoría técnica de ocho contratos de obra pública, consistentes en la construcción y reparación de vías, así como en la construcción y adecuación de edificaciones, pese a que la Universidad no tenía la capacidad técnica para asumir esa labor.

"(...) Ni tampoco podía demostrar una experiencia específica en interventorías de trabajos de construcción y reparación de vías o de trabajos de construcción o adecuación de edificaciones", señala la Procuraduría.

La investigación evidenció que “las labores propias de la interventoría de obras pactadas con la universidad, en verdad fueron subcontratadas, con el fin de que fueran unos terceros quienes ejecutaran dicho objeto contractual, con lo cual es evidente la incapacidad de la Universidad para ejecutar el convenio, como que tuvo que acudir a 20 subcontratistas para que éstos realizaran la labor de interventoría requerida para las obras civiles que había contratado la Alcaldía de Neiva”, precisa el fallo.

El ministerio público suspendió por estos hechos por cuatro meses a la hoy gobernadora, pero como ya no es alcaldesa, la suspensión se convierte en una multa equivalente a cuatro meses del salario devengado para la época de los hechos.