por los daños causados, mientras este permaneció privado de la libertad, la Defensoría del Pueblo señaló que la determinación no es más que una advertencia.
La entidad resalta que historias como estas, donde se deben pagar cerca de 100 millones de pesos, se pueden repetir si no se es consciente de defender la dignidad humana de los reclusos.
Ante la sentencia, el Defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, prendió las alarmas porque dice que dicha “demanda sienta un precedente y permitiría que muchos más reclusos tomen acciones similares, ante las dificultades del Estado para mantener a la población reclusa en adecuadas condiciones de salubridad”.
Según Otálora Gómez, el hacinamiento en los centros de reclusión actualmente alcanza niveles del 40 por ciento en el país e incluso llega al 147 por ciento en la cárcel La Modelo de Bogotá.
La Defensoría agrega que luego del fallo proferido en Antioquia, el Inpec interpuso un recurso de apelación ante el Consejo de Estado y actualmente se estudia en su Sección Quinta.
“He solicitado al Gobierno que tome unas medidas urgentes, porque de ser confirmado este fallo ante el Consejo de Estado, serían en total 130 mil personas reclusas las que podrían verse motivadas a instaurar demandas contra el Estado”, destacó Otálora Gómez.
La entidad informó, además, que es urgente tomar cartas en el asunto y evitar multimillonarias demandas y reconoce que la política pública en materia carcelaria viene adelantando un plan para aumentar la capacidad de las cárceles, aunque resalta que es una solución de largo plazo.
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