Esta ley “garantiza fuentes de financiación para el Fondo para la modernización, descongestión y bienestar de la administración de justicia, destinado a hacer realidad la oralidad y a la creación de los juzgados de extinción de dominio”, señaló al respecto el presidente Santos.

Y es que si en algo están de acuerdo tanto los funcionarios judiciales, como el Gobierno y la academia, es que una de las razones por las que la justicia en Colombia está en crisis, es por la falta de recursos.

Precisamente para eso se expidió La Ley de Alternativas de Financiamiento de la Rama Judicial, que como su nombre lo indica, prevé una serie de medidas destinadas a la obtención de recursos adicionales para el aparato judicial, sin perjuicio de la asignación que se le haga anualmente por medio de la Ley General de Presupuesto.

Entre esas nuevas fuentes de financiación, que durante el primer año de vigencia de la ley podrían llegar a recaudar más de $600 mil millones, están los depósitos judiciales que se encuentran en el Banco Agrario y no han sido reclamados.