La Sala Laboral de la Corte indicó que no hay norma que diga que las pruebas de alcoholemia sean exclusivas de ese Instituto y recordó que en determinados sectores de producción y en ciertas empresas, “el hecho de presentarse al trabajo en estado de embriaguez puede tener mayores niveles de gravedad, por el alto riesgo que entraña para la seguridad de las personas y de los bienes de la empresa”.

En ese sentido, “resulta apenas legítimo que el empleador pueda mantener dispositivos que le permitan auscultar dicha situación, dentro de una política válida de prevención y control de la accidentalidad”.

Casos específicos

Para la Corte, esto es evidente para casos como operarios, pilotos, cirujanos, conductores de vehículos, entre otros, “pues es claro que una alteración de sus condiciones físicas e intelectivas normales, no solo pone en riesgo su propia integridad, por la cual debe velar la empresa, sino la de la empresa y la de la comunidad misma”.

Además, dice la Corte, que si presentarse al trabajo en estado de embriaguez está calificado como una infracción grave, bien sea en el contrato de trabajo, el reglamento interno o la convención colectiva, se debe presumir que el trabajador lo sabe y debe aceptar someterse a la prueba.

“(…) Debe asumir el uso de los dispositivos para medir el grado de embriaguez etílica como una carga legítima, no invasiva de sus derechos fundamentales, previamente concebida y que tiene fines adecuados y razonables, como la seguridad de todos los trabajadores y la prevención de la accidentalidad”, dice la Corte.