El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, quien estuvo en el encuentro, manifestó que continuarán abriéndose espacios de diálogo con el jefe del Ministerio Público, quien ha mantenido en el curso una postura crítica sobre la negociación.

“Estamos de acuerdo en que no puede haber paz sobre la impunidad, ese es un propósito compartido por el Gobierno y la Procuraduría. En segundo lugar estamos de acuerdo en la necesidad de que la dejación de armas, que ya fue pactada, sea efectiva y transparente”, dijo el negociador.

Santos y Ordóñez también concluyeron que, de firmarse un acuerdo de paz, se debe garantizar una reincorporación plena de la guerrilla a la vida civil, sin armas y en democracia. Así mismo, quedó claro que el reconocimiento de responsabilidades no podrá ser evadido por ningún actor del conflicto.

Las dudas del Procurador

A pesar que valoró positivamente la reunión con el Presidente de la República, Alejandro Ordóñez manifestó que no obtuvo respuestas satisfactorias sobre algunos puntos que le preocupan sobre el proceso de paz.

Según explicó Ordóñez, se trata de precisiones sobre algunos términos en los cuáles habría interpretaciones distintas entre la Procuraduría y el Gobierno nacional.

En ese sentido, el Procurador dijo que para la entidad que dirige, ‘Paz sin impunidad’, implica penas de cárcel efectivas para responsables de crímenes atroces. “Espero que en ese sentido se pronuncie el Gobierno”, señaló.

Igualmente, “dejación de armas” para la Procuraduría es desarme total y absoluto de las Farc y desarticulación de ese grupo como aparato criminal. “Espero que así lo interprete y lo defienda el Gobierno en la mesa de conversaciones de La Habana”, insistió.

El Procurador Ordóñez dijo que las Farc deben acceder, a través de su cúpula, a aceptar y confesar que han cometido crímenes atroces, que han ejecutado de manera consciente el secuestro, la desaparición forzada, el homicidio y el reclutamiento de niños como una política sistemática y a gran escala. “Deben aceptar su responsabilidad. Espero que ese sea el sentido que le dé el Gobierno a ese reconocimiento como victimario”, señaló.

Alejandro Ordóñez dijo que preocupa a la Procuraduría, así como a amplios sectores de la sociedad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; e indicó que el Gobierno se debe comprometer a que se revela la suerte de 2.760 desaparecidos por las Farc.