La Corte hizo el pronunciamiento al estudiar el caso de un hombre sordociego quien exigía la contratación de guías-intérpretes, porque los requería para su comunicación y aprendizaje debido a que cursa estudios de psicología, gracias a una beca que se ganó con el Icetex en la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá.

Al estudiar el caso y las normas vigentes, la Corte señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar a la población con discapacidad el acceso a la educación superior, a través de programas, medidas y/o acciones afirmativas que permitan la inclusión de esta población a la sociedad.