El Ministerio Público solicitó al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, para que rindan un informe sobre las consecuencias del fallo de tutela de la Corte Constitucional que ordenó seguir con el proceso de revocatoria.

Dicho informe deberá estar rendido en términos de sostenibilidad fiscal y se deberán explicar los planes que cada cual tomará en este caso, en un proceso que podría ascender a los 30 mil millones de pesos.

Cabe recordar que a petición de la Registraduría, el procurador, Alejandro Ordóñez, presentó un incidente de impacto fiscal ante la Corte para que se reconsidere o se anule la orden de realizar dicha revocatoria.

Actualmente, la Corte estudia también una petición de nulidad de dicho fallo en el que podría utilizarse, si es sancionada próximamente por el Presidente, la nueva ley de participación ciudadana que indicó que las revocatorias no se pueden inscribir, ni realizar en el primer y en el último año de mandato de un alcalde.