De acuerdo con el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón “se trata de optimizar y hacer oportunas nuestras intervenciones, dado que la evaluación realizada en los últimos años por la CGR apenas se ocupó de 11 de las 55 concesiones portuarias y, además, el último estudio realizado al sector portuario data de 2010”.

Según Maya “igual pasa con el control micro que se ha realizado al sector, precario y limitado en número de intervenciones pero no por ello menos útil, pues por ejemplo si bien apenas se han desarrollado actuaciones de control sobre 12 de los 90 permisos portuarios existentes, ello sirvió para detectar presuntos detrimentos al patrimonio público que ascendían a los $483.762 millones”. El Contralor afirmó que “tal información fue utilizada por la Agencia Nacional de Infraestructura y CorMagdalena para desarrollar acciones correctivas que les permitieron renegociaciones a favor de los intereses del Estado por $13.600 millones, suma que a todas luces resulta irrisoria dada la magnitud de las cifras del sector”.