El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refirió a los hechos sucedidos en Nariño, cuando una comisión humanitaria fue atacada por la Policía y sobre el asesinato de seis personas en una protesta el pasado jueves. “He ordenado a la Policía y las Fuerzas Militares que garanticen total cooperación con las investigaciones que adelantan la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para hacer claridad absoluta sobre los hechos y establecer las responsabilidades a las que haya lugar”.
Así mismo, el mandatario, quien se refirió a los hechos desde La Uribe, Meta, reiteró que la seguridad ciudadana es la prioridad de su Gobierno y agregó que el incidente contra la comisión humanitaria sucedido el pasado domingo es un hecho lamentable.
“El Gobierno valora la labor de las autoridades de control y de las misiones humanitarias. Las acciones de la Fuerza Pública contra las bandas criminales en la erradicación contra los cultivos ilícitos deben ser contundentes en el más estricto respeto por los Derechos Humanos”, dijo el primer mandatario.
Sin embargo, advirtió que el Estado no permitirá “que organizaciones al margen de la ley intimiden o presionen a las comunidades. No vamos a bajar la guardia en la lucha contra el narcotráfico que es el combustible de la violencia de tantos años en el país”.
Santos reconoció que se han hecho grandes inversiones en Tumaco y que esa región del país es prioritaria para la paz. Por eso anunció que esta semana el gabinete del posconflicto se reunirá allí “y le hará seguimiento a la situación”.
Por último, sostuvo que construir la paz no es fácil, “la primera fase fue muy difícil, pero más difícil será la segunda fase donde todos los colombianos debemos construir la paz para las próximas generaciones. La construcción de la paz no sucede de hoy para mañana, es una tarea que requiere constancia”.
Vicepresidente acepta comportamiento irregular de la Policía en Tumaco
El vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, aseguró que estos hechos corresponden a una actuación irregular por parte de la Policía nacional. Así mismo, sostuvo que las víctimas aceptaron las excusas que ofreció el Gobierno debido al ataque.
“Concluimos una reunión con la misión comunitaria que se desplazó al Tandil y quedó claro que hubo un comportamiento irregular de la Policía nacional frente a esa comisión y quedó claro también que ellos tienen observaciones y reproches al comunicado oficial. Han admitido las excusas expresadas por la Policía y el Gobierno, entendemos que iban en misión humanitaria que debían recibir otro trato”, dijo el funcionario.
De igual manera, sostuvo que avanza la suspensión disciplinaria de varios uniformados “para dar garantías de que la investigación no será afectada. Por otro lado, avanza la investigación penal a cargo de la Fiscalía, además hemos recibido el concurso de la Procuraduría que avocará estos hechos. Lo que podemos decir es que el Gobierno ha dado instrucciones para que esta investigación esté rodeada de garantías y para que en ningún caso haya una sombra de dudas y se determinen responsabilidades si las hubiere”.
Indepaz asegura que incidente de Tumaco no es el primero
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en conjunto con el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, entregaron una declaración en la que condenan los graves hechos sucedidos en Tumaco, Nariño. Además, revelaron que esta no es la primera vez en este año donde el choque entre campesinos cultivadores y Fuerza Pública da como resultado civiles muertos.
“Los graves hechos de Tumaco deben investigarse a profundidad al igual que los homicidios de campesinos e indígenas en Morales (un muerto y cuatro heridos) y Corinto en Cauca (un muerto y cuatro heridos), San José del Fragua y Montañita (dos muertos) en Caquetá, El Retorno Guaviare (una mujer ahogada en la protesta), y Nariño (seis muertos y 20 heridos), para solo citar los casos sucedidos este año”, aseguran las dos entidades.
Así mismo, sostienen que la paz no se puede construir basada en la impunidad, pues esta “no es una opción en la construcción de una paz estable y duradera en la Colombia de hoy, y la garantía de no repetición de tan lamentable acción es una obligación de los responsables de la política de drogas.
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