“Se han iniciado varias investigaciones a lo largo de 35 regiones del país y se procederá a las respectivas órdenes judiciales en todos estos casos de irregularidades con trascendencia penal en el incumplimiento de los planes de alimentación escolar”, dijo la vicefiscal.

De acuerdo con Riveros, las personas y entidades que cometen irregularidades en el marco del Programa de Alimentación están incurriendo en un hecho castigado por el Código Penal.

“Yo creo que es muy importante entender que las irregularidades que se han presentado son irregularidades con trascendencias territoriales, es decir, los entes territoriales, los contratistas, los supervisores deben entender que cuando fallan en su deber de suministro de información en las diferentes modalidades, están incurriendo en un delito”.

En el mismo sentido, aseguró la vicefiscal que los delegados de la Fiscalía trabajan en las respectivas órdenes judiciales para avanzar con las investigaciones, lo que sorprende a la funcionaria es que en muchos de los casos descubiertos, “los contratos se han firmado y operado irregularmente, y en otros ni siquiera se han ejecutado los recursos” que deberían suplir las necesidades de menores de edad en el país.

Estructuración del PAE

El Ministerio de Educación radicó ante la Procuraduría General de la Nación la propuesta de reforma estructural del Plan de Alimentación Escolar (PAE) con el fin de presentar un nuevo esquema para que los recursos de la alimentación de los niños se utilicen de forma correcta.

De acuerdo con el Ministerio, la propuesta contempla 7 puntos y plantea que se cree una entidad central que diseñe la normatividad y la política alrededor del programa, pero no que se encargue de la totalidad de la contratación como lo han pedido los gobernadores y los alcaldes a través de la Federación Nacional de Departamentos.

Dato

Se busca que los colegios también supervisen los informes que se entregan al Gobierno.