En Colombia existen cinco conflictos internos entre grupos armados y el Estado, que afectan sobre todo a siete regiones donde la violencia se recrudeció aún más en 2020 por la pandemia, según aseguró ayer el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr.

“La Covid-19 agravó las consecuencias de los conflictos y la violencia”, aseguró el jefe de la delegación de la Cicr en Colombia, Lorenzo Caraffi.

El panorama trazado en el balance de 2020 por el Cicr es incluso peor que el del año anterior, donde el organismo ya denunció casi un millar de violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), aunque la situación “evidentemente no se puede comparar con lo que existía a principios de los 2000”.

El país vive una tendencia de recrudecimiento de la violencia desde hace dos o tres años, pero el “aumento progresivo de las consecuencias humanitarias fueron agudizadas por la pandemia”, aseguró el italiano, que asumió a finales del año pasado el cargo de jefe de misión.

Las zonas disputadas fueron sobre todo las del Pacífico y Antioquia, corredores claves para la salida de mercancías ilícitas del país hacia el mar, tanto Pacífico como el Caribe.

Las fuerzas armadas estatales se enfrentan en estos territorios con cuatro grupos armados, Eln, Epl, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y un grupo de disidencias de las Farc.

Un desaparecido cada tres días

El Cicr reportó 114 casos de desaparecidos en 2020 (95 colombianos, 18 venezolanos y un suizo), y 571 desde la entrada en vigor del acuerdo de paz de 2016, lo que supone que en 2020 se produjo una desaparición cada tres días, un aumento significativo respecto al año anterior.

De los 114 casos reportados, que incluyen todo tipo de desapariciones como secuestros, reclutamientos forzosos o asesinatos donde no apareció el cuerpo, hubo diez menores de edad y 102 de ellos eran civiles.

Artefactos explosivos

A estos datos se suma el aumento de víctimas de artefactos explosivos, que se situó, según el Cicr, en 389, la cifra más alta en cuatro años, en un fenómeno que se ha extendido hasta 41 municipios donde el año pasado no se registró ningún incidente.

“No se trata de minas que hayan sido sembradas o artefactos que existían antes de 2016, son artefactos nuevos”, apuntó Caraffi.

Es decir, que tras las labores de desminado comenzadas luego del acuerdo de paz en el segundo país del mundo con más víctimas por minas antipersonas, se está volviendo a vivir un aumento en el uso de este tipo de artefactos.

Mientras que en 2017 hubo 57 víctimas de minas antipersonas o artefactos explosivos de detonación controlada o lanzados, en 2019 hubo 352 y en 2020 se llegó a los 389.

Ataques a misiones médicas

Entre las preocupaciones del organismo humanitario internacional también está el grave aumento de los ataques a misiones médicas, que se elevó un 49 % respecto al año anterior, cuando se produjeron 218.

“El personal médico está bajo ataque como nunca desde que se tienen datos”, alertó Caraffi, quien señaló que Colombia tiene un muy buen sistema de medición de este tipo de violaciones desde 1996 y nunca se había visto una situación igual.

En 2020 se produjeron 325 ataques, de los cuales la mitad fueron perpetrados por familiares, los propios pacientes o la comunidad, y el 32 % tuvieron una relación directa con la pandemia.

28 mil personas fueron confinadas por cuenta de grupos armados, sobre todo en Chocó.