En ese sentido, la Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, y el procesado llegaron a un preacuerdo con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Esta actuación contó con el aval de las víctimas y sus representantes.

De esta manera, Lloreda Cubillos admitió los delitos de homicidio agravado y tortura agravada, y colaborará con el pleno esclarecimiento de lo ocurrido. Adicionalmente, se comprometió a realizar un acto público de perdón dirigido a las víctimas como componente de reparación y muestra de arrepentimiento.

Este preacuerdo, avalado por el Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogotá, contempla una pena de 20 años de prisión y multa de 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los elementos de prueba dan cuenta de que unidades de vigilancia de la policía realizaron un procedimiento frente al conjunto residencial en el que vivía el señor Ordóñez Bermúdez, y coordinaron su traslado hasta el CAI de Villa Luz, en la localidad de Engativá.

En este punto, al parecer, hubo otras actuaciones que desencadenaron la muerte del estudiante de derecho, como lo precisó el informe de necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Respecto al otro vinculado, el patrullero Harvy Damián Rodríguez Díaz, la Fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada.