Presión internacional aumenta en contra del presidente Duque por abuso de la fuerza pública

El paro nacional ha sido escenario para todo tipo de críticas en contra del Gobierno del presidente Iván Duque. Además, desde la primera noche en la que varias organizaciones de derechos humanos denunciaron la muerte de manifestantes, presuntamente a manos de la fuerza pública, la opinión internacional se ha arreciado en contra del mandatario.
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La opinión internacional es la imagen del gobierno ante otros países y es importante, pues en la medida en que el gobierno de Colombia sea reconocido como respetuoso de los derechos humanos esto abre las puertas para ayuda internacional, representada en bienes y recursos y acuerdos de cooperación. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos tiene una lista negra de esas naciones.

La lista negra tiene por nombre ley Leahy. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se prohíbe al gobierno de ese país usar fondos para asistencia o para financiar fuerzas armadas extranjeras “en las que exista información que implique que dichas unidades cometen crímenes o violaciones contra los derechos humanos. Uno de los estatutos se aplica al Departamento de Estado y el otro al departamento de Defensa”.

El documento continúa diciendo que el Gobierno de los Estados Unidos considera “tortura, asesinato extrajudicial, desaparición forzada y violación bajo el pretexto de la ley como graves violaciones de los Derechos Humanos que permiten la implementación de la ley Leahy”.

Así mismo, el Departamento de Estado asegura que la ley tiene una excepción que permite que el gobierno de ese país vuelva a brindar asistencia a esas unidades militares sancionadas, siempre y cuando “el secretario de los Estados determine y haga un reporte ante el congreso que permita determinar que el gobierno de ese país está tomando pasos efectivos para llevar a los responsables ante la justicia”.

El tema de sancionar al gobierno con la temida Ley Leahy fue puesto sobre la mesa por el representante a la Cámara de los Estados Unidos, Jim McGovern. En un trino, el político Estadounidense mostró su preocupación profunda por los hechos sucedidos el pasado 3 de mayo y calificó los supuestos abusos de la fuerza pública como “parte de un patrón excesivo y perturbador del uso de la fuerza”.

Según dijo McGovern, “la protesta pacífica y la libertad de expresión deben ser respetadas en todo lugar. La ayuda de los Estados Unidos a la Policía Colombiana necesita de una fuerte protección de los derechos humanos. Podríamos aplicar la ley Leahy”.

La aplicación de esa ley es preocupante en la medida en que según cifras del 2019 de la embajada de los Estados Unidos en Colombia ese gobierno había proporcionado a esa fecha, solo para ayudar a superar la crisis del coronavirus “más de 23,6 millones de dólares en asistencia para la respuesta de Colombia al COVID-19, incluidos 15,5 millones de dólares en fondos de Asistencia Internacional para Desastres previamente anunciados”.

OTRAS VOCES

A lo expresado por el senador estadounidense se suma la declaración de la la portavoz adjunta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jalina Porter, quien hizo un llamado a la fuerza pública en Colombia para actué con “moderación para evitar más pérdidas de vidas”, a la vez que dice que su país está “entristecido” por lo que pasa.

La declaración de la funcionaria estadounidense indica que “Estados Unidos está sumamente entristecido por la pérdida de vidas durante la protesta en toda Colombia en los últimos días, y envía sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas”.

De la misma forma Porter sostuvo que “al mismo tiempo instamos a la máxima moderación por parte de la fuerza pública para evitar más pérdidas. Reconocemos el compromiso del gobierno de Colombia de investigar las denuncias de excesos policiales y abordar cualquier violación de los derechos humanos. Continuamos apoyando los esfuerzos del gobierno colombiano para abordar la situación actual a través del diálogo político”.

Por otra parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) publicó un comunicado en el que indica que ante las denuncias de uso excesivo de la fuerza policial en varias ciudades colombianas Estados Unidos no puede permanecer en silencio por más tiempo.

Según la organización defensora de Derechos Humanos las denuncias sobre lo ocurrido en Cali son las más graves, pero también se ha informado de incidentes en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Manizales y en otras partes del país .

“El uso atroz e indiscriminado de la fuerza contra los manifestantes en las protestas nacionales no es nuevo: abusos similares tomaron lugar en noviembre de 2019 y septiembre de 2020. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días parecen ser aún más graves que los anteriores ejemplos de brutalidad policial”, asegura la ONG.

A su turno, Peter Stano, portavoz oficial del servicio exterior de la Unión Europea, sostuvo que “condenamos las muertes de todas las personas que han sido asesinadas durante las protestas, los reportes indican que son al menos 19 las víctimas y al menos un oficial de policía. Es una prioridad parar la escalada de la violencia y evitar cualquier uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”.

LA ONU Y LOS DISPAROS

Desde el pasado 3 de mayo el relator especial de Naciones Unidas para la libertad de asociación Clement Voule comenzó a alertar sobre la situación que ha vivido el país. Según dijo, “estoy alarmado por informes sobre el uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad contra manifestantes en Colombia. Específicamente en Bogotá, Cali y Popayán. Hay 9 muertos desde el 28/04.Dichas fuerzas deben abstenerse del uso excesivo de la fuerza y los responsables rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Y agregó que “en general, no se deberían utilizar fuerzas militares para gestionar manifestaciones, como lo sugiere el acuerdo general de los derechos civiles y políticos en el comentario general número 37 . Instó a las autoridades Colombianas a facilitar el derecho a la reunión pacífica con fuerzas de seguridad adecuadamente capacitados para este fin”

Un día después, el 4 de mayo Naciones Unidas denunció disparos y agresiones por parte de la Policía contra integrantes de uno de sus equipos de Derechos Humanos en Cali, "mientras dábamos seguimiento a (la) situación de (los) Derechos Humanos en Cali no hubo disparos directos contra (el) equipo ONU Derechos Humanos", ha dicho la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero.

"Además, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía, sin que nadie resultara impactado", ha indicado De Rivero a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.

Ese mismo día la portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet, Marta Hurtado, publicó un mensaje en el que se mostraba “profundamente preocupada por los acontecimientos ocurridos en Cali, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria matando e hiriendo a varias personas según la información recibida”.

Así mismo, la funcionaria informó que personal de Derechos Humanos informó que ha sido perseguido y amenazado. “Dada la situación extremadamente tensa con soldados y policías desplegados. Recordamos a las autoridades su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la seguridad personal y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”.  

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Sin embargo, este jueves se conoció una carta enviada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mejía, a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En el documento la funcionaria cuestionó las notas de prensa y los videos publicados por su oficina en los que se habla de hechos violentos en Cali presentados el 3 y 4 de mayo.

“El Estado colombiano observa con suma preocupación las aseveraciones formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada, en relación con presuntas muertes y amenazas ocurridas en Cali, y lamenta profundamente que la Oficina haya decidido emitir este comunicado sin verificar, ni con fuentes oficiales, ni con sus propias observaciones, las graves acusaciones que el mismo contiene. Al proceder de esa manera, se vulnera de manera grave la confianza entre el Gobierno y la Oficina, y se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia del mandato que permite la presencia de la Oficina en Colombia”, dice la carta.

La funcionaria también indicó que “como la Oficina a su digno cargo bien conoce, Colombia es un país que reconoce sus desafíos, no niega sus dificultades, y sus autoridades han demostrado estar siempre en la disposición de atender las denuncias y quejas de las que se tenga noticia, tanto mediante los canales dispuestos para la ciudadanía, como a través del conducto diplomático. Cabe señalar que las observaciones y preocupaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han sido siempre atendidas por las autoridades nacionales con la mayor seriedad y rigurosidad”.

Y agrega que “en el caso particular de la Ciudad de Cali, debe mencionarse que las protestas han sido particularmente permeadas por actos criminales y vandálicos, afectando la propiedad privada, el transporte público y el abastecimiento de la ciudad, situación que amenaza de manera grave la seguridad alimentaria de su población, el suministro de medicamentos y la libre movilidad”.

LOS MEDIOS INTERNACIONALES

Si bien los medios no son opinadores, sí ayudan en la construcción de un imaginario. El periódico New York Times publicó este jueves una portada en la que son protagonistas los uniformados del Esmad con el titular: “policía de Colombia responde a las protestas con balas y montajes de muerte”.

Así mismo el rotativo norteamericano Washington Post ha publicado varias columnas de opinión, igual que El País de España en las que se señala la falta de conexión del presidente Iván Duque con los manifestantes.

Por último, el expresidente Álvaro Uribe, cabeza visible del partido de gobierno, concedió una entrevista a CNN en la que tras una tensión con el presentador termina por no solidarizarse con los protestantes en las calles.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias?

Para Paula Ruiz, directora de la escuela de relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, “lo que estamos viendo es una creciente preocupación de distintos actores garantes del proceso de paz y que ven con preocupación que no se avanza en el cumplimiento de los acuerdos y que se pronuncian sobre el manejo que se le está dando a las protestas. La consecuencia en términos generales, más allá de los comunicados oficiales y las redes sociales, en la que hacen un llamado al diálogo puede ser el descrédito del país”.

Según dijo “Vemos también que la prensa internacional hace unos señalamientos fuertes en donde sostienen que las protestas son instigadas por el Estado, en ese sentido la cancillería trata de responder con que el estado si da garantías y protege la población y que hay un aumento de la criminalidad de las bandas criminales y disidencias de las Farc. Sin duda hay un desmejoramiento de la imagen del país hacia afuera a pesar de los comunicados y los esfuerzos lo que vemos es que la comunidad internacional reitera los llamados al gobierno colombiano”.

Para Martha Ardila, profesora de la Facultad de Finanzas Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia “esto es muy importante, y tiene que ver con la diplomacia pública porque los presidentes tratan de mejorar la imagen del país en el exterior, y eso lo hizo el expresidente Santos, que hizo una fuerte campaña de Colombia en el exterior. Cuando disminuye el prestigio de la imagen del presidente disminuye la legitimidad del país, es decir la credibilidad y confianza y eso revierte en la llegada de inversiones extranjera que en este momento puede afectar la inversión extranjera y la ayuda en materia de Covid. Además que se dificulta la posibilidad de hacer alianzas con otros países”.

Por otro lado, Mauricio Jaramillo, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario asegura que “por parte de Europa puede haber lugar a sanciones individuales, cuando se comprueba por ejemplo que ciertas autoridades se han extralimitado en sus funciones. Estas sanciones irían encaminadas a políticos y miembros de la cúpula militar de los cuales se presuma que han actuado por omisión. En el caso de Europa las sanciones van a las personas, no a los Estados, y prohíben la entrada al territorio europeo o si persona tiene activos en Europa estos se congelan”.

Sin embargo, dijo, “en el caso de Estados Unidos hay una postura de la comisión de temas internacionales de temas internacionales en la que dice que se debería acortar la ayuda militar por ese tema que es muy sensible para los demócratas; Además, el país perdería legitimidad frente al discurso que adelanta frente a Venezuela; con lo que está haciendo compromete ese liderazgo y va a ser muy difícil que pueda hablar en foros internacionales al respecto”.

 

Redacción Web - Con información de Colprensa

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