La carpeta sobre Colombia es la que más tiempo lleva abierta en La Haya, ya que la Fiscalía del TPI inició su examen preliminar en 2004, bajo la batuta del argentino Luis Moreno Ocampo. Su sucesora, Fatou Bensouda, concluye su mandato sin decidir si es necesario dar un paso más y abrir una investigación en firme o cerrar el caso.

El Estatuto de Roma no establece un plazo fijo para concluir las pesquisas, por lo que de momento simplemente se dejará correr el tiempo. En el caso de Colombia, los investigadores de la corte examinan los posibles abusos cometidos por las Fuerzas Armadas colombianas, grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La oficina de Bensouda ha citado como “puntos de referencia” de futuros análisis el actual marco legislativo de Colombia, los procesos de depuración de responsabilidades abiertos dentro del país sudamericano y el sucesivo cumplimiento de las condenas dictadas, dando por tanto una oportunidad a herramientas como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Bensouda, que se comprometió a pronunciarse sobre las distintas investigaciones abiertas antes de concluir su mandato esta semana, ha optado por tanto por cómo evolucionan esos tres puntos, de tal forma que no ha descartado que la Fiscalía se inhiba de forma definitiva si considera que Colombia por su cuenta está tomando las suficientes medidas.

La Fiscalía ha tomado nota del “delicado proceso de paz en Colombia” tras la firma del acuerdo entre el Gobierno y las Farc y de los “esfuerzos realizados para lograr justicia”, por lo que espera que sea el nuevo equipo quien pueda determinar una “hoja de ruta” con la que determinar los siguientes pasos. Asimismo, ha recordado en su informe que la mera observación de un determinado contexto puede incentivar avances.