Las autoridades anunciaron la activación de un plan para prevenir posibles actos de violencia durante las protestas convocadas para mañana, 20 de julio, en varias ciudades del país, que coincidirán con la instalación en Bogotá del nuevo periodo legislativo del Congreso.

“No permitiremos ni bloqueos, ni violencia, ni campamentos permanentes. No vamos a permitir actos que afecten la tranquilidad de los colombianos”, manifestó el ministro de Defensa, Diego Molano, sobre la jornada en la que también se celebra en Colombia el Día de la Independencia.

Para ello serán dispuestos 9.572 agentes de la Fuerza Pública en Bogotá y los municipios cercanos, cuya función será la de controlar el orden público en la capital del país.

El Ministerio de Defensa advirtió además que “existe un interés especial en grupos armados ilegales como el Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, en financiar hechos vandálicos durante la jornada de celebración de la independencia”.

El Comité Nacional de Paro, principal convocante de las manifestaciones que vive el país  desde el 28 de abril pasado, anunció que retomará las movilizaciones el próximo martes “para exigir del Gobierno Nacional y de sus mayorías en el Congreso una respuesta a la grave crisis humanitaria, social, económica y política que estamos atravesando”.

Mañana también se espera que llegue a Bogotá, desde diferentes ciudades del país, una “avanzada nacional” de las denominadas “primeras líneas” de las protestas, así como una delegación indígena.

Medidas de prevención

Las protestas, que inicialmente fueron convocadas para rechazar una reforma tributaria del Gobierno del presidente Iván Duque, derivaron en una de las peores crisis recientes del país y, pese a que la mayoría transcurrió de forma pacífica, en ciudades como Bogotá y Cali estuvieron marcadas por la violencia.

Por esa razón, las autoridades del país advirtieron que garantizarán las protestas pacíficas del 20 de julio, pero no permitirán actos de vandalismo.

Por su parte, la Gobernación del Valle del Cauca, donde ocurrieron la mayor cantidad de hechos violentos, autorizó el cierre de fronteras en el departamento hasta el 22 de julio “con el propósito de disminuir la velocidad de contagio de la Covid-19, garantizar la convivencia pacífica y evitar el riesgo de alteración del orden público”.

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