En una demanda, el exuniformado y su familia, pretendían que se les indemnizaran los perjuicios que les ocasionó la detención, a su juicio injusta, luego de que el militar (r) fue detenido el 6 de diciembre del 2008 y se le impuso medida de aseguramiento, por el delito de homicidio de una persona protegida; sin embargo, el 21 de mayo del 2009 recuperó su libertad, gracias a que la Fiscalía precluyó la investigación a su favor.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que, dado que el militar no aportó el expediente penal completo ni dio muestras de que hubiera realizado algún esfuerzo con ese fin, la corporación judicial no contaba con los instrumentos suficientes para examinar estas reclamaciones.

El defensor del militar interpuso recurso de apelación, con la intención de que el Consejo de Estado revocara el fallo de primer grado y ordenara a la entidad demandada reparar a las víctimas.

Sostuvo que “en los elementos probatorios aportados al expediente quedaba en evidencia la actitud negligente, el descuido y el irrespeto a las garantías procesales en las que incurrió la Fiscalía, demostrando así la ocurrencia de la falla en el servicio”.

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