Opositores venezolanos marcharon ayer para exigir la inmediata anulación de una norma que permite a la Fuerza Armada usar la fuerza “potencialmente mortal” en controlar manifestaciones.

La marcha, secundada por algunas decenas de manifestantes, principalmente mujeres vestidas de blanco, recorrió calles del Oriente de Caracas bajo la consigna “Por la vida de tus hijos, defiéndelos: es tu responsabilidad”.

La actividad opositora fue liderada por la exdiputada María Corina Machado, entre otras dirigentes que piden la renuncia al presidente del país, Nicolás Maduro.

“Lo único que aplica es que revoque de inmediato esa resolución que es criminal. Señor ministro: usted no tiene competencia para regular un derecho (...) que las mujeres madres venezolanas vamos a defender, que es el derecho de nuestros hijos a expresarse”, remarcó Machado en un discurso pronunciado al finalizar la marcha.

La resolución 8610, promulgada recientemente por el ministro de Defensa y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), general Vladimir Padrino, le da a los soldados, remarcó Machado, “una potestad en el control de la seguridad ciudadana que no tienen y menos a punta de balas”.

Un grupo de estudiantes, juristas, académicos y opositores a Maduro interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 3 de febrero un recurso de nulidad de la norma, alegando que en la práctica desconoce que la pena de muerte constitucionalmente no existe en el país.

El asunto será regulado en un próximo reglamento que determinará cómo se aplica en la práctica tal resolución, ha dicho el general Padrino en los últimos días.

El defensor del Pueblo venezolano, Tareck William Saab, aseguró la semana pasada que la resolución persigue regular la actuación de los miembros de la Fanb en los casos extremos que sean llamados a reforzar labores propias de las fuerzas policiales.

CARGOS FALSOS

El detenido alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acusado de conspirar contra el Gobierno de Venezuela, es víctima de “pruebas contaminadas” y conclusiones jurídicas “retorcidas” para involucrarlo en “hechos falsos”, dijo ayer Omar Estacio, uno de sus abogados.

“Las imputaciones contra Ledezma están basadas en hechos falsos, pruebas contaminadas, poco creíbles, por no decir pruebas deleznables, y en conceptos y calificaciones jurídicas retorcidas”, declaró el letrado.

El Alcalde y líder del partido opositor Alianza Bravo Pueblo (ABP) fue acusado formalmente un día después de su detención, el 19 de febrero pasado, de conspiración y asociación delictiva, y trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, próxima a Caracas, donde espera ser juzgado.