La presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, de Venezuela, Tibisay Lucena, anunció ayer que las elecciones parlamentarias en el país se celebrarán el 6 de diciembre.

La campaña electoral comenzará el 13 de noviembre y deberá culminar la noche del 3 diciembre, señaló Lucena.

La fecha de la celebración de los comicios que renovarán la totalidad de los 165 escaños de la unicameral Asamblea Nacional, AN, actualmente con mayoría de 99 diputados chavistas, había desatado múltiples especulaciones en las últimas semanas y la oposición dudaba incluso de la posibilidad de que se convocasen este año, tal como estaba previsto.

El anuncio de la cita electoral era también una de las principales reivindicaciones de la huelga de hambre que comenzó hace 29 días el opositor encarcelado Leopoldo López y que fue seguida por varios militantes de su partido.

“Nunca se dio señales de que no hubiese un proceso electoral este año”, remarcó la presidenta del CNE y condenó que, pese a ello, la oposición emprendiera en contra de su institución lo que tildó de “campaña de desprestigio tremendista”.

“El CNE no actúa baja presión”, menos de sectores que han “neurotizado al país”, sostuvo Lucena, que también dio cuenta de “acusaciones absurdas” en su contra, tales como el supuesto cambio de domicilio de electores de sus tradicionales lugares de votación.

Onu insta a garantizar el poder judicial

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU urgió ayer a Venezuela a garantizar la independencia del Poder Judicial y, específicamente, a acabar con la inestabilidad laboral de los profesionales de la Justicia.

Venezuela se sometió los pasados 2 y 3 de junio al escrutinio del Comité, que el lunes publicó sus recomendaciones al respecto.

Durante las sesiones públicas de la evaluación, los miembros del Comité subrayaron en repetidas ocasiones la anomalía de que gran parte de los jueces no cuenten con una plaza fija.

“El Comité está preocupado por la información sobre la falta de aplicación del procedimiento legalmente establecido para la designación y destitución de jueces”, rezan las conclusiones.